Se trata de una modificación que ya estaba prevista en el anteproyecto de nueva ley de deporte, pero a la que la RFEF se adelanta con el fin de poner fin a una discriminación injustificable
El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, anunció hoy en la asamblea general de esta institución que los árbitros tendrán un contrato de trabajo, Seguridad Social y reconocida su laboralidad en la temporada 2020-2021, lo que supondrá dar respuesta a una exigencia histórica del colectivo arbitral.
Este hecho supondrá un cambio en la relación contractual que los colegiados tienen con la Real Federación Española de Fútbol, que hasta el momento consiste en un reintegro de gastos por desplazamientos o estancias.
A consecuencia de este cambio, los árbitros de Primera y Segunda, que son las categorías declaradas como profesionaoes, pasarán de una relación administrativa a una relación laboral, por lo que serían incorporados de forma obligatoria al régimen de la Seguridad Social, de la que hasta ahora estaban excluidos.
Ciertamente, se pone fin, al menos a un segmento de los árbitros, a una situación absolutamente inadmisible. Un extraño (por no decir otra cosa) informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2012 dictaminó que los colegiados no eran ni trabajadores por cuenta ajena ni autónomos, lo cual confirma el limbro del que siempre hemos hablado en este tema.
La propuesta de la RFEF de 2018
La RFEF propuso en 2018 al Gobierno estudiar “la inclusión de los árbitros en el régimen del deportista profesional regulado por el Real Decreto 1006/85”.
Se trataba de “hacer viable la incorporación de los árbitros al régimen general de la Seguridad Social como deportistas profesionales”.
La tesis que defendió entonces Rubiales era que “tiene más sentido incluir en el 1006/85 (deportistas profesionales) a los árbitros profesionales que a los entrenadores y, sin embargo, los entrenadores sí están y los árbitros no”.
Se espera que los árbitros vean con muy buenos ojos la medida, puesto que ahora su protección social “está en el limbo” por más que el nuevo convenio con LaLiga sus salarios alcalcen los casi 300.000 euros.
“Llevamos más de 20 años clamando por ser incluidos en la Seguridad Social”, lamentaron fuentes arbitrales hace unos meses, cuando la RFEF propuso regularizar este asunto. “Ahora mismo tienes cualquier incidencia y te vas a casa con lo puesto”.
El Gobierno lo incluyó en el anteproyecto de nueva ley del deporte
Se trata de una modificación que ya estaba prevista en el anteproyecto de nueva ley de deporte pero que merced a la inestabbilidad política no ha sido aprobado aún. Con buen criterio, la RFEF se adelanta así a una reforma legal que se presentaba como irreversible.
Dice el anteproyecto de ley en su preámbulo: “En particular, desde hace tiempo ha sido un tema de profunda preocupación la situación jurídica de los árbitros y jueces, lo que ha dado lugar a jurisprudencia variada ante el silencio de la Ley. En este sentido, siendo conscientes de la heterogeneidad de la tarea arbitral en el deporte, se garantiza la formalización de un contrato laboral dentro de las opciones que permite la legislación vigente con el fin de adaptar la vinculación a la situación que más se adapte al desempeño de su labor, pero se impone la necesidad de incorporación al sistema de Seguridad Social”.
La nueva ley aclara que ello será obligatorio sólo cuando los árbitros perciban por su actuación una retribución por su labor y no un simple reintegro de gastos por desplazamiento, estancia u otro concepto.
Fuente: iusport
