La corrupción en España empeora como consecuencia del debilitamiento del sistema judicial

Transparencia Internacional sitúa a nuestro país en el puesto 36 de los 180 analizados en su Índice de Percepción de la Corrupción

Un año más Transparencia Internacional publica su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023. En esta ocasión, España no sale demasiado bien parada. La puntuación de nuestro país se sitúa en 60 puntos sobre 100 y, aunque se mantiene igual que el año pasado, ha bajado un puesto en el ranking con respecto al año anterior, situándose en el puesto 36 de los 180 países que se tienen en cuenta para el estudio. Si nos retrotraemos a 2020, España ha descendido hasta cuatro puestos.

Desde Transparencia Internacional advierten de que «si bien la puntuación se mantiene igual que el año anterior, es relevante destacar que en los dos años precedentes experimentó dos descensos consecutivos, disminuyendo un punto en 2022 y otro en 2021». La organización no gubernamental señala, además, que esta tendencia a la baja «evidencia un estancamiento y desafío persistente para avanzar en la prevención y lucha contra la corrupción».
En el ranking de 2023, España se equipara a países tales como San Vicente y las Granadinas y Letonia y se encuentra tan sólo un puesto por encima de Botsuana, dos por encima de Qatar y dos puestos por debajo de Lituania Portugal. Mientras que la puntuación media de los países de la Unión Europea (UE), espejo en el que se mira España, se sitúa en 65 sobre 100, es decir, cinco puntos por encima del resultado obtenido en nuestro país.
Aunque los Veintisietetampoco salen bien parados en el informe, ya que han descendido por primera vez en una década. Desde Transparencia Internacional señalan que «las medidas anticorrupción siguen viéndose socavadas por el debilitamiento de los controles». El IPC 2023 revela que los esfuerzos anticorrupción se han estancado o han disminuido en más de tres cuartas partes de los países de la región.
Cabe destacar que países que, normalmente, son ejemplos por su transparencia en Europa han cosechado las peores puntuaciones de su historia. Se trata de SueciaPaíses BajosIslandia Reino Unido. Este último ha experimentado un descenso de seis puntos en los últimos cinco años, coincidiendo con su salida de la Unión Europea. El Brexit causó una grave crisis política en el Reino Unido, además de una gran incertidumbre económica.
Volviendo al caso concreto de EspañaTransparencia Internacional asegura que «la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos» y señala como una de las causas «el debilitamiento del sistema judicial». Por ello insta a los partidos políticos a acelerar y desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como reformar la Ley de Transparencia, la supresión del programa de visados dorados (Golden Visas) o la mejora de la transparencia parlamentaria.
«La corrupción seguirá ganando terreno hasta que los sistemas de justicia puedan castigar los actos indebidos e imponer controles a los Gobiernos. Cuando la justicia es algo que se puede comprar o interferir políticamente, quienes sufren son las personas. Los líderes deben comprometerse de manera plena con fortalecer y garantizar la independencia de las instituciones que aplican la ley y enfrentan la corrupción», asegura François Valérian, presidente de Transparencia Internacional.
El Partido Popular, en un intento por desbloquear la renovación del CGPJ, recurrió a la Unión Europea para que actuara de mediador entre los populares y el Partido Socialista. Tras valorar la petición, el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, aceptó, el pasado viernes, ejercer el papel de mediador y propuso tener una primera reunión entre ambas formaciones este miércoles, lo que demuestra que en Bruselas también hay urgencia porque España dirima de una vez por todas su disputa por el CGPJ. Asimismo, Reynders también ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que estará vigilante con respecto a la Ley de Amnistía, con la que se pretende blindar la vuelta a España del prófugo Carles Puigdemont.
Así las cosas, Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España señala que «la interferencia entre política y justicia, en concreto la judicialización de la política que está a la orden del día desde hace algo más de una década y media, es uno de los grandes problemas de la debilitación de la democracia y del estado de Derecho. El mayor peligro al que estamos expuestos es la constante de que las disputas y decisiones políticas son cuestionadas en los tribunales y la dificultad para alcanzar consensos genera la sensación de que la política es incapaz de resolver los problemas de la ciudadanía en los Parlamentos».
En la Unión Europea lo que más preocupa es aquello que pueda afectar a los delitos de malversación y que esto acabe salpicando a los fondos europeos. El Ejecutivo de Sánchez, como preámbulo a la ley de amnistía, ya eliminó, el pasado año, el delito de sedición y modificó el de malversación, para reducir las penas. En este sentido, la Comisión Europea aseguró que analizaría todos los aspectos de la nueva normativa, en especial, si existen «problemas de malversación o apropiación irregular de fondos públicos».

Dinamarca, a la cabeza; Somalia, a la cola

A nivel mundial, el país que sale mejor parado en el informe de Transparencia Internacional es Dinamarca, que encabeza el ranking, por sexto año consecutivo, con 90 puntos, seguido de Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85). Entre las posiciones inferiores encontramos a países como Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16). Todos estas naciones, a excepción de Venezuela, sufren cruentos conflictos armadas, que ya duran años.

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