
El tema de las pensiones ha irrumpido en la campaña, y tanto el Gobierno como distintos sectores de la izquierda lo están aprovechando para intentar convencer a la población de que el sistema es sostenible. Es el caso de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que repite una y otra vez que la «hucha de las pensiones» crece con este Gobierno. También el de los sindicatos: tanto Pepe Álvarez (UGT) como Unai Sordo (CCOO) han afirmado que «el sistema no va a petar, no puede petar».
Estas declaraciones llegan la semana pasada, justo la misma semana en la que el Gobierno ha aprobado un préstamo del Estado a la Seguridad Social de unos 10.000 millones de euros, como viene siendo habitual por esas fechas como está establecido en los Presupuestos de 2023. El préstamo se aprobó en el Consejo de Ministros del 20 de octubre, sin nota de prensa ni cifra.
En la referencia oficial solo aparece una línea: «Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social». Aunque el Gobierno no da el importe, se puede deducir que ronda los 10.000 millones por varios motivos.
El primero es legal. Los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados son los de 2023, y desde entonces se han prorrogado automáticamente cada año. Esa ley, en su disposición adicional tercera, autoriza al Estado a prestar a la Seguridad Social hasta 10.003,8 millones de euros. Al seguir vigente por la prórroga, el Gobierno ha podido repetir cada año ese mismo préstamo, y siempre en las mismas fechas, justo antes de la paga extra de noviembre:
- En 2023 se aprobó el 30 de octubre, por 10.003,8 millones. Es el último año en que el Gobierno publicó la cifra.
- En 2024 se aprobó el 15 de octubre.
- En 2025 se aprobó el 21 de octubre.
- Y este año, el 20 de octubre.
El segundo motivo es que el Tribunal de Cuentas confirmó el importe de los dos préstamos anteriores. En una nota informativa publicada el pasado 26 de junio, en la que pedía sustituir los préstamos por transferencias del Estado, el tribunal recordaba que el Pacto de Toledo de 2020 fijaba 2023 como fecha límite para acabar con los préstamos al sistema. Pese a ello, en 2024 y 2025 se concedieron dos nuevos préstamos de 10.004 millones cada uno, al amparo de la prórroga de los Presupuestos de 2023. Con la misma ley prorrogada, la misma autorización y las mismas fechas, todo apunta a que el préstamo de este año es también de unos 10.000 millones.
El Tribunal de Cuentas lo confirmó para 2024 y 2025
Este préstamo se suma a los más de 500.000 millones de euros que el Estado ha inyectado en la Seguridad Social desde 2011, entre transferencias y préstamos. Es decir, mientras el Gobierno y sus voceros insisten en que el sistema es viable y sostenible, se aprueba un préstamo de 10.000 millones de euros para poder abonar la paga extraordinaria de las pensiones. Tan sostenible no será el sistema si necesita un préstamo de esa cuantía para hacer frente a una sola nómina.
Así pues, asistimos una vez más a una mentira de este Ejecutivo: en la misma semana se afirma que el sistema es viable y que las pensiones están garantizadas, y se aprueba un préstamo de 10.000 millones de euros para poder abonar la paga extra de noviembre. Es el ejemplo perfecto de lo que es este Gobierno.

