Escuchando al Gobierno de España y analizando de forma superficial los datos de afiliación de septiembre en nuestra economía podría parecer incluso que el mercado laboral empieza a carburar para dar inicio a una recuperación del empleo. Por desgracia, todo hace indicar a que esta ‘calma tensa’ es la antesala de la tormenta que azotará al empleo en España y parte de Europa en los próximos meses.
Tras evitar una crisis de liquidez y despidos masivos a través de préstamos blandos y los ERTES, la economía española se enfrenta a una crisis que está siendo más profunda y larga de lo previsto, lo que conllevará, salvo milagro, a un incremento de las insolvencias y, por ende, de la tasa de paro a finales de este año y parte de 2021.
LA CALMA ANTES DE LA TORMENTA
La ‘euforia’ de septiembre, con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, desvelando que el dato de afiliación era el mejor en décadas ha podido generar una euforia que no se corresponde con la realidad y mucho menos con lo que está por venir. Las cifras oficiales esconden 2,5 millones de parados ocultos en España, que pronto podrían comenzar a ser parados oficiales.
La realidad es bien diferente. Septiembre suele ser un mes de gran destrucción de empleo por la elevada estacionalidad de la economía española, muy dependiente del turismo. Sin embargo, este verano tan singular ha dejado una dato de empleo en septiembre igual de singular, que pese a haber sido anunciado a bombo y platillo no es demasiado representativo. De esta forma, la caída del paro tan inusual en el mes de septiembre se puede explicar por menores flujos de entrada como resultado de la congelación de la contratación temporal de corta y media duración en primavera y su escasa recuperación en verano.
Por otra parte, en el mes de septiembre se ha acelerado el crecimiento del paro de larga duración, que no ha cesado de aumentar desde el inicio de la pandemia. Finalmente, la reciente Encuesta de Población Europea muestra que España ha encabezado el ranking de destrucción de la ocupación en el segundo trimestre.
LO PEOR PUEDE ESTAR POR VENIR
Pese a que los datos ya de por sí no son tan buenos como parecen, la situación crítica por la que pasan miles de empresas podría desembocar en un mayor número de insolvencias y cierres que lleven a miles de trabajadores a engrosar las listas del paro, pese a los esfuerzos del Gobierno a través de la extensión de los ERTE. La prorroga de los ERTES únicamente en determinadas circunstancias va a ocasionar que aumenten las cifras oficiales de desempleo, dado que hasta ahora los empleados acogidos a ERTE no constan como desempleados. En este sentido se mantiene la previsión de paro a final de año entre el 20-22%
La aseguradora Allianz vaticinaba este verano que Europa iba a sufrir un considerable aumento en el número de insolvencias en la mayoría de los países y preveía que la mayor parte de estas se produzcan entre finales de 2020 y el primer semestre de 2021 Destacaban que los mayores aumentos (respecto a 2019) se registrarán en los EEUU (57% para 2021), Brasil (45%), China (20%) y países europeos como el Reino Unido (43%), España ( 41%), Italia (27%), Bélgica (26%) y Francia (25%).
INSOLVENCIAS
Las insolvencias suelen venir de la mano de un aumento de la tasa de paro, que llegaría también entre finales de este año y comienzos de 2021. En el caso de España, los expertos de Crédito y Caución creen que la avalancha de concursos de acreedores se producirá en 2021 colocan a España a la cabeza del crecimiento de las insolvencias acumuladas en 2020 y 2021, con un aumento del 87%.
QUIEBRAS
El Banco Internacional de Pagos (BiS por sus siglas en inglés), explica que la recesión del covid-19 aún no se ha materializado, debido en parte al apoyo de las políticas, pero también refleja el desfase inherente entre las caídas del PIB y las insolvencias. No obstante, estos expertos, al igual que el Bundesbank alemán, aseguran que las quiebras terminarán llegando antes o después ante la debilidad de la economía y la expansión de la segunda ola de covid.
Los expertos del BiS comentan que «las quiebras pesan mucho en los mercados laborales. El desempleo generalmente aumenta tres veces más si una caída del PIB va acompañada de un aumento de quiebras de tamaño similar. A pesar de que el crecimiento de las quiebras en varias economías ha sido aún muy limitado, puede ser solo cuestión de tiempo, dada la magnitud del shock esto propiciará un aumento el desempleo.
La cuestión es cuándo comenzarán los gobierno a retirar la respiración asistida a las economías. Por un lado, mantener el apoyo supone proseguir con el disparatado auge de la deuda pública, pero por otro lado resulta difícil retirar la respiración asistida a un paciente que no puede vivir sin ella. Retirar una parte de la vasta red de medidas que están apoyando el empleo y a las empresas llevará de forma irremediable a un crecimiento exponencial de las quiebras y del desempleo, pero no hacerlo engordará aún más los niveles de endeudamiento público y la economía se convertirá en una especie de zombi, con empresas zombi y trabajadores zombi.
