Bruselas ya tiene prácticamente listo el Reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia, el texto legal de referencia al que únicamente le queda pasar por el filtro de los expertos judiciales de la Comisión para convertirse en oficial. A partir de su publicación el Reglamento se convierte en una norma de obligado cumplimiento para los países miembros de la UE, de forma que todos los parlamentos deberán ir dando el visto bueno a la norma para poder acceder al maná comunitario. España tiene previsto realizar esa aprobación por el procedimiento de urgencia parlamentaria.
La Comisión transferirá en dos tandas los fondos que le corresponden a cada país. A España se le ha asignado 72.000 millones en transferencias (“sin devolución”) durante esta legislatura, 140.000 millones en total, pero la complicada negociación para que Polonia y Hungría levantaran el veto al plan de ayudas a los diferentes países ha provocado que toda la burocracia y la transferencia de las primeras ayudas a los gobiernos vaya a llegar con unos meses de retraso.
Todas estas circunstancias han retrasado la apertura de la famosa ventanilla única en Bruselas, un hito que estaba previsto para este mes de enero y que se va a tener que posponer con lo que el anticipo inicial procedente de Bruselas no llegará hasta aproximadamente el segundo trimestre del año. Hasta entonces el Gobierno tendrá que adelantar el dinero, lo que obligará al Estado a endeudarse a corto plazo. Hay casi 27.000 millones iniciales ya comprometidos en los Presupuestos Generales de 2021, un dinero que el Estado tendrá que anticipar y luego recibir de la Comisión Europea.
Además desde el Gobierno ya admiten que es un dinero condicionado y que Bruselas exige una serie de OBJETIVOS Y REFORMAS INNEGOCIABLES para ir desbloqueando y haciendo llegar los fondos.
EL FÉRREO REGLAMENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS
En la Comisión Europea, efectivamente, no van a quitar ojo de los países que no cumplan con sus compromisos en cuando a las reformas se refiere. De esta forma, en ese Reglamento que está a punto de ver la luz y que se encuentra en formato borrador final se puede leer (artículo 19) que «en caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera». Así cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente con los compromisos acordados el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá y además de forma inmediata. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada, es decir: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión
Prosigue el reglamento: “Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión de las ayudas la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera”, en resumen, si no se cumple el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse.
ESPAÑA ULTIMA EL PLAN DE INVERSIONES Y REFORMAS PERO CON 2 “VACÍOS”
Los fondos, efectivamente, están sometidos a la aprobación y el cumplimiento del Plan de Inversiones y Reformas. El Ejecutivo ya ha enviado a la Comisión Europea un primer documento con 28 de los 30 componentes anunciados en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia presentado por Pedro Sánchez. Faltan 2, que son los que están provocando las discrepancias en el seno de la coalición: LA REFORMA LABORAL Y LA DE LAS PENSIONES.
En definitiva, gastar los 70.000 millones en ayudas tendrá un precio. El Gobierno se enfrentará a un maratón de exámenes sobre sus reformas. El primer obstáculo que tiene que salvar es el envío a finales de enero del plan nacional de recuperación, que tendrá que evaluar en dos meses la Comisión y que incluye las inversiones que se llevarán a cabo con los recursos europeos. Pero que también recoge un amplio programa de reformas. El pasado viernes, el Ejecutivo presumió de hasta 170 tras su reunión con patronal y sindicatos. De ellas, en el fondo solo tres son importantes: las pensiones, la laboral y el ajuste de las cuentas públicas. Y esta última ha quedado pospuesta por la pandemia. De las otras dos dependerá en gran medida la entrega de los fondos europeos.
Allá por julio, Pedro Sánchez volvía de Bruselas entre aplausos de sus ministros tras arrancar 70.000 millones en ayudas directas y el Ejecutivo pensaba que podría evitar las reformas. Las recomendaciones que hizo el año pasado el Consejo de líderes solo decían que España luchase por todos los medios contra la pandemia y todos insistían en que la única condicionalidad que ponía Bruselas para recibir los fondos era demostrar que el dinero se iba gastando.
