Mientras España entera arde, menos de mil personas (500 según la Delegación del Gobierno), 4.000 según los propios organizadores de la protesta (UGT y CC.OO.), han salido de paseola tarde del miércoles 23 de marzo en Madrid para pedir al Gobierno que frene la escalada de los precios y adopte medidas de acompañamiento social para los ciudadanos y familias más vulnerables. Los manifestantes han recorrido el tramo entre Atocha y la Plaza de Jacinto Benavente en un ambiente tranquilo y casi bucólico bajo una fina lluvia. Se da la circunstancia que esta manifestación se celebra sólo tres días después de la masiva demostración que tuvo lugar en Madrid el pasado domingo, a la que según la Policía asistieron 150.000 personas (400.000 según los convocantes)
En la cabecera de la misma, tras una pancarta con el lema ‘Contener los precios, proteger el empleo, hay que frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida’, se han situado los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; los responsables de las organizaciones de autónomos UPTA (vinculado a UGT) y Uatae (vinculado a Podems), Eduardo Abad y María José Landaburu; Ignacio Tudela (Facua), y Manuel Osuna (CEAV).
En declaraciones a la prensa al final del paseo por la calle Atocha de Madrid, una de las 58 que se habían convocado para el día 23 en toda España, los líderes sindicales han lanzado “pedidos” a la UE, al Gobierno español y a la patronal CEOE.
En primer lugar, Sordo y Álvarez han destacado la necesidad de que el Consejo Europeo que arranca el jueves 24 de marzo modifique el sistema de fijación de precios de la electricidad para que la cotización del gas no sea la que marque los precios de la luz, en sintonía con la postura que Pedro Sánchez está intentando defender en su periplo europeo, y han denunciado que el actual sistema para fijar los precios “está arruinando a los autónomos, a los ciudadanos y a algunas empresas” destacando que toda Europa “clama” por un cambio en la regulación de los precios energéticos (quizás no estén enterados de la postura de, por ejemplo, Alemania y los Países Bajos al respecto)
Al Gobierno español le han pedido anablemente que despliegue un”amplio catálogo” de medidas para apoyar a los sectores más impactados por los altos precios energéticos y medidas de acompañamiento para las personas vulnerables y con rentas más bajas, que no pueden afrontar el pago de la factura de la luz o que el alquiler se le revalorice de acuerdo a la inflación.
Por último, han lanzado un mensaje a la CEOE, con quien CC.OO. y UGT están negociando un nuevo acuerdo de negociación colectiva (AENC) para los próximos dos o tres años. Los dirigentes sindicales han advertido a la patronal de que “no se van a resignar” a que la crisis la paguen los trabajadores.
Desde UPTA, su presidente, Eduardo Abad, ha lanzado un mensaje de unidad entre trabajadores –por cuenta ajena y propia– y ha pedido medidas “justas, rápidas y contundentes” ante esta situación de incertidumbre por la guerra. También por parte de los autónomos, la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu, ha afirmado que es el momento de tomar decisiones y “pararle los pies” a los oligopolios, sobre todo a los vinculados a la energía, y controlar los precios.
Desde Facua, Ignacio Tudela ha subrayado la urgencia de que la Unión Europea y el Gobierno de España pongan freno a la “desorbitada” escalada de precios y ha instado a “intervenir y recortar” los “desproporcionados” beneficios de los “grandes oligopolios” en sectores como el eléctrico o en otros de servicios de suministros, enla línea defendida por la ínclita ministra de Trabajo, que en esta ocasion no se ha sumado al paseo “de los suyos”.