Las quiebras y el desempleo históricamente han ido por detrás de la evolución del PIB. Alcanzan su punto máximo alrededor de un año después del impacto inicial del PIB y permanecen elevados durante al menos otros dos años. Además, las quiebras y el desempleo podrían reforzarse mutuamente. De una forma clara se puede decir que las quiebras incrementan el desempleo por encima del impacto del PIB. En las economías avanzadas, el desempleo suele aumentar en aproximadamente en 0,5 puntos porcentuales dos años después de una caída de una desviación estándar en el crecimiento del PIB, pero el aumento puede ser hasta tres veces mayor cuando la caída coincide con un aumento de quiebras de similar magnitud», aseguran los expertos del BiS.
El gran riesgo para el mercado de trabajo es que cientos de miles de personas que actualmente están en Erte pasen a estar en un Expediente de Regulación de Empleo (Ere) y, en consecuencia, pierdan su empleo definitivamente.
Aunque la situación en España es bastante más grave que en el resto de Europa, dada la elevada vulnerabilidad del tejido productivo al covid, se prevé que algo similar suceda en gran parte de los países de la zona euro. Se prevé que la tasa de paro en la zona euro aumente desde el 8% actual hasta el 10%, unos niveles que se mantendrán en 2021 y parte de 2022.
AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA CONCURSAL
La ampliación de la moratoria concursal hasta el 14 de marzo de 2021 y la extensión del plazo para la concesión de avales ICO hasta el próximo 30 de junio entrarán en vigor tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Rel Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial en el que se contemplan estas dos ampliaciones de plazos.
La norma extiende la moratoria concursal con el objetivo de que empresas viables, pero afectadas por la pandemia, puedan continuar su actividad en el futuro y no verse abocadas a la liquidación. En concreto, se amplía hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, la suspensión de la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario), así como la obligación del juez de admitir a trámite el concurso si lo solicitan los acreedores antes de esa fecha (concurso necesario).
Asimismo, el decreto amplía hasta el 31 de enero la obligación del juez de no tramitar las solicitudes que formulen los acreedores desde el 31 de octubre de 2020 por el incumplimiento por parte de los deudores de los acuerdos de refinanciación o convenios. La tramitación se iniciará pasados tres meses a contar desde el 31 de enero, plazo en el que el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento. Para las solicitudes de incumplimiento que se hubieran presentado hasta el 31 de octubre de 2020, el juez tampoco tendrá que admitirlas a trámite hasta pasados tres meses.
En el caso de que se hubieran empezado a tramitar solicitudes de incumplimiento entre el 31 de octubre y el 19 de noviembre –fecha de entrada en vigor de esta norma, el juez deberá suspender su tramitación por un plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la suspensión.
Si en dichos tres meses el deudor presenta propuesta de modificación de convenio, el juez archivará la solicitud de incumplimiento admitida y tramitará con prioridad la propuesta de modificación del convenio.
EXTENSIÓN CRÉDITOS ICO
El decreto de apoyo empresarial incluye también la ampliación del plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021, la extensión del plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho años, y la ampliación del periodo de carencia en 12 meses, hasta el máximo de 24 meses.
Debido a que la intención del Gobierno es apoyar a las empresas solventes, los solicitantes no podrán encontrarse en situación de concurso de acreedores o su préstamo en mora.
La norma estipula que las entidades bancarias, que deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días, no podrán aumentar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados.
El importe avalado por el Gobierno con los créditos ICO hasta el pasado 11 de noviembre alcanzaba los 81.787 millones de euros y en total se han movilizado unos 107.600 millones con la firma de 876.000 operaciones, el 98% de estas con pymes y autónomos.
La norma prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales en las operaciones de ampliación y autoriza al ICO a dirigirse directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para agilizar la comprobación de los impagados que le comuniquen las entidades financieras.
El ICO ya tiene acceso al CIRBE, pero sólo para la información de sus clientes directos. Con este cambio, podrá solicitar información de clientes que están recibiendo financiación avalada para consultar qué posiciones tienen en otros bancos y utilizar estos datos en los procesos de recuperación de deuda.
AVALES
La norma también permite acceder a la línea de avales a los pagarés que se comercializan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), y amplía de 500 millones a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización mínimo a partir del cual las empresas en expansión deben pasar de cotizar en el mercado alternativo, antes MAB y ahora ‘BME Growth’, al mercado continuo.
El objetivo del Gobierno es conseguir que estos mercados de pymes en expansión sean más líquidos y profundos, y por tanto más eficientes para la financiación de empresas y más atractivos para los inversores.
