Cuerpo y Saiz presentan una nueva herramienta para hacer proyecciones del sistema, aunque Bruselas seguirá usando sus propios cálculos
El impacto que tiene el creciente gasto en pensiones en las cuentas públicas es un asunto espinoso con el que suelen batallar Gobierno y oposición, además de los propios expertos entre sí. Con la intención de garantizar la sostenibilidad financiera futura del sistema, el Gobierno ha presentado este jueves “una herramienta de proyección de gasto más potente y fiable que ninguna otra hasta el momento”. Así describen fuentes de la Seguridad Social el nuevo modelo de cálculo, que han denominado INTegraSS y que rebaja el impacto de la factura de las pensiones en el PIB tras la inquietud que han expresado diferentes voces sobre su elevado coste.
Este instrumento, apadrinado en su presentación por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ofrece “la proyección del sistema más ajustada a la realidad que se puede hacer ahora”, prometen desde el Ejecutivo. Y el resultado de los primeros cálculos prevé un impacto del gasto en pensiones más moderado que los realizados hasta el momento por otros agentes implicados, como la Airef (autoridad fiscal) o la Comisión Europea. En concreto, INTegraSS indica que la factura del sistema, incluyendo todo tipo de pensiones, contributivas (también las de clases pasivas, las de los funcionarios) y asistenciales ascenderá a un promedio del 14% del PIB en el periodo 2022-2050, que es el analizado por la nueva herramienta.
Ese porcentaje contrasta con otros más elevados, como el 14,4% calculado por la autoridad fiscal para el mismo periodo de referencia, o el 15,4% que estima Bruselas (aunque corregido baja al 14,6% de media en dicho periodo). En la actualidad, el gasto anal en pensiones está algo por debajo del 13% del PIB.
Para llegar a estos cálculos, menos alarmantes que los avanzadas por los citados organismos y otros expertos en pensiones que han advertido sobre la insostenibilidad del sistema, la Seguridad Social se sirve de todas las bases de datos que maneja. Estas incluyen todas las pensiones en vigor; los flujos de altas y bajas; las prestaciones reconocidas y detalladamente desglosadas (por edad cumplida, año de nacimiento y sexo) de 34 generaciones de trabajadores españoles (desde 1938 a 1972), así como todas las jubilaciones parciales. Estas bases de datos se combinan con las proyecciones que han elaborado los responsables de la herramienta del escenario macrodemográfico (que refleja fundamentalmente la evolución del PIB, la población activa y la inactiva).
Los responsables del nuevo modelo de proyecciones destacan que las estimaciones macroeconómicas y demográficas que han incorporado son las oficiales del INE, con “ajustes incluso conservadores”, que reflejan la marcha de todos estos indicadores en los últimos años. El resultado podrá ser utilizado por el Gobierno para adelantarse en la toma de decisiones sobre el sistema —de hecho, se publicarán sus resultados de forma periódica— pero, de momento, no se utilizarán por parte de la Comisión Europea. Esta elabora sus propias estimaciones en el informe de envejecimiento (Ageing Report) y así seguirá haciéndolo. Los cálculos comunitarios son los oficiales y de los que parte la Airef para hacer su evaluación del sistema.
Medidas correctivas
El porcentaje de gasto en pensiones es importante a la hora de analizar la sostenibilidad del sistema y es una pieza clave en el diseño de las cuentas públicas. La última reforma de pensiones estableció una llamada cláusula de cierre —que sirvió para que los cambios recibieran el visto bueno de Bruselas como parte de los hitos que permitían recibir fondos de recuperación— que consiste en que si el gasto en pensiones crece demasiado en relación con los ingresos del sistema, se deberán tomar medidas para corregirlo.
El organismo encargado de evaluar la marcha del sistema es la Airef, que debe emitir un informe cada tres años para determinar si se debe activar o no la citada cláusula de cierre. La primera de estas evaluaciones, realizada hace un año, no estuvo exenta de polémica. El organismo fiscalizador consideró que España incurría en un gastoneto (el gasto bruto previsto en el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, menos los ingresos extra del sistema por las últimas reformas) del 13,2%. Era solo una décima menos de lo que la autoridad fiscal calculó como límite para activar la cláusula de cierre y adoptar medias correctoras, que fijó en el 13,3% del PIB el promedio para el periodo analizado.
De esta forma, España aprobó el examen por la mínima y evitó activar dicho mecanismo automático. Pero, aun así, la Airef emitió un duro informe en el que detectó “importantes debilidades metodológicas” por las indicaciones dadas por el Gobierno para realizar esta evaluación. Además, añadió que, en consecuencia, su examen no constituía un indicador de la sostenibilidad actual del sistema de pensiones.
La principal crítica metodológica de la Airef, compartida en parte por la Comisión Europea, afectaba a cómo contabilizaba el Gobierno español las transferencias de impuestos del Estado a la Seguridad Social para el pago de pensiones, para cuya financiación no basta con los ingresos procedentes de cotizaciones. Ante esto, Bruselas consideró necesario que la autoridad fiscal repitiera el examen antes de junio de 2026, una exigencia que se vinculó al marco del pago de fondos europeos.
En ese escenario, el Ejecutivo espera ahora el resultado de la nueva evaluación de la Airef. Fuentes de la Seguridad Social esperan que el sistema de pensiones siga aprobando el examen y, al igual que el resultado de hace un año, no exija tomar medidas de recorte de gastos ni aumento de ingresos. De hecho, confían en que la buena marcha de la economía española en general y el aumento de los ingresos por cotizaciones derivados de un fuerte crecimiento del empleo y del PIB compensarán la eliminación de las transferencias del Estado como ingresos en la nueva evaluación.
Anticipar decisiones
Al margen de los primeros resultados de la nueva herramienta de cálculo, Cuerpo ha destacado su valor como instrumento para “anticipar decisiones, que en el caso de las penstiones deben de tomarse con décadas de antelación”. Porque, según ha reconocido el vicepresidente primero, hasta ahora “las estimaciones de impacto a largo plazo han sido el hermano pobre en el análisis económico que pone el acento en el corto o muy corto plazo”. Y muchas veces, ha añadido, los encargados de tomar decisiones legislativas “se han movido a ciegas”.
Por su parte, la titular de la Seguridad Social, Elma Sáiz, ha asegurado que en España “era una anomalía que teniendo todos los datos de la Administración (del sistema público de pensiones) no se contara con una herramienta publica de proyección”. Esta será por tanto la vía que utilizará el actual Ejecutivo, y los sucesivos, para hacer proyecciones oficiales de gasto en función de distintas simulaciones de comportamientos del sistema y de los efectos de posibles reformas
Las tres trampas de la nueva herramienta del Gobierno para calcular el coste de las pensiones
La proyección del 14% de gasto en pensiones hasta 2050 es discutible. Pero lo que nos invita a la duda es todo lo demás.
ste jueves, el Gobierno ha presentado INTegraSS, una herramienta destinada a realizar las proyecciones necesarias para anticipar cuál va a ser el gasto en pensiones en las próximas décadas. Elma Saiz –Seguridad Social– y Carlos Cuerpo –Economía– eran los ministros encargados de conducir el acto. Y estaban eufóricos: la ministra aseguraba que este nuevo sistema permitirá «un enfoque renovado más robusto, que se crea para apoyar que la toma de decisiones esté en línea con la sostenibilidad financiera del Sistema. Es una gran apuesta del Ministerio por la transparencia y el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia».
La primera «evidencia», en opinión de Saiz, es que «el sistema de pensiones es sostenible, su gasto a futuro es asumible y las medidas que hemos adoptado están funcionando». De hecho, nos aseguran que el gasto en todo tipo de pensiones –contributivas, asistenciales y clases pasivas– ascenderá a un promedio del 14% del PIB en el período 2022-205. Una cifra importante (y superior a la actual, que está por debajo del 13%) pero que se queda lejos de lo que hasta ahora habían pronosticado la AIReF –14,4%– o la Comisión Europea –por encima del 15%–.
Todo muy bonito. Y muy tramposo. No por la cifra del 14%. Esa cifra, como cualquier otra que hubiera puesto sobre la mesa el Gobierno, es discutible. Lo que nos invita a la duda es todo lo demás.
Asegura el Gobierno, en su nota de prensa, que «INTegraSS aprovecha todo el potencial de las bases de datos que posee la Administración de la Seguridad Social y se enriquece también de datos de otros organismos como el INE o el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de analizar el patrón actual de comportamiento y proyectarlo hacia el futuro. A su vez, ofrece un alto nivel de detalle y flexibilidad: características del pensionista, género, régimen de Seguridad Social, tipo de jubilación, etc. Esta granularidad constituye la principal ventaja respecto a otros modelos existentes».
Está muy bien que tengamos todos estos datos a nuestra disposición –si es que realmente el Gobierno los comparte y permite que otros organismos públicos o instituciones independientes los usen–, lo que no se entiende es por qué tienen que ser los ministerios implicados los que se arroguen la autoridad para plantear esas proyecciones.
En un país serio y que ya dispone de otros organismos públicos muy bien preparados para esta tarea –pienso en la AIReF o el Banco de España–, lo normal sería que el Gobierno ofrezca los datos –también a entidades privadas– y dé un paso atrás para sean esas otras instituciones las que analicen los diferentes escenarios.
[Para otro día dejamos la cuestión, también clave, de si la AIReF y el Banco de España siguen siendo fiables o si la contaminación del sanchismo también los ha convertido ya en sospechosos].
Porque esas proyecciones de las que hablamos siempre serán subjetivas. Nada de «evidencias», como dice Saiz. Las evidencias serán las que deriven de las cifras pasadas. Las futuras siempre estarán sujetas a discusión: ¿cómo evolucionará la productividad? ¿Y el empleo? ¿El crecimiento del PIB? ¿Esperanza de vida? Hagan ustedes cualquier ejercicio que implique el pronóstico de cualquier variable; y luego alarguen el ámbito temporal a futuro 15-20 años. Incluso diferencias iniciales mínimas –de una o dos décimas–, que pueden parecer anecdóticas, generarán resultados finales muy diferentes. Con esto no digo que el 14% sea malo y el 15% de Bruselas sea bueno. Lo que digo es que los incentivos importan. Y el incentivo de cualquier Gobierno siempre será dibujar un panorama a futuro más optimista.
La trampa del PIB
La segunda trampa tiene que ver con la propia cifra, ese 14% que el Gobierno nos dice que debería tranquilizarnos. Y ni siquiera creo que haya que discutir el dato concreto: como decía antes, no le veo demasiado sentido a un debate sobre si será el 14%, medio punto más o medio punto menos. La trampa está más en lo que parece que se desliza tras el discurso tranquilizador del Gobierno.
- Ese 14% es una media. Es decir, si ahora partimos de una cifra inferior, quiere decir que en 2045-2050 estaremos bastante por encima (superior al 15%).
- Como explica en X Jon González, aunque el Gobierno ha vendido ese 14% de gasto medio como una buena noticia, en realidad es superior al 13,6% que el mismo Gobierno proyectaba hace apenas un par de años.
- Para no pasar del 14% –de media– necesitaremos crecer –en población, PIB, productividad…– ¿Lo conseguiremos? Ahí volvemos a lo que decíamos antes de los supuestos. Cualquier herramienta que quiera proyectar la evolución de una variable a futuro, dependerá de los supuestos de partida. Usar un supuesto u otro es lo más subjetivo que nos podamos imaginar. Suena muy científico hablar de un 14%, de millones de datos recopilados, de granularidad… pero no lo es. Ni puede serlo. Al final, prever cuál será la población, PIB per cápita o productividad dentro de 10 años es un ejercicio de adivinación. ¿Es inevitable que lo sea? Sí. Pero no nos engañemos a nosotros mismos dándole una pátina de certidumbre a lo que no puede serlo.
- Ese 14%, incluso si se cumpliera, que es algo que hay que ver, supone un gasto en pensiones superior al de muchos de nuestros vecinos y competidores. Es verdad, probablemente será un nivel inferior al de Francia o Italia, pero muy superior al de la mayoría del resto de países de la Eurozona. Como ese gasto –como cualquier otra partida presupuestaria– sale de los impuestos, eso implicará un coste para el empleo en España superior al de esos otros países. No entramos en si es necesario o no; o si los pensionistas lo merecen. Ahí tenemos otro debate. Lo que decimos es lo obvio: incluso las mejores estimaciones, implican un lastre sobre nuestra competitividad.
La trampa del resto de los gastos
La trampa que más veces hemos denunciado es la que aísla el gasto en pensiones del resto del Presupuesto público. Esa idea, tan atractiva pero falsa, del «Sistema de la Seguridad Social». Ese sistema no existe. Lo que existe es un reino de España que tiene una Hacienda, con ingresos (IRPF, IVA, Cotizaciones…) y gastos (pensiones, Defensa, Sanidad…)
¿Podríamos gastar más en pensiones? Claro, a cambio de reducir el resto o recaudar más. Esto es importante porque el crecimiento del PIB en los últimos años no ha llegado de grandes mejoras de productividad o incrementos en el PIB per cápita: ha sido un crecimiento acumulativo (población) y no cualitativo.
Por supuesto, cómo crezcas es relevante a la hora de analizar el impacto en el gasto. Si creces incrementando población, eso tiene unas implicaciones en el resto de servicios públicos: Sanidad, Transporte, Educación, transferencias del Estado a las familias de menos ingresos… Es un punto clave que nadie hasta ahora ha analizado. Porque puede haber más tensión para el presupuesto –y para el gasto en pensiones–con una ratio «Gasto Pensiones / PIB» más baja, si ese incremento del PIB –que es lo que reduce la cifra final– implica fuertes incrementos en el montante del resto de las partidas.
Esto es lo que estamos viendo en España en estos momentos: muchos servicios públicos al límite por el incremento poblacional. La manta corta del presupuesto también se nota aquí: si tiramos para intentar tapar ese problema, podemos destapar el que creíamos controlado en el 14%. Puede que ese 14% ya no valga como sinónimo de «sostenibilidad».
La trampa del optimismo y las reformas
La última gran trampa, la más importante. ¿Cómo será el futuro de la economía española? Es imposible saberlo. Elma Saiz dice que podemos estar tranquilos, sea cual sea, porque las reformas están funcionando. Y eso es mentira. No que estén funcionando o no, sino que podamos estar tranquilos. Porque la clave de las reformas que ha puesto en marcha este Gobierno –sobre todo, las impulsadas por José Luis Escrivá– es que (1) ponen casi toda la carga en los ingresos, dañando la actividad productiva –no son reformas de las pensiones, son subidas fiscales–; y (2) están pensadas para el mejor escenario posible.
A pesar de lo que se ha dicho tantas veces, lo que los expertos convocados por Fátima Báñez plantearon en 2013 no fue una senda de reducción automática de las pensiones. Lo que plantearon fue un mecanismo de ajuste, en función de cómo nos fueran las cosas. Si España crecía y también lo hacían los ingresos, podrían subir las prestaciones; si impuestos y cotizaciones no daban más de sí, habría que hacer ajustes, también entre los pensionistas.
Pero aquello fue barrido por la demagogia política. Ahora lo que tenemos es un modelo que se sostendrá si todo sale bien. ¿Y si no? ¿Si viene una recesión? ¿Si empezamos a sufrir una desaceleración del crecimiento? ¿Si esa desaceleración viene acompañada por la salida del país de los inmigrantes más cualificados y los que se quedan son los que menos aportan fiscalmente? Tampoco es un escenario tan improbable: es lo que vivimos entre 2010-2015 –anteayer, por así decirlo–.
Cualquier reforma o proyección responsable del sistema de pensiones debería tener en cuenta que el futuro es imposible de anticipar, para bien o para mal. Y que suele ser mejor prepararse por si algo sal mal –si sale bien, siempre es más fácil ajustar al alza–. No lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Mientras tanto, Cuerpo y Saiz tienen ya sus proyecciones. Y una nueva cifra mágica: el 14%. Lo que saben es que si dentro de 10-15-20 años esas proyecciones no se cumplen, por ejemplo porque crecemos menos, y hay que hacer ajustes a la griega –con recortes del 20-30%– ellos no estarán ni nadie les pedirá cuentas. Sobre eso sí podemos decir que estamos ante una evidencia
Interesara: Seguridad Social no ha tenido en cuenta la regularización de inmigrantes en sus proyecciones de gasto en pensiones https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2026/04/13/69d8d15ae9cf4a3c0e8b4585.html