«La consecuencia es física. El gasto total en pensiones marcó en 2025 un nuevo récord histórico»
La mecánica es sencilla. Cada vez que un pensionista causa baja, porque fallece o deja de percibir la prestación, es sustituido por uno nuevo que entra al sistema cobrando, de media, 500 euros más al mes. No porque haya habido inflación, sino porque las cohortes de trabajadores que se jubilan ahora tienen carreras más largas, bases de cotización más altas y prestaciones más elevadas que las generaciones anteriores. Es un mecanismo que sólo puede ir en un sentido: hacia arriba.
La consecuencia es física. El gasto total en pensiones marcó en 2025 un nuevo récord histórico de 216.653 millones de euros, según datos del IVIE y el Ministerio de Inclusión, y para 2026 la proyección lo sitúa en 229.263 millones, un 5,9% más. Expresado como porcentaje del PIB, España dedicará en torno al 13% de toda su riqueza nacional a pagar pensiones. Para poner en contexto, el gasto en defensa no superará el 1,5% (pese al 2% exigido por la OTAN), el de educación el 5% y el de sanidad el 7%, que sumados se aproximan al gasto en pensiones. En 2012 era el 10%. En 2019, el 11,3%. La tendencia no sólo no se frena, sino que se acelera.
La AIReF lo dice sin eufemismos en su Informe 2/25, publicado en marzo: el sistema presenta un riesgo medio-alto de sostenibilidad en el largo plazo. No es una advertencia técnica menor enterrada en un anexo. Es el organismo independiente de control fiscal diciéndole al Gobierno que la trayectoria actual no es compatible con la estabilidad presupuestaria.
Aquí entra la reforma Escrivá. Prometida como la solución estructural que garantizaría la sostenibilidad, aplaudida por Bruselas como condición para recibir los fondos europeos, la reforma de 2023 vinculó la revalorización de las pensiones al IPC con carácter permanente y amplió la base de cálculo para las nuevas prestaciones. En la teoría clásica socialista-populista, más justicia. En la práctica real del contribuyente, cada día más asfixiado, más gasto comprometido y menos margen de maniobra. La revalorización automática convirtió en derecho adquirido lo que antes era una decisión política anual, sometida al debate parlamentario y a la situación de las cuentas públicas. El efecto sustitución, mientras tanto, sigue corriendo por su cuenta.
¿Puede el Estado seguir prometiendo pensiones que no podrá pagar? Esa es la pregunta que ningún partido quiere responder en voz alta. No es una pregunta retórica, es una duda aritmética. Con una población que envejece, la generación del baby boom entrando en masa en la jubilación durante los próximos quince años y un mercado de trabajo que sigue generando empleo precario con bases de cotización bajas, la brecha entre ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social no va a cerrarse sola. 628 millones al día definen la sostenibilidad fiscal de nuestro modelo.
El debate sobre las pensiones en España lleva décadas secuestrado entre dos posiciones igualmente estériles: los que niegan que haya un problema y los que proponen soluciones tan dolorosas que nadie quiere oírlas. Lo que revelan los datos de 2026 es que la negación ya no es sostenible. El efecto sustitución no aparece en los titulares sobre las subidas que reciben los jubilados ni en los discursos sobre la dignidad en la vejez, pero sí aparece, puntual e implacable, en el gasto público, incluso sin Presupuestos Generales del Estado actualizados. Y seguirá apareciendo, año tras año, hasta que alguien decida ser honesto sobre lo que el sistema puede soportar y deje de prometer el cielo.
Fuente: El sistema de pensiones devora el futuro: cada nueva pensión cuesta 500 euros más
