EL GOBIERNO ABOCADO A DESDECIRSE MÁS PRONTO QUE TARDE SOBRE LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Desde el propio Presidente del Gobierno hasta los ministros más afectados `por la materia (Seguridad Social, Trabajo, Hacienda y Economía) han reiterado todos los dias de los últimos meses, por activa y por pasiva, que las pensiones públicas se revalorizarán según el incremento del IPC tal como se ha dispuesto en el primer bloque de la denominada “reforma Escrivá las pensiones” aprobada a finales de 2021.

 

Por otra parte el Gobierno ha adquirido con Bruselas el compromiso de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 110% en 2025, para lo cual es imprescindible embridar la inflación a través de un pacto de rentas entre los salarios, la rentabilidad las inversiones privadas y el propio gasto directo del Estado (fundamentalmente salarios de empleados públicos y pensionistas)

 

Es de esperar que se tengan detalles de qué propone el Ejecutivo para soldar el pacto de rentas, pero es cada vez más complicado que mantenga el compromiso de abonar una revalorización anual de las pensiones públicas con el IPC, por mucho que se trate de un precepto legal.

 

Hay que tener claro que la inflación aumenta la recaudación a corto plazo pero deteriora las finanzas públicas a medio plazo porque supone una presión al alza de los gastos y el ejemplo más paradigmático es el incremento del gasto en pensiones el año que viene, que crecerá en torno a un 9%.

 

El sistema público contributivo proporciona a los pensionistas 1,7 euros por cada euro aportado, una generosa tasa de retorno muy complicada de mantener con las expectativas de envejecimiento demográfico. Se precisan, por tanto, reformas paramétricas que refuercen la contributividad y corrijan los déficits que genera una pirámide de población invertida, algo que los cambios de 2021 no resuelven e, incluso en muchos casos, incrementan. Toda reforma debe mirar más lejos de las elecciones para buscar soluciones de futuro

 

Todos los expertos insisten en que revalorizar las pensiones con el IPC es una “auténtica garantía de suicidio fiscal”, puesto que ese un gasto extra de cerca de 13.000 millones de euros no es puntual, si no que se acumularía cada año puesto que el abono se consolida en la masa de pensiones. Tiene poco sentido mantener un precepto legal, por mucho apoyo parlamentario que suscitase en su día, si pone en riesgo, como es el caso, las cuentas públicas que Calviño quiere llevar a un desequilibrio de solo el 2,9% del PIB en 2025. Además los expertos recuerdan, con buen criterio, que se trataría de una trasferencia de renta de las cohortes más jóvenes a las pasivas, que acumulan el 75% de la riqueza financiera e inmobiliaria del país y la pretendida solidaridad intergeneracional quedará malherida. ¿Se sumará a estos tiempos ya revueltos una “guerra” intergeneracional?

 

Así, el Gobierno está abocado a dar marcha atrás a lo defendido hasta la saciedad hasta este momento y “retocar” la legislación recién aprobada. El proceso no es muy complicado  pues no sería necesaria enmienda alguna a la Ley de la Reforma de Pensiones, ni mucho menos su derogación y bastaría con que los próximos PGE establezcan para 2023 el límite convenido en el pacto de rentas. Se trata de una medida muy impopular pero si se consiguiera el acuerdo previo con los agentes sociales, el Gobierno tendría a su favor un aval de peso para negociar con los partidos políticos en el Parlamento..

 

También se plantea la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a una fórmula semejante a la que ya se ha intentado y conseguido en algunos casos en las negociaciones salariales y que consiste en pactar para el año en curso revalorizaciones inferiores a la tasa media de IPC, bajo el compromiso de que las pérdidas de poder adquisitivo se acumulen y se compensen mediante sucesivos pagos diferidos en años posteriores. Cabe así la opción de que el futuro pacto de rentas fije, para un primer momento, una revalorización de las pensiones inferior al IPC que se registre el próximo mes de noviembre, pero en los próximos años se compensaría la diferencia, aunque en realidad con esta medida sólo se conseguiría trocear y demorar un desembolso que aún así sería récord.

 

Aun cuando resulta loable el propósito de proteger las rentas de los pensionistas, estos no pueden ser los únicos que cuenten con sus ingresos protegidos, máxime cuando la inflación obliga a unas revalorizaciones difícilmente sostenibles en el tiempo.

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