El Pacto de rentas es la famosa herramienta para contener la inflación lleva en boca del Gobierno desde el 7 de marzo cuando el Ejecutivo convocó a los sindicatos CCOO y UGT y a los empresarios de CEOE y Cepyme para abordar este tema y después nunca más volvió a citarlos. El 8 de julio, 4 meses después, Moncloa ha decidido recuperar la iniciativa, aunque todavía no está claro en qué consistirá el posible acuerdo, ya que ni siquiera en la propia reunión planteó medidas concretas.
Por otra parte la Comisión Europea ha recomendado (por ahora es sólo una recomendación, pero puede convertirse en las próximas semanas en un límite obligatorio) que los países miembros sólo puedan subir su gasto corriente en un 3% sobre el PIB en el presupuesto del ejercicio 2023 para mantener la inflación a raya. Para España, esa recomendación supone que el gasto público sólo debería crecer en unos 15.000 millones de euros. La conclusión es clara. El Gobierno está atado de pies y manos. Sólo puede gastar 15.000 millones más y el aumento de las pensiones se come 13.000 millones
La teoría económica apunta a que, en un contexto de fuerte inflación como el que actualmente vive España hay que vigilar cuánto se incrementan los sueldos y cuánto repercuten las empresas este encarecimiento en sus precios, puesto que podría provocar más inflación. Si los trabajadores piden aumentos de salarios para no perder poder adquisitivo, y las compañías suben el precio de los productos y servicios que ofrecen para afrontar ese aumento del gasto, todo se encarecerá aún más, en una posible espiral sin fin. Aunque las razones por las que es importante llegar a un Pacto de rentas son evidentes no lo son tanto las medidas concretas que tendrían que incluirse en él.
RENTAS DEL TRABAJO (SALARIOS).
Es la medida más evidente y más fácil de tomar, pero también la más injusta si no se aprueban otras que la acompañen. Implica restringir cuánto pueden subir los salarios protegidos por convenios colectivos a una cifra concreta, siempre por debajo de la inflación. Por esa razón, condena a los trabajadores a perder poder adquisitivo, pero consigue que los costes no aumenten demasiado para los empresarios y además aboca a que los asalariados limiten su consumo y se reduzca su demanda y, así también la inflación que produce directamente la demanda excesiva. Los expertos señalan que lo ideal sería que los salarios no suban por encima del 4,5%, y ahora mismo, los sueldos en convenio están incrementándose alrededor de un 2,4%.
Los sindicatos ya han adelantado que no aceptarán un pacto de rentas que condene a los trabajadores a perder poder de compra y exigen que los empresarios acepten incluir en la renovación de los convenios colectivos las llamadas cláusulas de garantía salarial que permitirían que los sueldos suban moderadamente en un primer momento, pero obligarían a los empresarios a compensar después a los trabajadores si la inflación no se contiene, por ejemplo, al final del año. Por ahora, los empresarios rechazan esta posibilidad argumentando que provocaría más inflación. Es claro que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo total perdido, pero a medio plazo, dado que hacerlo con un IPC tan alto provocaría la temida espiral
Pero también es preciso controlar el alza de los salarios públicos, que deben participar en el pacto de rentas, pero a día de hoy los sindicatos presentes en el sector público reivindican al Ministerio de Hacienda y Función Pública que abra una mesa de negociación para aumentar sus salarios aunque no han obtenido respuesta. Además cada punto de subida en el salario de los funcionarios es igual a 1.500 millones de euros. Por tanto, una subida moderada del 3% es igual a 4.500 millones más de gasto corriente.
RENTAS EMPRESARIALES (BENEFICIOS)
También es preciso limitar cuánto pueden subir los precios de los productos de las empresas y cuánto pueden aumentar sus beneficios. Los sindicatos mantienen que muchas compañías están ganando más que en años anteriores porque están aumentando precios por encima de lo que están subiendo sus costes, e instan al Gobierno a controlarlo. Los expertos coinciden en que no hay una manera de hacerlo. En el Banco de España, durante la presentación de su último informe trimestral, reconocieron que no existe hoy por hoy un método para supervisar cuánto están aumentando las empresas sus márgenes. Además habría que ser cuidadoso con las pequeñas empresas y el 97% de las empresas que hay en España son pequeñas empresas y la mayoría están «muy afectadas» por el aumento de la energía.
LAS PENSIONES
El Banco de España provocó un enorme malestar en el Gobierno al sugerir que los pensionistas, o, al menos aquellos con mayores pensiones, deberían incluirse en el pacto de rentas, pues entiende que dejarlos fuera de este plan de ajustes implica necesariamente que otros agentes de la economía, como los trabajadores, tengan que asumir una parte mayor de esos costes. Considera injusto que los trabajadores que menos ganan deban pagarles la subida de los pensiones -con el IPC, como se aprobó por ley el año pasado- a los jubilados, inclusive a aquellos con mayores rentas. Hay pensionistas que cobran casi 3.000 euros a los que se les subirá un 8%, mientras que habrá trabajadores que cobren 1.500 euros a los que sólo se les va a subir un 2% o un 3%.
Como en tantas ocasiones, el Gobierno ve a los pensionistas como un granero de votos al que hay que mimar. Sánchez hará lo que sea para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en 2023. Aunque sea a costa de poner en riesgo la economía. A no ser que lo impida Bruselas.
