Los economistas celebran el acuerdo alcanzado en la madrugada del lunes 20 de julio entre los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Españarecibirá 140.000 millones de un total de 750.000 millones de euros.
Estos fondos, en los que una parte se da sin necesidad de devolución (transferencias), están condicionados por una serie de reformas que deben acometer los países beneficiados. Entre ellas seguir las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de pensiones.
El Gobierno de Sánchez derogó la reforma de las pensiones de 2013 que tanto habían elogiado en Europa (al fin y al cabo fue una medida dictada por Bruselas), pero no aportó ninguna solución al problema del déficit de la Seguridad Social.
Ahora la Comisión Europea pide a España una reforma que garantice la sostenibilidad del Sistema y este será uno de los puntos que los socios europeos vigilen de cerca, con el riesgo de la congelación de fondos. El Gobierno de Sánchez pretende traspasar gastos de la Seguridad Social al Estado, pero esto no será más que un ajuste contable que no eliminará el déficit estructural del 2% que tienen las pensiones.
Ahora todo el mundo habla de “solidaridad” y de poner recursos a disposición de los estados, pero cuidado, seguimos estando muy cerca del precipicio y cualquier paso en falso puede ser fatal.
La prioridad deja de ser el déficit o la deuda; al menos a corto plazo, lo urgente es la recuperación y la Comisión pide a los estados miembros que refuercen sus sistemas sanitarios, faciliten liquidez al tejido productivo y actúen como red de seguridad para el sector privado. Pero el impacto en la economía española es de tal magnitud que nuestro país necesitará (de hecho, el proceso ya está afortunadamente en marcha) de la ayuda y el aval de sus socios. Y llama la atención la falta de cumplimiento por nuestra parte de las recomendaciones anteriores. El problema es que en esta ocasión España necesita de sus socios implicarse y rascarse el bolsillo. Y eso ya es más complicado, sobre todo cuando uno observa el nulo efecto de las anteriores advertencias.
Desde la óptica de nuestros socios europeos, el principal problema de las cuentas públicas españolas no es el 115-120% de deuda sobre el PIB con el que acabaremos este año si se cumplen las previsiones de los organismos internacionales. El principal problema es de credibilidad. Y no tenemos ninguna.
Solidaridad intergeneracional
Tal y como señala el documento de la CE, la crisis probablemente aumentará los altos niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con hijos. En 2019, España era el Estado miembro cuya asignación familiar por hijo de media era la más baja. En cambio, prosigue el documento comunitario, “los gastos en prestaciones sociales seguían muy orientados hacia las personas de más edad y, si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no se toman medidas compensatorias, se prevé un aumento significativo del nivel de gasto en pensiones a medio o largo plazo”, termina advirtiendo el documento.
En el “Informe sobre España 2020. Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento” de febrero, es decir, pre-Covid, por lo que no le afecta lo ocurrido en las últimas semanas, en la página 113 puede encontrarse el cuadro general que resume los logros españoles respecto de las Recomendaciones Específicas por País (REP) incluidas en anteriores documentos de la Comisión.
ENLACE AL INFORME
Ante esta situación, la CE exige a España un nuevo enfoque a la hora de aprobar medidas, destacando una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes.
Tres son los puntos conflictivos para la Comisión, que advirtió en sucesivas ocasiones de la insostenibilidad del sistema de pensiones.
El primero de ellos, acercar la edad de jubilación real a la legal.
La primera se encuentra en los 64,7 años, mientras que para 2027 la legal será los 67 años. Aunque tampoco se descartaría aumentar la edad de jubilación a medida que la esperanza de vida sigue alargándose. El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, enfatizó que este era uno de los objetivos del Ministerio y ha planteado endurecer las denominadas jubilaciones anticipadas voluntarias, es decir, las que no se anticipan a causa de un despido previo.
La segunda, desvincular las pensiones de la inflación.
Es algo que, de momento, ningún partido político deja de apoyar. En ese sentido, la comisión es muy crítica y que señala que el déficit es ya muy elevado, mientras que vincular las pensiones a la inflación sin tener en cuenta la esperanza de vida provocaría un gasto excesivo a medio y largo plazo.
Ver: Bruselas insta a España a ajustar el gasto en pensiones si quiere subirlas con el IPC
Ver: ¿ESTAMOS TODOS “TONTOS”? ¿POR QUÉ LA REVALORIZACIÓN ANUAL DE LAS PENSIONES DEBE SER CON EL IPC?
Por último, la tasa de reemplazo de las pensiones públicas
Aunque dicha tasa (relación pensión/último salario) se ha ido reduciendo, sigue estando por encima de la media europea. Por poner un ejemplo, en España se sitúa por encima del 70%, cuando la media europea es del 40%. Para poder ir reduciendo esta tasa de reemplazo, la mejor opción sería ir fomentar el ahorro privado. También a ese respecto el ministro Escrivá se ha pronunciado planteando la necesidad de potenciar el llamado “tercer pilar” de las pensiones: los sistemas complementarios basados en los Planes de Pensiones de Empleo financiados por las empresas y los trabajadores al margen del sistema público de pensiones financiado por las cotizaciones a la SS (de las empresas y los trabajadores)
Ver: Pensiones. Obligar “por ley” a los Planes de Empleo (¿de acuerdo Unespa -la patronal- y CCOO?)
OJO, pues de no cumplir con las recomendaciones, Bruselas podría suspender los pagos del Fondo de Rescate.
