Las empresas públicas suben la plantilla hasta su máximo en más de veinte años
El incremento del empleo público, a tasas que superan –en proporción– el propio del sector privado, es un hecho que se repite trimestre tras trimestre desde el final de la pandemia. Menos conocida, sin embargo, es la intensidad con la que ese auge se manifiesta en el subsector de las Administraciones correspondiente a las empresas públicas e instituciones afines.
De una forma discreta –ya que los expertos denuncian que este tipo de entidades muestran una opacidad que sería intolerable en otros organismos estatales, autonómicos o municipales– las entidades de esta índole tienen a su cargo casi 200.000 asalariados. Se trata de su cota máxima en más de veinte años en la actual serie histórica.
Así lo refleja el registro más exhaustivo sobre su evolución, del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos cerrados en el primer trimestre del presente ejercicio. Su número absoluto puede parecer pequeño en proporción a los más de tres millones de empleados públicos (funcionarios y personal contratado) en activo actualmente en España, pero conviene atender a su evolución porcentual.
Así, de todos los estamentos que componen el sector público, el propio de las empresas es el que con más intensidad incrementa su personal. Entre 2024 y 2026 su avance fue superior al 20%; en solo un año, entre el primer trimestre de 2025 e idéntico periodo de 2026, fue de casi el 11%. En dicho plazo, la plantilla de los organismos del Estado (siempre excluidos los de naturaleza empresarial) crecieron menos del 7%. En el caso de las comunidades autónomas, el avance interanual se reduce al 3,8%, mientras que en el caso de las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) el incremento es inferior al punto porcentual.
Rastrear la naturaleza de esta red empresarial sostenida con dinero procedente del bolsillo de los contribuyentes resulta complejo, debido a la gran cantidad de ellas que existen. Los datos globales que ofrece el Ministerio de Hacienda se refieren a la existencia de más de 4.000 «entidades» –así las denominada la nomenclatura oficial– asociadas a las Administraciones.
Son casi 500 las que se adscriben a la Administración central, y constituyen aquéllas que presentan un mayor tamaño. Más importante todavía es su cuantía a escala de las comunidades autónomas, con casi 1.300 operativas con datos actualizados por Hacienda a junio del presente año. En cuanto a las entidades locales, es ahí donde encuentran un caldo de cultivo especialmente propicio, que da oxígeno a casi 2.560 organismos, en gran parte empresas.
Fuera del radar
No obstante, su proliferación no es el mayor de los problemas que plantean. De mayor gravedad son las posibilidades que se les ofrecen para eludir los controles y las auditorías. Esta situación no solo se da a escala municipal y autonómica, sino también en aquel escalón del sector público, el estatal, en el que la maraña de empresas e instituciones no es tan tupida.
Aun así, la Intervención General del Estado informaba, a principios de este año, de la existencia de más de 282 entidades que presentan un control previo de su gasto completamente «ausente». Esa insuficiencia se produce aunque la IGAE detectaba en ellas «riesgos relevantes», en cuanto al peligro de que sus cuentas no reflejen la realidad de la corporación, transgredan la normativa o contengan errores que oculten incidencias relevantes en sus balances.
En segundo lugar, los expertos también señalan la falta de idoneidad, desde el punto de vista de la más básica eficiencia financiera, de este tipo de organismos. Lo reflejan variables como la evolución de su deuda, de acuerdo con su seguimiento por parte del Banco de España. El supervisor resalta que el pasivo en términos globales de las empresas públicas españolas ha superado en los ejercicios los 41.000, la cifra más alta desde que en el mismo periodo de 2016 alcanzara los 42.401 millones.
El monto más importante pertenece a las empresas públicas controladas por la Administración central, con un saldo de 35.099 millones. Por su parte, la deuda de las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas se ha situado en los 4.118 millones, mientras que las dependientes de las corporaciones locales atesoraron una deuda de 2.190 millones.
Por regiones, la deuda de las empresas públicas que dependen de las comunidades es superior en la Comunidad de Madrid, con un endeudamiento de 2.944 millones, seguida de Cataluña (955 millones), País Vasco (93), Navarra (54), Aragón (38) y Andalucía (23).
El gasto en sueldos públicos superó los 181.000 millones por el alza de plantillas
El año 2025 cerró con un gasto total en nóminas públicas de 181.494 millones de euros, un nuevo récord. Esta cantidad es un 5,3% superior a la del cierre de 2024, que fue de 172.350 millones, año que también marcó un hito respecto a los anteriores. El montante corresponde a las tres administraciones públicas (central, autonómica y local) y es el definitivo publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
La progresión en este capítulo de gasto ha sido constante desde 2018. Uno de los motivos fundamentales es el aumento del número de empleados públicos. A lo largo de 2025, el empleo público creció en 142.400 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Así, cerró el año con un total de 3.641.400 trabajadores.
