En 2020, en un tramo de 8 meses, han fallecido en el estado español 421 trabajadores.Desafortunadamente, el conteo no se ha detenido en esa cifra, de hecho, mientras escribo estas líneas, un trabajador de la construcción ha fallecido en un nuevo accidente ocurrido en Cantabria.
Hablamos de personas con nombre y apellidos que pasan a engrosar una terrible lista que no deja nada a la casualidad. Una dura realidad estructural relegada a páginas de sucesos en los medios locales donde pasa al olvido en cuestión de días. Hablamos de víctimas de un sistema precario puesto en duda por los sindicatos, quienes claman por soluciones.
Los datos.
Las cifras son inhumanas ypor ello no ayudan a ver la magnitud de un problema presente en nuestro día a día, pero quizás logremos percibir un marco mayor de un problema que atañe a la clase trabajadora de nuestro Estado. Estos son todos los accidentes (graves, leves, mortales, en jornada e in itinere) que, como recoge el Ministerio, ocurrieron durante los primeros 8 meses del 2020 a lo largo del Estado Español. Unas cantidades abrumadoras, pero que podrían ser incluso mayores. Desde Comisiones Obreras nos explican que la siniestralidad que tiene lugar en la economía sumergida no está recogida por estas estadísticas que, además, presentan “deficiencias” a la hora de clasificar los accidentes de trabajo graves los cuales se notifican como leves.
En el caso de las muertes durante la jornada laboral, CC. OO. advierte que es más difícil que estas se le escapen al sistema al tener más “mecanismos de control” como la presencia “policial y judicial para el levantamiento del cadáver”.
Llama la atención como muchos de los accidentes se concentran Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. La situación en Andalucía preocupa especialmente, para el Sindicato Andaluz de Trabajadores hay “sectores esenciales predominantes como el campo donde no solo no ha disminuido la carga de trabajo, sino que incluso ha podido aumentar” lo cual ha supuesto “más accidentes laborales también porque se trabaja todavía en peores condiciones”. El SAT también denuncia el bajo número de inspecciones que les da “manga ancha a los empresarios”.
El sector de la construcción es el que sale peor parado con una incidencia mensual de 570 trabajadores accidentados por cada 100.000 profesionales. Le sigue muy de cerca el sector agrario con una incidencia de 440 trabajadores. El sector servicios, pese a ser el predominante tiene la incidencia mensual más baja.
Aun así, conviene destacar que hablamos de un sector, el sector servicios, con cargas de trabajo aparentemente menos físicas que en otros trabajos, pero con enfermedades derivadas del trabajo que no entran en ninguna estadística. Este es el caso de sectores como el de las Kellys (camareras de piso), quienes reivindican que las dificultades que tiene que tener una trabajadora para que se le reconozca la baja. En ocasiones las mutuas mandan a las trabajadoras su médico de cabecera quien les manda de vuelta a la mutua. “Una trabajadora tiene que estar rota, es decir brazos, hombros, pierna, o tobillo rotos, sino es así la mutua no se hace cargo porque según ellos es una enfermedad común” nos dicen desde el sindicato de limpiadoras.
De todas formas, este es otro tipo de denuncia por parte de CC. OO. y es que hay enfermedades “de origen profesional” que no están recogidas siendo invisibles a ojos de estos registros estadísticos, pero no para sus trabajadores.
Según explica Comisiones hay un fenómeno de «subregistro» causado por la existencia de largos periodos de tiempo entre “las exposiciones y el diagnóstico de la patología” acuciado sobre todo “porque quien debe comunicar la enfermedad profesional y quien debe hacerse cargo de las prestaciones son las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”.
La ausencia del Covid.
Pese al enorme impacto que la pandemia ha supuesto en nuestras vidas, las cifras de accidentes han ido parejas a las de otros años, pese a que como bien nos explican en CC. OO. los accidentes in itinere hayan descendido. Y es que la carga de trabajo no ha disminuido, todo lo contario, en algunos casos ha aumentado y las condiciones de trabajo han empeorado, lo cual ha vulnerado los niveles de salud y seguridad.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, unas 15 personas fallecieron a causa del COVID. Aunque como contingencia solo ha afectado. Es muy probable que el año que vienen “afloren” cifras mayores, según nos indican desde CC. OO. aunque será “difícil vincular la enfermedad con otros trabajos” a pesar de su exposición al virus.
En definitiva, hay una fuerte correlación entre las condiciones del trabajo y los niveles de salud y seguridad. La precariedad, definitivamente, determina las relaciones laborales.
Comisiones Obreras, entre otros sindicatos, pide una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que «esta se adapte a la nueva realidad laboral» pero también creen que se debería «actuar de manera enérgica sobre las condiciones de trabajo y eso solo pasa por la derogación de las reformas laborales que se pusieron en marcha en los últimos tiempos y que sirvieron para desequilibrar las relaciones laborales a favor de las empresas».
Fuente: Nueva Revolucion
