En el equipo de Sánchez ven muy desgastado a Iglesias, creen que es posible que se plantee salir del Ejecutivo, pero opinan que le iría aún peor fuera.
LAS TENSIONES INTERNAS
La deuda pública (hija del déficit) ya encara el cierre de año con un aumento anual como no se veía desde que España pidió el rescate bancario en la crisis de 2012. El pasivo que deben todas las administraciones escaló el pasado mes de noviembre hasta los 1.312.590.260 euros, según las cifras publicadas ayer lunes 18 por el Banco de España. Ello supone un incremento de 123.730 millones desde que arrancó 2020, el mayor alza en términos absolutos desde 2013.
Solo en un mes, la deuda aumentó en 6.562 millones. Entre administraciones destaca la Seguridad Social, con una deuda ya de 85.354 millones, 30.330 más frente a hace un año (55,1% de alza). Este importe recoge los préstamos y transferencias que el Estado ha ido haciendo sobre la Seguridad Social, incluyendo el último suplemento de crédito de 6.000 millones, antes de que el sistema girase la mensualidad extra a los pensionistas de diciembre.
Con este panorama desolador, con los efectos económicos de la pandemia aún sin emerger en su totalidad (“ERTEs zombis”) y con la necesidad de recibir las ayudas del Fondo de Reconstrucción europeos que están condicionados a acometer, aunque no sólo, una reforma de fondo de nuestro sistema de Seguridad Social, el tema de las pensiones de jubilación vuelven a estar en el ojo del huracán, si es que en algún momento han dejado de estarlo en los últimos, al menos, 15 años.
Las reformas de las pensiones y del mercado laboral son las últimas que envió el Gobierno español a la Comisión Europea, el pasado lunes 18 de enero. En cuanto a las pensiones, el ministro José Luis Escrivá, ha puesto encima de la mesa un nuevo e inesperado elemento que no comparten sus socios de coalición: la ampliación del periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión de los 25 a los 35 años –si bien algunas fuentes consideran que podría quedarse en los 30 años–. La propuesta emerge como una baza ante Bruselas
El ministro ya había afirmado que el Gobierno estaba abierto a evaluar una ampliación de este periodo de cálculo para hacer “más contributivo el sistema y más equitativo”. En cualquier caso, Escrivá nunca había concretado un periodo de años de esta extensión. Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social rechazan comentar elementos concretos de la reforma de pensiones, dado que aún está “en el diálogo social“. Aun así, recuerdan que el ministro ya ha sostenido que la reforma de pensiones no solo hay que abordarla con los sindicatos y patronales, sino también con Bruselas.
En todo caso, para que una propuesta de reforma se convierta en ley se requiere de una negociación parlamentaria y, de momento, ni Unidas Podemos ni los aliados de investidura y de presupuestos del Gobierno parecen compartir la ampliación del cálculo de los años de jubilación. La medida tampoco era una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo.
Aunque finalmente el lunes 18 de enero, tras las presiones de Podemos y los sindicatos, no se incluyó esta propuesta concreta en “la ficha” que el Gobierno remitió a Bruselas para tener acceso a los Fondos de Recuperación europeos, lo cierto es que la “reforma Escrivá” se plantea en dos fases y no se da por “enterrada” definitivamente la propuesta Escrivá”
El año 2021 es el primero que empieza con unos Presupuestos aprobados desde 2016 en España. Los morados se siguen negando a aceptar la ampliación del periodo de cotización para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años, y advierten de que es un tema “implanteable“, es decir, pero la “reforma Escrivá” se plante en dos fases y quizás, más tarde que pronto, Sánchez acabe pactando en el Congreso esa reforma con el PP (es una propuesta que ya hizo en su momento la exministra de Empleo popular Fátima Báñez), pues en la Moncloa han detectadoun gravísimo desgaste en Iglesias y los suyos desde que, hace un año, se estrenaron en las labores de Gobierno. No es sólo cuestión de números, como indican las encuestas, en las que los morados no dejan de perder intención de voto y su líder es el segundo ministro peor valorado, sólo por delante de Irene Montero, la titular de Igualdad, número dos del partido y a la sazón su pareja.
También se trata de cuestiones de trabajo diario. En las oficinas de Moncloa advierten el nerviosismo de Podemos, acosado por sus contradicciones en asuntos clave como la subida del recibo de la luz; y beligerante con las iniciativas del equipo económico de Nadia Calviño como si fuese un partido de oposición, como, a título de ejemplo reciente, ha sucedido con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De hecho, se trabaja ya con la hipótesis de que Iglesias se plantee salir del Ejecutivo para intentar ganar cuota de pantalla con el conflicto social que se viene encima pues la crisis económica no termina de remontar pero los morados no quitan el pie del acelerador del gasto social y las recetas del PSOE (su socio de Gobierno), que tratan de conjugar el escudo social con la estabilidad fiscal, le pasan factura entre sus bases de izquierda radical.
Fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad Social no sólo creen que Unidas Podemos se equivoca diciendo que la reforma que propone Escrivá no está amparada por el Pacto de Toledo, pues, sin duda, eso dice la recomendación número 5:
“La progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora —que culminará en 2022— implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones. No obstante, la Comisión considera importante evaluar, a la mayor brevedad posible, su impacto en función del tipo de carrera profesional del trabajador, a menudo marcada por periodos de desempleo y de precariedad”-,
También creen que engañan a sabiendas, “porque se llevaron un palo muy duro ante su militancia con el aplazamiento de la subida del Salario Mínimo” y ahora “sobrerreaccionan para hacerse los duros“.
Pedro Sánchez se está manteniendo con un índice de aprobación y unas expectativas electorales sorprendentes después de más de 70.000 muertes por la Covid, 3,6 millones de parados, 750.000 trabajadores en ERTE -de los que miles no cobran-, y un Ingreso Mínimo Vital que no termina de arrancar . En Moncloa opinan que “el desgaste de Iglesias sería mucho mayor fuera del Ejecutivo que tragando, antes o después, con esa reforma de las pensiones que ahora agita como motivo de ruptura“. Los propios de Unidas Podemos saben que si están fuera del Gobierno, ahora mismo, dejarían de tener peso y languidecerían.
LA “FICHA DE LAS PENSIONES” ¿DEFINITIVA? REMITIDA A BRUSELAS
El Ejecutivo consigue remitir a Bruselas un texto inicial de reformas que no genera excesivas complicaciones internas. El Ministerio de Economía quería enviar propuestas concretadas, pero finalmente el criterio de Moncloa terminó por imponerse. Una ‘patada hacia adelante’ que permite al Ejecutivo ganar tiempo.
El Gobierno ha decidido difuminar en el documento sobre la reforma de pensiones que ha enviado a Bruselas la medida estrella para contener el gasto. El documento final no concreta la ampliación paulatina del periodo de cómputo de 25 a 35 años, pero sí deja clara la intención del Gobierno de caminar en esa dirección. El texto habla de “profundizar en la reforma de 2011″, en la que, entre otras cosas se amplió ese parámetro al incrementarlo progresivamente de 15 a 25 años. “Se plantea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional”, señala el texto.
Esto supone un cambio sobre el escenario que se había dibujado en las últimas semanas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, envió a todos los ministerios de la comisión delegada de asuntos económicos una propuesta para aumentar de 25 a 35 los años. Pero en el resumen que el Gobierno ha entregado a los agentes sociales con las principales reformas enviadas a Bruselas ya no se concreta este aspecto que tanta indignación ha causado entre los sindicatos y los socios de Unidas Podemos.
El Gobierno quiere hacer todas reformas en el marco del Pacto de Toledo y con acuerdo en el diálogo social entre sindicatos y patronal, con los que ha debatido este martes sus planes, aunque si no hay acuerdo el Ejecutivo tendrá que seguir adelante con las reformas comprometidas con Bruselas, ya que de ellas depende el gran fondo de recuperación que salvará la economía española.
En la ficha para la UE sobre pensiones se recoge la reforma en dos tiempos, aunque se espera que todos los cambios legislativos lleguen al Parlamento a lo largo de este 2021. En la reforma se incluirá fijar por ley la fórmula de revalorización de las pensiones o medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, mediante el endurecimiento de la jubilación anticipada voluntaria o los incentivos al retiro más tarde de la edad legal.
El Gobierno “previene y avisa” (¡a buen entendedor!):
“Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y la carga excepcional que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”.
Telegráficamente el Ejecutivo plantea 9 reformas muy poco concretas sobre pensiones e la “fcha” remitida a Bruselas:
1.- Financiación de gastos impropios. “La reforma consiste en la asunción por el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema de afrontar el volumen de gasto en pensiones”
2.-Mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Se deroga el acuerdo de 2013 que implicaba una subida anual de 0,25% (en la práctica una semicongelación) y el Gobierno anuncia ahora “garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula que la vincule con el IPC y que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo”.
3.-Alineación de la edad efectiva con la edad legal de jubilación. “La reforma pretende mostrar a la población la conveniencia de retrasar la edad de jubilación y crear incentivos para ello. En esta línea, se hace preciso realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad” Además, se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad.
4.- Mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Otra forma de denominar el demonizado “factor se Sostenibilidad” de la reforma de 2013?. “Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y la carga excepcional que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”,
5.- Cálculo de la base reguladora de las pensiones. “La medida pretende aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales y afectan de manera particular a las mujeres y a trabajadores que son despedidos en la última mitad de su vida laboral”, puede leerse en el texto. El aumento del “carácter contributivo”, en el lenguaje propio de las pensiones, siempre habla de tomar más años de cotización para calcular la pensión y acercar lo que se cotiza con lo que finalmente se cobra. No obstante, en el mismo párrafo se incluye una compensación: “Esta reforma iría en paralelo con una revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización, que es inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad”, remata el Gobierno. También recuerda el texto que incrementar el periodo de cómputo suele beneficiar a los trabajadores que pierden el empleo en los últimos años de su vida laboral.
6.-Cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales
7.- Modificación del complemento de maternidad de pensiones, para que no sea discriminatorio para los hombres
8.- Revisión de los sistemas complementarios de pensiones “con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial”.
9.-Adecuación de la base máxima de cotización del sistema. “La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”.
