La Seguridad Social, sobre todo en lo relativo a los compromisos de pago que supone el sistema de pensiones, está de facto quebrada. Así lo demuestra la necesidad de que el Ejecutivo realice continuamente nuevos ajustes con los que garantizar su sostenibilidad. Una de las estrategias del Gobierno ha sido incentivar que los trabajadores retrasen su edad de jubilación. De este modo, incluso se ofrecen importantes beneficios para quienes tomen esta decisión. Y parece que esta fórmula está siendo efectiva, al menos con el número de personas que se jubilaban antes de los 65 años.
Caen las prejubilaciones
Lo cierto es que la crisis del sistema de pensiones es un problema que España arrastra desde hace décadas, cuando la pirámide poblacional comenzó a invertirse y, con ello, aumentaron los riesgos para la sostenibilidad de la Seguridad Social, dependiente del número de trabajadores activos. Este problema también afecta a las cuentas del conjunto del Estado, puesto que el déficit existente en la Seguridad Social se financia directamente con transferencias de otras administraciones.
Así las cosas, en agosto de 2011 se aprobó la Ley 27/2011 sobre la «actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social», donde se admitía que este sistema «tiene que seguir haciendo frente a importantes desafíos, afrontando a largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de evolución demográfica, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de aquél«.
En este sentido, el documento incidía en que «el hecho incuestionablemente positivo de que la esperanza de vida aumente progresivamente en España, (…), enfrenta también el reto de que, en el futuro, será necesario asumir el pago de más pensiones durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la población». Así, se reconocía también que «la disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la esperanza de vida de las personas mayores está provocando una inversión de la estructura de la pirámide de población», añadiendo que «de no modificarse, (…), esta tendencia mediante el incremento de las tasas de natalidad y de los flujos migratorios, la misma se acentuará en las próximas décadas, por la propia evolución demográfica».
Por otra parte, el texto incidía además en que «no es solo la tendencia demográfica el único factor que aconseja hacer las reformas que esta ley realiza en el sistema de pensiones». De este modo, se establecía que «resulta necesario reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir».
Todo ello es lo que está evaluando Fedea ahora, que en un reciente informeasegura que, gracias a dicha reforma, ya se pueden apreciar los efectos relacionados con el retraso de la jubilación. Concretamente, de acuerdo con este análisis «los trabajadores afectados retrasan en promedio su jubilación efectiva en 8,1 meses«.
Al respecto, el documento también explica que «la respuesta dominante es el desplazamiento de la jubilación más allá de los 65 años: la probabilidad de jubilarse después de esa edad aumenta en 26,7 puntos porcentuales, mientras que la jubilación exactamente a los 65 —el gran punto focal del sistema anterior— cae 10,3 puntos y la jubilación anticipada (antes de los 65) se reduce 17,7 puntos».
Como podemos comprobar en el gráfico anterior, este efecto es distinto en los hombres y en las mujeres. De acuerdo con el informe de Fedea, los datos sugieren que, tras la reforma de 2011, la jubilación anticipada antes de los 65 años ha disminuido un 11,2% en el caso de los hombres y un 25,7% en el de las mujeres. Según el informe, estas diferencias reflejan «la mayor concentración de mujeres por debajo del umbral de larga carrera y su mayor dependencia, antes de la reforma, del período de jubilación anticipada».
Por otra parte, este informe también explica que «tanto hombres como mujeres se inclinan fuertemente hacia la jubilación después de los 65 años tras la reforma, pero el ATT de las mujeres es sustancialmente mayor que el de los hombres en todas las cohortes posteriores a la reforma». Al respecto, Fedea señala que «esto confirma la asimetría de género en función de las cotizaciones: debido a que un mayor número de mujeres carece del historial de cotizaciones necesario para acogerse a la exención por larga trayectoria profesional, una mayor proporción de mujeres se enfrenta al aumento de edad legal completo y, en consecuencia, pasa a jubilarse después de los 65 años».
No obstante, todavía no podemos medir el resultado total de esta reforma. Al respecto, Fedea recuerda que «el calendario de la reforma no culmina hasta 2027» e incide en que «la cohorte de 1962, que cumplirá 65 años ese año, será la primera en afrontar las reglas plenamente desplegadas —edad legal de 67 años para quienes no acrediten 38,5 años cotizados— y todas las cohortes posteriores quedarán sujetas a ese mismo esquema de forma permanente».
De esta forma, el organismo explica además que «las cohortes de 1958 a 1962, aún pendientes de evaluación, afrontan retrasos de la edad legal de hasta 24 meses, frente a un máximo de 14 en las cohortes analizadas». Por ello, el estudio incide en que «dado que el estudio documenta que la respuesta escala con la intensidad de la exposición, cabe anticipar que el impacto total de la reforma —tanto el retraso de la jubilación como sus costes en salud— será sustancialmente mayor cuando estas cohortes completen su vida laboral y alcancen los 67 años».
