A las pocas horas de presentar en la Comisión del Pacto de Toledo su hoja de ruta, el ministro Escrivá va dejando atrás algunos de sus planteamientos para reformar el sistema de pensiones.
VER: LA DILATADA Y TORTUOSA HOJA DE RUTA DE LAS REFORMAS DE LAS PENSIONES
Bruselas está pidiendo a España concreción en las reformas, porque el Plan de Recuperación del que dependen 150.000 millones de euros de los fondos europeos ha nacido cojo. El Gobierno, por su parte, está demandando más tiempo a la Comisión, argumentando que quiere dar margen a los agentes sociales para que puedan alcanzar acuerdos y producir reformas consensuadas y duraderas, tal y como, por otro lado, recomiendan las autoridades europeas.
La “cuestión” de las pensiones (sostenibilidad y suficiencia) es general en casi todos los países debido a la evolución demográfica (caída de la tasa de fertilidad y aumento de la esperanza de vida). En España es acuciante acometer reformas en profundidad, aunque la presión es superior en muchos países de nuestro entorno: Grecia, Portugal, Italia, Francia y Alemania, que están en situación parecida o aún con más presión sobre sus sistemas.
VER: Los sistemas de pensiones deben tener «un mejor balance» entre pilares para ser sostenibles
De momento, a día de hoy (21 de abril 2021) esta “poda” se concreta en:
1.- Renuncia a ajustar las pensiones cuando baje el IPC. La propuesta del ministro consistía en revalorizar las pensiones en función del IPC del año anterior y repercutir posteriormente los años de inflación negativa con subidas inferiores al IPC. El ministro ha cedido así a las exigencias de los sindicatos, permitiendo una cierta ganancia de poder de compra de las pensiones ya concedidas.
2.- Renuncia a la subida de las cotizaciones máximas que iría ligada a un incremento de las pensiones máximas. La CEOE rechaza cualquier incremento de los costes laborales, especialmente en un momento de crisis severa como el actual. Los sindicatos no descartan que vuelva a plantearse más adelante para una segunda fase de negociación.
3.- El nuevo factor intergeneracional, no se aplicaría hasta el año 2027, dejando el grueso del recorte para la próxima legislatura. El Ejecutivo plantea un retorno al planteamiento de la reforma de 2011, la del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con algunas adaptaciones y un periodo de transición -2027- para poder aplicar ese instrumento que, de momento, es únicamente una propuesta genérica que pretende incorporar nuevos parámetros para calcular la pensión como son la esperanza de vida, el equilibrio del ratio entre cotizantes y pensionistas y otros indicadores para que no sean las generaciones más jóvenes quienes asuman un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas.
Otro asunto polémico es el de la «jubilación forzosa» al cumplir la edad legal que Escrivá pretende fulminar por recomendación (o exigencia) de Bruselas. Patronal y sindicatos han puesto, sin embargo, pie en pared y no aceptan el veto del ministro a un asunto que fue pactado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que se encuentra incluido en convenios. Los agentes sociales no están dispuestos a aceptarlo porque consideran que se generaría un tapón que impediría a los jóvenes a acceder a determinados puestos de trabajo y los empleadores no están dispuestos a asumir el alto coste de despido de los trabajadores “ya amortizados”.
De este modo, el ministro parece estar renunciando a las reformas más dolorosas e incómodas, precisamente, las que suponen una mayor contención del gasto o incremento de los ingresos del sistema. Y no hay que olvidar que ya tuvo que dejar de lado sus planes iniciales para aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años, por la fuerte oposición que generó no solo entre los agentes sociales, sino también en los socios del Gobierno por la disminución de las pensiones que conllevaría.
