Sólo nos queda la esperada y decisiva intervención de la UE, que no puede permitir el desmantelamiento del Estado de Derecho en un país miembro de tanta importancia como España, si no quiere que se abra la caja de Pandora en la UE.
La radicalización del presidente del Gobierno pretende vaciar la Constitución de su contenido garantista de un Estado social y democrático de derecho, así como de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La colonización política de sus instituciones democráticas está preparando el camino para un auténtico golpe al Estado de Derecho desde dentro de las instituciones
El objetivo declarado del poder político español es crear un espacio de impunidad para los políticos que en nada se compadece con el principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley, contenido en el artículo 9 de la CE.
La clave de bóveda de dicho proceso antidemocrático se encuentra en la adulteración de las instituciones democráticas y de su función constitucional. Las instituciones adulteradas mantienen su potestas formal, pero pierden su auctoritas imprescindible para ser respetadas en una democracia sana, dando paso a democracias deterioradas.
El CGPJ se encuentra paralizado y con sus cargos vencidos hace cinco años, a causa de la negativa del Gobierno a modificar la ley que regula el nombramiento de sus miembros para evitar su politización, tal como reclama la UE para proteger el Estado de Derecho. Mientras, el Gobierno ha paralizado el nombramiento de jueces en el Tribunal Supremo, que se encuentra al borde del colapso. El comisario de Justicia de la UE ha aceptado el viernes 26 de enero participar en un “diálogo estructurado” para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha citado para ello el próximo miércoles 31 de enero en Bruselas a una primera reunión al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.
El asalto al Tribunal Constitucional por el poder ejecutivo, para otorgar impunidad constitucional a las normas que el Gobierno apruebe directamente o mediante su control del poder legislativo. Un Tribunal Constitucional que ha perdido toda su auctoritas y está gravemente deslegitimado por su evidente politización y sumisión al ejecutivo, hasta el punto de que la nación conoce de antemano el resultado de 7 a 4 en todas sus votaciones, siempre favorables a los intereses del Gobierno.
El Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, ha sido declarado no idóneo por el CGPJ (por primera vez en la Historia), y declarado incurso en desviación de poder por el Tribunal Supremo. A su vez, la Fiscalía actúa con plena sumisión al poder político del Gobierno, en contra del criterio del Consejo Fiscal y de la mayoría de fiscales. La presidenta del Consejo de Estado ha visto anulado por el Tribunal Supremo su nombramiento por el Gobierno, por incumplir los requisitos legales.
No obstante, la mayor adulteración de nuestras instituciones se produce en el propio Congreso de los Diputados, que se pliega sumisamente a modificar su previa de su letrado mayor tras su declaración de “palmaria inconstitucionalidad de la amnistía”. Un poder legislativo que ignora que la democracia no es el simple poder de la mayoría sino que es el poder de la mayoría cumpliendo la ley. La Constitución no otorga al poder legislativo un poder omnímodo y los legisladores no pueden decidir legislar sobre materias para las que el Parlamento, de forma expresa, no fue habilitado constitucionalmente por el legislador constituyente.
Se ignora que para el poder, en todas sus posibles manifestaciones, la regla es que los órganos y las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite. En definitiva, dos poderes del Estado (el ejecutivo y el legislativo en sus manos) pretenden adulterar la Constitución no por un pretendido interés general sino, simplemente, en el exclusivo beneficio de una persona para conseguir su investidura como Presidente del Gobierno
Los países de la UE dan la espalda a España: las decisiones de Sánchez han perjudicado su reputación
España se encuentra en una posición delicada en el escenario de la Unión Europea. Ha pasado de ser uno de sus países mejor valorados a un punto de interrogación tras los acuerdos de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes, que ponen en duda su respeto al Estado de derecho.
La reciente preferencia de Francia y Alemania por Polonia como socio principal en la UE, en lugar de España, no ha hecho más que confirmar el impacto negativo de las decisiones del gobierno de Sánchez en la reputación de España en el bloque.
El ministro francés de Asuntos Exteriores puso de relieve la intención de Francia de fortalecer su posición en Europa a través de una cooperación más estrecha con Polonia y Alemania. Sus primeras visitas diplomáticas a Berlín y Varsovia subrayan un cambio en la dinámica de alianzas tradicionales de Francia, dejando a España en un papel menos prominente. Esta decisión de Francia y Alemania se ve influenciada por varios factores, incluyendo la situación política en Italia y España, y la guerra en curso en Ucrania.
Todos saben que España, bajo el liderazgo del socialista Pedro Sánchez, enfrenta desafíos internos y equilibrios políticos delicados para mantenerse en el poder. Por otro lado, la situación en Ucrania ha llevado a Berlín y París a buscar aliados en el Este, especialmente entre los vecinos de Rusia y Ucrania, aumentando la importancia estratégica de Polonia. Francia destacó el regreso de Polonia a una posición más central en Europa. Esto se ve reflejado en el renovado interés por revitalizar el Triángulo de Weimar, una plataforma de cooperación entre Francia, Alemania y Polonia, creada originalmente en 1991. La próxima cumbre del Triángulo de Weimar se realizará en París, destacando el papel creciente de Polonia en la construcción europea.
El cambio político en Polonia, con la llegada al poder del liberal Donald Tusk, ha contribuido significativamente a este cambio en las alianzas. Tusk, conocido por sus posturas proeuropeas y su buena relación con líderes como Emmanuel Macron, ha prometido reparar las grietas en el Estado de derecho provocadas por el anterior gobierno del Partido Ley y Justicia (PiS). Este compromiso ha sido bien recibido por Francia, que ve en Polonia un aliado potencialmente más estable y alineado con sus intereses en la región.
