Qué es exactamente la cláusula de cierre
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Cómo funciona el mecanismo
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Desde marzo de 2025, cada tres años la AIReF calcula el impacto de las medidas de ingresos aprobadas desde 2020.
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Si ese impacto no alcanza el 1,7% del PIB, se ajusta el nivel de referencia del gasto en pensiones.
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Si el gasto proyectado supera ese nivel, el Gobierno debe presentar medidas de corrección (ingresos, gastos o ambos).
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Si no hay acuerdo parlamentario, el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) sube automáticamente el 1 de enero siguiente para compensar parte de la desviación.
Qué implicaciones tiene para trabajadores y empresas
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Ejemplos del informe:
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1El aumento del tipo efectivo podría oscilar entre 0,8 y 1,6 puntos en 2025, y entre 1,2 y 11,3 puntos en 2050, según tramos salariales
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1Los salarios en torno a 60.000 € y 80.000 € serían los más afectados en distintos momentos del periodo
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Críticas de organismos independientes
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Pedro Sánchez vuelve a presentar el sistema de pensiones en España como un éxito de su gestión económica. El presidente del Gobierno ha asegurado en una entrevista en El País que «tenemos un sistema público de pensiones saneado, con cuentas sólidas y factores de corrección en caso de que haya una desviación de gasto». De hecho, esta es una de las frases que el PSOE ha destacado en sus redes sociales sobre la conversación de su líder con el diario de Prisa.
Sin embargo, detrás de ese mensaje tranquilizador de Sánchez se esconden varias imprecisiones y trampas importantes que merece la pena destacar. La supuesta «corrección» que contempla el sistema (y a la que se refiere Sánchez) es una de ellas.
Y es que, como las cuentas del Gobierno sobre la reforma de pensiones de José Luis Escrivá no convencían a Bruselas, el Ejecutivo se vio obligado a incluir una «cláusula de cierre» que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) podría activar si llegaba a la conclusión de que la reforma del Gobierno no estaba contribuyendo a garantizar la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país.
La idea era que si la AIReF llegaba a poner en marcha la «cláusula de cierre», el Gobierno se vería obligado a subir cotizaciones o a recortar las pensiones, aunque todo apuntaba a que sería la primera opción.
Sin embargo, el Gobierno de Sánchez publicó en el BOE los criterios clave que debería seguir la AIReF para realizar su propia evaluación. Es decir, era el examinado el que le daba las instrucciones al examinador para llevar a cabo el análisis, lo que resultó muy polémico y generó un gran disgusto dentro del organismo que entonces presidía Cristina Herrero.
Y es que, como la Airef estaba encargada de analizar la reforma de pensiones del Ejecutivo, este organismo independiente denunció la intromisión del Gobierno en su examen para forzar su visto bueno. «Nos dicen lo que tenemos que hacer» criticó Herrero. «La visión de la AIReF sobre el sistema de pensiones no ha mejorado respecto al diagnóstico de 2023, año en el que habría sido necesario adoptar medidas según la regla de gasto» de pensiones. «De hecho, es peor», añadió la ya expresidenta de la Airef. En definitiva, «su cómputo presenta debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal», añadió.
Por tanto, el matiz que Sánchez omite es precisamente el más importante: aprobar el examen que el propio Gobierno ha diseñado no significa haber resuelto el problema de insostenibilidad del sistema de pensiones y que no se hayan aplicado correcciones no implica que no se necesiten. Esta trampa ha sido criticada en numerosas ocasiones por organismos como Fedea.
El pasado mes de mayo, y ya con Inés Olóndriz, perfil de confianza de María Jesús Montero, como presidenta, la Airef volvió a advertir de que cumplir oficialmente sus directrices no elimina los problemas de fondo del sistema.