Prácticamente la mitad son empleados de las comunidades autónomas. La administración autonómica es la que más plantilla absorbe, más de 1,9 millones de personas. Es el 62,5% del total y esta distribución se debe a que son las autonomías las que gestionan servicios públicos básicos como sanidad, educación o asuntos sociales, sectores muy intensivos en empleo.
El año pasado fue Extremadura la que mayor porcentaje de crecimiento de empleo público registró en el primer semestre, un 8,3%. Con un 4,4% siguió Baleares y con un 3,7%, Aragón. Cantabria y Galicia ocuparon los lugares siguientes con alzas del 2,6%. No obstante, las comunidades autónomas que más personal emplean son, por este orden, Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Más del 55% de los efectivos de las Administraciones Públicas trabajan en estas cuatro autonomías, de acuerdo con el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, cuyos últimos datos publicados llegan hasta julio de 2025.
El Estado resulta el empleador del 17,5% del personal público. Sin embargo, el crecimiento de este ha sido fuerte en los últimos años a través, fundamentalmente, de las Ofertas de Empleo Público (OEP), en las que no se incluye al personal laboral ni a los interinos ni al personal eventual de confianza. Los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han cuadruplicado de largo las convocatorias realizadas en la época de la presidencia de Mariano Rajoy. De 2012 a 2018 se convocaron unas 60.000 plazas y hasta 2025 han sumado unas 260.000. Hay que tener en cuenta que en los últimos diez años se ha producido un alto número de jubilaciones, más de 20.000. La OEPdel año pasado consistió en 36.588 vacantes , entre los nuevos ingresos en la Administración y las plazas de promoción interna (8.891). Esta convocatoria fue la menor desde 2021 pues entre 2022 y 2025 salieron muchas más plazas de empleo público. El 78% de las plantillas estatales son funcionarios de carrera.
En el primer semestre de 2025 disminuyeron los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (casi 2.000 estas últimas), además de los de los juzgados y los tribunales.
El segundo motivo del incremento de los gastos en sueldos públicos en 2025 fueron, y así lo recoge el Ministerio de Hacienda, las subidas salariales.
El ejercicio pasado se hizo efectivo un aumento del 0,5% adicional en las nóminas. Este medio punto cumple la condición de que la suma de la variación del IPCA (Índice de Precios al Consumo Armonizado) de 2022, 2023 y 2024 superó el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo trienio. Este pago adicional incluyó los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024. Es consolidable, por lo que se refleja en las nóminas sucesivas de manera permanente, t
Por su parte, el Estado abonó en la nómina de diciembre de sus empleados el aumento del 2,5% pactado para 2025. Las comunidades autónomas lo hicieron en enero pues la mayoría tenían los presupuestos ya cerrados por lo que el Estado permitió que los gobiernos regionales abonaran la subida salarial con retraso aunque se saltara de ejercicio.
La tendencia es que el incremento en este coste continúe en 2026
La tendencia de incremento en este tipo de gasto público continuará en este 2026 pues sus dos causas principales, aumento de plantillas y subidas salariales, llevan el mismo ritmo que el año pasado, sino resulta superior.
En el primer trimestre de 2026 el total de empleados públicos en las tres administraciones ascendió a 3.662.500, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El aumento del empleo público fue de 21.100 personas entre los meses de enero y marzo. Este crecimiento contrasta con la caída de 191.400 empleos en el sector privado, lo que revela que los puestos de trabajo creados fueron únicamente de carácter público.
La Oferta de Empleo Público para este año, todavía en fase de negociación con los sindicatos y por tanto sin aprobar, parece que va a ser similar en cuanto a la cantidad de plazas convocadas. Esto significa que al menos habrá 27.000 nuevos ingresos en la Administración General del Estado.
A su vez, gobiernos autonómicos y locales prosiguen convocando nuevas plazas y realizando nuevas contrataciones desde que comenzó el año para toda clase de servicios, desde policías municipales a personal de centros sociales y educativos o servicios sanitarios.
En lo que respecta a las subidas salariales, en 2026 se hará efectivo lo acordado en el acuerdo marco con los sindicatos que tiene validez hasta 2028. Los empleados públicos recibirán un aumento salarial fijo del 1,5%, con un posible 0,5% adicional ligado al IPC, lo que podría elevar la subida total hasta el 2%. Las autonomías y las entidades locales hacen frente este año a las subidas pactadas para 2025 ya que no llegaron a tiempo en el mes de diciembre. El Estado les permitió elaborar sus propios calendarios de pagos para actualizar las nóminas según las negociaciones con los representantes sindicales respectivos. «La cantidad vincula a todas, la forma de pago dependerá de lo que cada administración acuerde», informó el ministro para la Transformación Digital y Función Pública Óscar López al dar cuenta de lo aprobado por el Gobierno en relación con el acuerdo marco.
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Las empresas públicas suben la plantilla hasta su máximo en más de veinte años
El gasto en sueldos públicos superó los 181.000 millones por el alza de plantillas
