La subida “oculta” de las bases de cotización máximas amenaza el acuerdo para el segundo bloque de la reforma de las pensiones

En plena carrera electoral, tato del Gobierno como de la propia CEOE, esta estalla por el aumento unilateral de las bases máximas de cotización en los PGE de 2023 por parte del Gobierno. 

La subida ‘oculta’ de las bases máximas de cotización que ha incorporado el Gobierno en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha provocado el estallido de la CEOE. La organización empresarial ha puesto el grito en el cielo ante una decisión que han calificado públicamente de “inadmisible” e “impresentable”. Lo cierto es que la actualización de las bases de cotización es potestad exclusiva del Gobierno, pero la patronal se queja de que no les hayan consultado cuando hay una mesa de diálogo social abierta, precisamente, para abordar la adecuación de las bases máximas de cotización en el marco del segundo bloque de la reforma de las pensiones.

La organización empresarial que preside Antonio Garamendi difundió un contundente comunicado este viernes en el que denunció la decisión “unilateral” y “a espaldas del diálogo social” de subir un 8,6% las bases máximas de cotización en el marco de los las cuentas públicas para 2023. “Las organizaciones empresariales queremos recalcar que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, y que se reunió por última vez el pasado lunes sin que se nos trasladase nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social”, reza el texto redactado por el área de comunicación de la patronal tras analizar la letra pequeña del proyecto presupuestario.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostraba este mismo viernes “sorprendido” ante la prensa tras conocer el comunicado de la CEOE y argumentaba que “cada año suben las bases máximas de cotización” y, “para asegurar la sostenibilidad del sistema y que las pensiones futuras en base máxima mantengan la contributividad, tienen que subir más o menos como sube la inflación en todo el ámbito de pensiones, luego no es nada novedoso”. El responsable del área de las pensiones dentro del Gobierno recordaba que en los años 2013 y 2014 la base máxima de cotización subió un 5% con inflación negativa. De este modo, el propio ministro admitía que la actualización de las bases máximas de cotización nada tiene que ver con la evolución de la inflación, argumento al que se agarran en la CEOE.

Fuentes de la organización empresarial rechazan tajantemente las explicaciones del ministro. Insisten en que hay una mesa abierta en el diálogo social sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones, que incluye el incremento de las bases máximas de cotización y la adecuación de la pensión máxima y añaden que el Gobierno, en esa mesa, estaba planteando una subida progresiva a lo largo de los próximos 25 o 30 años, “a razón de un punto porcentual por año” y ahora incorpora a los PGE “con nocturnidad y alevosía” una subida de 8,6 puntos de golpe, a la que hay que sumar los 0,6 puntos de cotización adicional a cargo del bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Señalan a Unidas Podemos

Las fuentes consultadas en el seno de la organización empresarial cuestionan que el Gobierno apruebe una subida tan fuerte de las cotizaciones máximas porque cuadruplica el crecimiento de la economía previsto para el próximo año en el cuadro macro que acompaña los Presupuestos. Según ha podido saber este medio, altos cargos de la CEOE se pusieron en contacto con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, este mismo jueves, tras conocer la letra pequeña del proyecto presupuestario, y llegaron a la conclusión de que “donde hay patrón no manda marinero”, en referencia a que Unidas Podemos ha pedido abiertamente el destope de las bases máximas y el PSOE ha terminado accediendo a esta petición del socio minoritario de la coalición en la negociación presupuestaria.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dejaba entrever esa realidad en declaraciones a los medios de comunicación al considerar que la CEOE “tiene un problema con la igualdad” y que el Gobierno, al igual que ha hecho con los impuestos en la negociación presupuestaria, ha decidido que las rentas salariales más elevadas coticen más para impulsar “un principio fundamental y constitucional” que al presidente de la patronal “no le gusta”, ya que “quiere seguir protegiendo a las rentas salariales más altas”. La ministra de Trabajo aprovechaba para reprochar a la CEOE que “no pide diálogo social” cuando se trata de pactar una subida salarial que compense los efectos de la escalada inflacionista, en alusión al pacto de rentas.

Pero en su comunicado los empresarios aseguran que, precisamente, “en un contexto en el que el Gobierno insiste a los agentes sociales para acordar un pacto de rentas, no se entiende que el mismo Ejecutivo tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a este de forma sustancial”. Y advierten de que “aumentar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un grave error, pues tendrá efectos nocivos sobre el empleo, en tanto que de esta forma los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9% -sumando la subida del 0,6% incluida en el MEI- en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada”.

Lo que subyace tras esa advertencia es, en realidad, una amenaza de bloqueo de las negociaciones en la mesa de pensiones. Así lo aseguran fuentes de la cúpula de la organización empresarial que advierten de que “el Gobierno lo va a tener muy complicado para atraer a la CEOE a cualquier pacto en lo que queda de año”. Y ya no solo por este tipo de decisiones, que califican como “desleales”, sino porque Garamendi se enfrenta a un convulso proceso electoral y “no se la puede jugar”. Las mismas fuentes relacionan el contundente tono del comunicado emitido este viernes con un giro de guion del actual presidente de la CEOE para mostrar un perfil “más duro” y convencer a las patronales críticas con su gestión de que apoyen su candidatura frente a un eventual candidato alternativo.

Fuente: La Información

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