Pretende extender un producto de ahorro barato hasta ahora más enfocado a grandes empresas a un gran número de asalariados, autónomos y empleados públicos
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes 23/11/2021 al anteproyecto de ley para la creación del primer fondo público de pensiones, como primer paso para el despliegue normativo que quiere acometer el Gobierno con el fin de extender en España los planes de pensiones promovidos por las empresas, frente a los individuales.
Uno de los cambios más llamativos es que se refuerza el papel de la negociación colectiva, según ha explicado José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Concretamente, la idea es que si la negociación colectiva, es decir, el diálogo entre patronal y sindicatos, decide por convenio que haya planes de pensiones de empleo colectivos en un plan sectorial, esta condición se podrá imponer a todas las empresas del sector del que se trate.
Estos serán los planes de pensiones colectivos «simplificados «. A estos se sumarán los fondos de empleo de promoción pública, «que facilitarán la adscripción de todo tipo de trabajadores». Según ha explicado Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la idea es «propiciar y facilitar que asalariados, autónomos y empleados públicos tengan acceso a planes colectivos» con productos de ahorro «baratos». El ministro que este real decreto pretende «propiciar y facilitar a muchísimos asalariados, autónomos e incluso empleados públicos que hasta el momento no han tenido acceso a un producto como los planes de empleo colectivos, un producto de ahorro barato, que hasta ahora solo se daba en grandes empresas».
El anteproyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo aprobado, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales recoge comisiones más bajas e incentivos fiscales con el fin de extender los planes de pensiones de empresas, tras los pasos dados ya por el Ejecutivo en los Presupuestos en detrimento de los individuales.
Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que la idea es presentar en el Congreso el proyecto de ley antes de que finalice el año para que esté operativo a partir del año 2022.
El Gobierno, tal y como ha subrayado en varias ocasiones el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que presenta el nuevo fondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, considera que no incentivan el ahorro y acaban beneficiando solo a las rentas más altas.
Y es que en España los planes privados colectivos complementan pensiones en apenas algo más del 10% de la población activa ocupada, frente al rango del 25% al 90% que se registra en el resto de Europa, por lo que la norma busca fomentar la creación de nueva previsión social complementaria incardinada en las empresas y facilitar el acceso a los planes de empleo a colectivos que encontraban dificultades en su acceso.
El borrador trasladado hace un mes a la patronal y los sindicatos fue recibido de forma tibia por los agentes sociales. Las patronales reclamaron una adopción progresiva del fondo público de pensiones y la entrada de las pequeñas gestoras en los mismos.
De su lado, los sindicatos advirtieron de que el futuro fondo público de pensiones no será objeto de negociación en el marco de renovación del Pacto de Toledo.
Al nuevo fondo público de pensiones, según el borrador al que tuvo acceso este medio hace unas semanas, podrán encuadrarse planes de empresa fruto de negociación colectiva, junto a planes de administraciones públicas, sociedades mercantiles públicas, asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales o mutualidades.
Al mismo podrán adherirse las empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva, así como administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas, y asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales y mutualidades vinculadas.
El Ejecutivo actuará como entidad promotora a través de la Comisión Promotora y de Seguimiento como órgano designado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los ahorros serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única Comisión de Control Especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública.
También se creará una única Comisión de Control Especial compuesta por 17 miembros designados por la Comisión Promotora y de Seguimiento para los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. De los 17 miembros, cuatro serán a propuesta de los sindicatos más representativos, otros cuatro de las patronales y nueve por el Ministerio.
La Comisión Promotora y de Seguimiento será el órgano encargado de fijar y aprobar la estrategia de inversión común de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y tendrá derecho de veto respecto de las decisiones de la Comisión de Control Especial que atañen a la política de inversión y sustitución de entidad gestora y depositaria.
El Gobierno ya dio unos primeros pasos en el proyecto de Presupuestos. Las nuevas cuentas mantienen en 10.000 euros la aportación total a los planes de pensiones, pero ‘castiga’ el ahorro privado, ya que reduce en 500 euros, hasta los 1.500 euros el límite de aportación deducible en los planes de pensiones privados, por lo que los trabajadores que contraten de forma directa los planes de pensiones tendrán derecho a una menor deducción.
En cambio, incrementa la aportación máxima de los planes privados de empresa de 8.000 a 8.500 euros. Es decir, aumenta las desgravaciones si se decide ahorrar para la jubilación mediante productos colectivos o planes de empleo. Las gestoras de fondos de pensiones se oponen al considerar que desincentiva el ahorro individual para la jubilación.
El Ejecutivo busca así desincentivar el ahorro a través de estos productos de planes de pensiones individuales, que registran un patrimonio de unos 87.000 millones, y fomentar el ahorro a través de planes de empleo, dentro de una empresa (promovidos por la compañía o administración pública de turno), que presentan un patrimonio inferior de 37.000 millones.
Ya en 2021 el Gobierno redujo de 8.000 a 2.000 euros las desgravaciones fiscales en el IRPF de los planes de pensiones privados individuales y elevó de 8.000 a 10.000 euros las que se podrían obtener mediante los planes de pensiones colectivos en las empresas
Precisamente, el cambio de la fiscalidad la introdujo el Gobierno en los Presupuestos vigentes para el actual ejercicio reduciendo a sólo 2.000 euros las desgravaciones fiscales en el IRPF de los planes de pensiones privados individuales y elevando de 8.000 a 10.000 las que podrán obtenerse en planes de pensiones colectivos contratados en el seno de las empresas.
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