Pero pronto quedó claro que no sería así y en septiembre, la Comisión publicó una guía en la que decía que no solo eran relevantes las recomendaciones de 2020. También las exigencias de reformas de 2019, que en el caso de España hacían referencia a las pensiones y el Presupuesto de 2021 ha sido la gota que colmó el vaso.
El problema de las cuentas no es que disparen el gasto pues para eso está el BCE comprando deuda como nunca. En Bruselas causó malestar que en lugar de destinar el dinero a ayudas temporales por la pandemia, este se dedicase a aumentar el gasto estructural de los ministerios y a partidas como pensiones y sueldos de funcionarios cuando no había inflación y los ingresos caían. Tampoco gustó que ni siquiera se presupuestasen los ERTE. A cambio del dinero, el Ejecutivo ahora tendrá que hacer la laboral y la de pensiones. El articulado final del reglamento deja claro que los fondos solo se desembolsarán conforme se aprueben las evaluaciones.
Esta exigencia ha cogido con el pie cambiado al Gobierno pues en sus cálculos de cuando era presidente de la Autoridad Fiscal, el ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluía para cuadrar las cuentas el aumento del periodo de cálculo de la pensión desde los 25 a los 35 años. Y también el factor de sostenibilidad que aprobó el PP, que ajusta la pensión inicial en función del aumento de la esperanza de vida y que todavía no ha entrado en vigor. Sin embargo, Escrivá acudió al Pacto de Toledo y no dijo nada de eso, tampoco en sus reuniones con los agentes sociales, hasta que tuvo que elaborar un papel de reforma para Bruselas. Y ahí incluyó los 35 años. Además, prepara un nuevo factor de sostenibilidad y un sistema de revalorización con el IPC que se compense a varios años. El enfado de los sindicatos con Escrivá por haber escamoteado el debate es mayúsculo.
El problema es que en Bruselas es fácil hacer los números de las pensiones. Y, por ejemplo, para conseguir de verdad un ahorro haciendo efectiva la edad legal de jubilación habría que suprimir la posibilidad de jubilarse con la pensión íntegra a los 65 años si se han cotizado 37.
El triángulo de desconfianzas y recelos que forman Escrivá, Díaz y Calviño tendrá que lidiar con el escrutinio de Bruselas y redactar algo que obtenga su visto bueno. El test será extraordinario. No se va a desembolsar el dinero a cambio de nada.
Las posturas de los departamentos de José Luis Escrivá y el de Yolanda Díaz en cuanto a la reforma de la Seguridad Social están alejadas y, de momento, no hay acuerdo.
Por ejemplo, no hay ni rastro de la polémica medida planteada por Escrivá para ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones hasta los 35 años. Unidas Podemos y los sindicatos están en contra y si no hay acuerdo la coalición podría vivir el que probablemente sea su discrepancia más profunda ya que para . Unidas Podemos cualquier recorte en las prestaciones. es una línea roja y su máxima es que cualquier decisión se encuentre enmarcada en el documento aprobado en el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
La orden que han recibido de Sánchez los ministros implicados en la negociación del Plan de Inversiones y Reformas es clara: que todo se haga con acuerdo en el diálogo social.
Bruselas desbloqueará el dinero a los países si van cumpliendo con esa serie de reformas que van a estar por escrito y a las que tiene que dar el visto bueno tanto la COMISIÓN (*) como el ECOFIN (**). Es decir, avisan, que los países que no ejecuten reformas o las demoren en el tiempo no recibirán el dinero.
(*) La COMISIÓN EUROPEA es el órgano ejecutivo (”el Gobierno”) de la UE. La Comisión es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La Comisión está dirigida por un grupo de 27 comisarios (“ministros”), denominado «el Colegio de Comisarios». Cada cinco años se nombra un nuevo Colegio de Comisarios.
(**) El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) se encarga de la política de la UE en tres ámbitos principales: política económica, cuestiones fiscales y reglamentación de los servicios financieros. El Consejo ECOFIN está formado por los ministros de Economía y Hacienda de todos los Estados miembros. Los comisarios europeos competentes también participan en las sesiones.
Fuentes:
