Alegan que cruzar dos bases de datos para dar la información necesitaría muchos recursos.
El documento oficial donde la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechaza facilitar las estadísticas sobre cuántos pensionistas hay que además, perciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La resolución, firmada por Carmen Armesto González-Rosón, directora general del organismo y con un sueldo anual en 2025 de 111.353,80 euros, argumenta que la información requiere cruzar dos bases de datos y medios humanos y materiales no justificados.
La argumentación para ocultar la información
La entidad fundamenta su negativa en el artículo 18.1.c de la Ley de Transparencia. El texto indica que se inadmiten las solicitudes «relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración». Los responsables explican que «los datos que Vd. ha solicitado no se encuentran en ninguna explotación estadística y, por lo tanto, su obtención obligaría a una acción de reelaboración en la que el primer paso sería cruzar los datos de los registros incorporados a las aplicaciones de gestión de la prestación de IMV con los correspondientes a las pensiones públicas registradas en nuestros sistemas y los siguientes, analizar y depurar los datos obtenidos y controlar su coherencia». Añaden que «esta acción de reelaboración obligaría a detraer recursos humanos y materiales que están dedicados a la gestión, lo que no resulta posible para esta Entidad dado el volumen de aquella». Destacan también que «cualquier información que no esté incluida en estos ficheros estadísticos requiere un trabajo específico y expreso de obtención y reelaboración de los datos, trabajo que […] supone, como se le ha indicado, un consumo importante de recursos materiales y personales inicialmente destinados a la gestión».
Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo niega ese razonamiento alegando que la mera ordenación, recopilación, suma, constatación o cruces de datos que ya obra en su poder «no es reelaboración«, que responder a solicitudes de información es trabajo ordinario y que hay que justificar debidamente por qué detraería recursos excesivos para responder a la solicitud de información.
Condiciones que deben reunir los jubilados
El Ingreso Mínimo Vital es compatible con la jubilación, sean contributivas o de otro tipo. No obstante, dichas retribuciones se consideran ingresos completos para la unidad familiar. Solo procede del IMV cuando la suma mensual de la pensión, incluyendo proporción de pagas extras, queda por debajo del umbral de ingresos protegido.
En tal supuesto, la ayuda cubre únicamente la diferencia hasta alcanzar ese umbral, sin poder excederlo. Si la pensión iguala o supera el nivel garantizado, no existe derecho a recibir el Ingreso Mínimo Vital. Entre los requisitos comunes destacan la permanencia legal y efectiva en territorio nacional durante 12 meses previos, con salvedades limitadas para ciertos colectivos. El solicitante principal ha de contar con 23 años cumplidos, salvo casos contar con menores a cargo. La convivencia debe estar consolidada al menos durante medio año. También se evalúa el patrimonio neto, excluyendo la vivienda principal, que no puede superar ciertos topes establecidos. Se excluye a quienes dirijan sociedades mercantiles. Desde hace años, esta ayuda resulta incompatible con antiguas figuras asistenciales previas que se han suprimido al concederse la nueva. Las cuantías varían según composición del hogar, con importes base para una persona sola y escalas ascendentes por miembros adicionales, discapacidad o monoparentalidad. El simulador oficial permite comprobar el derecho concreto introduciendo datos personales y familiares.
Aumento del gasto en pensiones e IMV
Diversos análisis realizados por Libertad Digital ponen de relieve el fuerte incremento en el desembolso destinado al Ingreso Mínimo Vital, que ya ha rebasado los 200.00 millones de euros anuales. Paralelamente, el número de personas que dependen de esta prestación ha alcanzado máximos históricos, superando los 2.5 millones de personas. Las políticas de regularización de extranjeros impulsadas por el Gobierno se señalan como factor que podría incrementar aún más las solicitudes y pagos de esta ayuda. Al mismo tiempo, se ha producido un notable aumento de las pensiones no contributivas, con subidas porcentuales significativas en sus importes. Expertos advierten que la llegada masiva de inmigrantes podría terminar afectando gravemente la viabilidad futura del sistema de pensiones. En paralelo, ha surgido polémica en la Unión Europea por el uso de fondos comunitarios para financiar pagos de pensiones en España, generando críticas en países como Alemania.
Diversas voces han calificado de «inadmisible» esta práctica. Por otro lado, Sánchez ha evidenciado cómo el actual modelo deja al descubierto debilidades estructurales en el mantenimiento de las prestaciones de jubilación a largo plazo. Informes del Tribunal de Cuentas han detectado desvíos de fondos covid de la UE hacia el pago de estas obligaciones. Además, se observa un cambio demográfico entre los jubilados, donde ya son más numerosos aquellos que reciben pensiones máximas que los que perciben la mínima. Por último se registra un crecimiento espectacular en las solicitudes de residencias por arraigo familiar para mayores, lo que podría estar relacionado con intentos de acceder a pensiones no contributivas en diez años para posteriormente volver a sus países de origen donde esta retribución podría dar para vivir cómodamente.
Fuente: El Gobierno desconoce el número de pensionistas que también cobran el IMV – Libre Mercado