Además, la importancia geopolítica de Polonia se ha visto acrecentada debido a su posición frente a la guerra en Ucrania. Tanto Francia como Alemania consideran crucial el papel de Polonia en el frente oriental, donde se enfrentan el autoritarismo ruso y la democracia ucraniana. Y la postura firme de Polonia contra Moscú y su inversión significativa en defensa, incluyendo planes para construir un poderoso ejército y una segunda central nuclear, posiblemente con colaboración francesa, la convierten en un socio estratégico clave.
España, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, está en el lado opuesto de la balanza. Pasó sus últimos meses a la cabeza del Consejo Europeo más preocupado por la política doméstica que por los asuntos de la Unión Europea. Se retrasó en muchas de sus responsabilidades; un ejemplo sería su fracaso a la hora de liderar las negociaciones en torno a la reforma fiscal, que sólo se zanjó tras la intervención de los gobiernos de Francia y Alemania.
Está también el caso de las lenguas co-oficiales, cuando Sánchez trató de integrar el gallego, catalán y euskera en la lista de idiomas de la UE. Sometió la idea a debate y llegó incluso a proponer que España se haría cargo de los millonarios gastos, pero los demás países consideraron que el tema era un gasto de tiempo y medios ya que había asuntos mucho más importantes por debatir.
Bélgica introduce el debate sobre el Estado de derecho en España en su presidencia europea
La Presidencia del semestre europeo que ahora está en manos de Bélgica, después de la que ha ostentado España hasta final de 2023, ha cambiado las prioridades respecto a las cuestiones vinculadas con Cataluña. Si España puso el foco en el uso de las lenguas cooficiales —sin conseguir su objetivo—, Bélgica ha dado un brusco viraje y ha introducido el debate del Estado de derecho en España en la agenda oficial. En su primera reunión del Consejo de Asuntos Generales, prevista para el día 29, figura como tema a abordar este problema, como así aparece en el orden del día: «En el marco de su diálogo anual sobre el Estado de derecho, el Consejo mantendrá un debate específico por país que se centrará en España, Francia, Croacia e Italia».
Esta circunstancia ha sorprendido a las fuentes consultadas ya que «hasta ahora, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha estado llevando a todos los Consejos de Asuntos Generales, cuando él lo presidía, el tema de las lenguas y Bélgica lo que hace es sacarlo. Es el primer consejo desde septiembre que no lleva el tema de las lenguas».
El Consejo de Asuntos Generales es la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores y también asisten los embajadores ante la Reper (Representación Permanente ante la Unión Europea) que prepara el orden del día del Consejo Europeo, al que asisten los primeros ministros. «Si el Consejo de Asuntos Generales considera que está suficientemente maduro irá al Consejo Europeo, pero no hay razón para saberlo, hasta que se celebre», subrayan estas fuentes.
El debate del próximo día 29 se enmarca dentro de unos diálogos anuales entre los países miembros para promover el cumplimiento de la legalidad en los diferentes estados. Se celebran desde 2020 entre doce estados miembros por año, divididos en tres sesiones presenciales de cuatro estados. Estos debates pueden formar parte del informe anual de la Comisión sobre el Estado de derecho, que se ha convertido en una de las prioridades más importante de Bélgica durante la Presidencia europa.
Con motivo de la celebración de este Consejo de Asuntos Generales, una representación de la plataforma «Por una Justicia independiente» tiene previsto viajar a la capital europea para entregar un dossier con los principales casos de presunto fraude en la gestión de los fondos europeos Next Generation, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En este documento se recogen varias denuncias de afectados. Esta plataforma independiente, que reúne a profesionales del mundo del derecho, reclama que se suspendan las transferencias de fondos europeos a España mientras haya dudas sobre la imparcialidad e independencia de la Justicia, tras la involución del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Este debate en el Consejo de la UE coincide con la tramitación de la Proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE, ya en su fase final en el Congreso de los Diputados. Precisamente, este martes, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó, con el voto en contra de PP y Vox, el dictamen que incorpora nuevas enmiendas pactadas por el PSOE con Junts, que irá al Pleno en los próximos días. Entre estas enmiendas de última hora hay que destacar la que suaviza la definición de delitos de terrorismo para blindar aún más a Puigdemont. Este miércoles finaliza el plazo para presentar las enmiendas que Junts quiere mantener vivas para el Pleno.
La presión a España desde Europa añade, con el Consejo de la Unión Europea, una institución más al camino que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han abierto en el Parlamento Europeo para hacer frente al Gobierno de Sánchez. La Eurocámara decidió este martes pedir explicaciones al Ejecutivo de PSOE y Sumar por la ley de amnistía, a través de la Comisión de Peticiones, que preside la vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat. Esta comisión debatió ocho peticiones de ciudadanos que han denunciado ante el Parlamento Europeo que la amnistía es un ataque al Estado de derecho de España y de la UE.
En su turno de palabra, la Comisión Europea aseguró que se toma muy en serio la ley de amnistía que se tramita en España y la está siguiendo de cerca desde el principio, monitorizando el proceso legislativo. Este organismo determinarán si la ley cumple con la legislación de la UE y sus valores fundamentales, además de las disposiciones sobre terrorismo, corrupción y protección de los derechos financieros de la UE.
