Cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, está inyectando poder de compra que los precios terminan absorbiendo»
Entre 2023 y 2024, la situación se corrigió. La inflación moderó su marcha hasta el 3,5% y luego el 2,8%, mientras las subidas salariales negociadas en convenio superaron el 4% y el 3,6%, respectivamente. Por primera vez desde 2008, los trabajadores con convenio ganaban terreno frente a los precios. Era una recuperación real, aunque frágil.
Los sindicatos mayoritarios han reclamado incrementos del 4% anual para el periodo 2026-2028, con cláusulas de revisión adicionales de hasta el 1,5% si el IPC lo supera. La patronal, que defiende la moderación para preservar el empleo y la competitividad, no ha cerrado un acuerdo. El debate está abierto y, mientras tanto, los salarios en convenio pierden posiciones frente a la inflación mes a mes.
Hay un contraste que merece la pena señalar. El sector público tiene garantizadas subidas salariales consolidables —esta es la clave— de un 2,5% en 2025, un 2% en 2026 y un 4,5% en 2027. Los más de 3,6 millones de empleados públicos no negocian con la inflación; su incremento está fijado por ley y se consolida en la base salarial. El sector privado, donde la negociación colectiva es el único mecanismo de ajuste, registra subidas del 2,92% frente a un IPC del 3,2%. La asimetría es llamativa.
La narrativa oficial combina las dos realidades de forma conveniente. El crecimiento del PIB al 2,6% y el descenso del paro se presentan como prueba de que la economía va bien. En ciertos indicadores agregados, efectivamente va bien. Pero el IPC del 3,2% actúa como un impuesto silencioso sobre todos los que no tienen mecanismos de indexación automática, que son la mayoría de los trabajadores del sector privado.
El debate sobre si los salarios deben subir un 3% o un 4% es el debate equivocado. El debate correcto es por qué la inflación española sigue siendo el doble del objetivo del BCE cuando se supone que la economía funciona
Fuente:El sueldo menguante
