El 66% de los empleados en la AGE (Administración General del Estado) se retirarán antes de 2030 y las pruebas de acceso son insuficientes y dejan plazas sin cubrir.
Cualquier solución que se dé a los interinos será un agravio para los funcionarios.
La plantilla pública, clave para prestar servicios esenciales a los ciudadanos, vive un momento crítico por el envejecimiento de sus efectivos, por leyes con efectos retroactivos no deseados, por criterios de contratación y acceso dispares y por la heterogeneidad de perfiles y condiciones laborales que tienen sus empleados, muchas veces realizando idéntico trabajo. La entrada masiva en la década de los 80 de la mayor parte de los actuales funcionarios provocará en los próximos años un aluvión de salidas, que solo en la Administración General del Estado (AGE) afectarán a más de la mitad de sus empleados actuales
La falta de personal; la burocracia, agravada por la Covid; y la dependencia tecnología de una Administración expuesta a los ciberataques, ha quedado patente en uno de los organismos más envejecidos de la AGE, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según un reciente informe elaborado por Función Pública, un 66% de los 230.000 empleados en la Administración del Estado tiene 50 años o más y más de 93.000 son funcionarios que en 2030 habrán cumplido 60 años, una edad a la que tienen abierta la puerta al retiro sin penalización. Mientras, en torno a 50.000 es personal interino, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, y un alto porcentaje tendrá la edad legal para jubilarse voluntariamente o a la edad ordinaria antes de diez años
La limitación de las tasas de reposición, que puso en marcha el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como medida de austeridad frente la crisis y llevó al límite Mariano Rajoy, sin que las administraciones pudiesen cubrir baja alguna, ha dejado una huella profunda en la Función Pública y es una de las causas del desolador panorama.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba la semana pasada la que es considerada mayor Oferta de Empleo Público (OPE) de la historia, sin embargo y pese a la euforia, no será suficiente para cubrir todas las bajas generadas en los últimos años, y en la Seguridad Social y SEPE, dos organismos sobrecargados de trabajo por los nuevos subsidios y ayudas, quedarán sin cubrir un millar de puestos, según los sindicatos.
El SEPE y la Seguridad Social vuelven a representar los grandes males que padece la Administración, en este caso la burocracia. La crisis sanitaria ha propiciado nuevas ayudas y subsidios y ha generado mayor demanda de las que ya estaban vigentes, sobre todo las relacionadas con el desempleo. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han supuesto una pesada carga en un organismo saturado, con unos empleados con una media de edad de 50 años, con alto porcentaje de interinos, con sueldos bajos y que, además, ha experimentado un recorte de plantilla de un 35% durante la última década.
El organismo público, que ahora gestiona casi un millón de prestaciones de desempleo contributivas, casi 1,2 millones de subsidios y rentas y en torno a 900.000 ERTEs está en una situación crítica. En abril, los plazos para reconocimiento del desempleo rondaban los seis día, frente a los 1,1 de febrero de 2020, pero en las provincias de Barcelona y Madrid superan los 17 en el primer caso y rondan los 13 en el segundo. En junio de 2020 se triplicaron las demoras en el reconocimiento de la prestación, tras un aumento de las altas de prestaciones superior al 378% con respecto al mismo mes del año anterior y un número de beneficiarios que más que se duplicó. Los picos más altos se dieron en noviembre de 2020 y en enero de este año, con un tiempo medio de respuesta cercano a 7,40 días.
Además las diferencias contractuales de los tres grandes colectivos de la Administración –funcionarios, laborales e interinos– provocan que cada colectivo se jubile de distinta forma y a diferente edad y pueden ser despedidos o no.
Fuente: La Información
