La intención del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es endurecer los coeficientes reductores por anticipación y aumentar los coeficientes de mejora de la cuantía de la pensión por demorar a jubilación
LOS “MAYORES” Y EL TRABAJO
Se muestra el porcentaje de la población de más de 55 años que tenía un empleo en los países de la UE (también Suiza, Noruega o Islandia) en 2004 y 2019:
-Los círculos señalan el grupo de 55 a 64 años: los que deberían estar en sus últimos años de carrera laboral (aunque es verdad que la edad legal de jubilación ya no es 65 años en todos los países)
-Los rombos son para el grupo de 65 a 74 años: los que en teoría ya podrían jubilarse pero prefieren mantenerse activos (también hay un indicador para los mayores de 75 años, pero su tasa de empleo es tan baja en los países en los que hay datos que no merece la pena detenerse en este punto).
Se puede remarcar:
Nuestra posición en 2019 para el grupo de 55 a 64 años: en la parte medio-baja de la tabla, justo por delante de Francia o Bélgica pero lejísimos de Suecia, Alemania, Estonia o Dinamarca.
Además, no hemos sido de los que más ha mejorado en esta estadística desde 2004. Por ejemplo, aquel año la tasa de empleo de Alemania y España para el grupo de edad 55-64 era casi igual (poco más del 40%), mientras que en 2019 la diferencia era de casi 20 puntos (del 72,7% de Alemania al 53,8% de nuestro país).
La baja tasa de empleo entre las personas de 65 a 74 años, como es lógico, no es muy alta en ningún país de Europa, pero mientras que en los del norte se mueven en tasas de empleo del 15-20%, en nuestro país estábamos en el 4,3% en 2019.
Aunque es cierto que el mercado laboral no ayuda, y la tasa de paro general también impacta, como no podía ser de otra manera, en la tasa de empleo de los mayores, si miramos la tasa de actividad (que suma la población con un empleo y la que está en paro, pero buscando un trabajo) seguimos al menos a 10-12 puntos de alemanes, daneses, suizos o suecos. Parece evidente que el porcentaje de mayores de 55 años con un empleo es bajo en comparación con los países más ricos de la UE, tanto si miramos a los que están cerca de la edad de jubilación (que es de 66 años en este 2021) como a los que ya la han pasado.
PRIMER OBJETIVO “ESCRIVÁ”: ENDURECER LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS
Para el ministro del ramo, José Luis Escrivá, la prioridad es subir la edad efectiva de jubilación (el momento en el que nos jubilamos, sea cuál sea la edad legal), y quiere hacerlo tanto desincentivando las jubilaciones anticipadas como incentivando las demoradas (aquellos casos en los que el trabajador sigue en su empleo tras alcanzar la edad legal).
El endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, que es la opción de retiro elegida por el 40% de los trabajadores españoles, supone que el Estado deja de ingresar cada año unos 8.700 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales, ya que cada año se jubilan anticipadamente en nuestro país una media de 132.000 personas (ver cuadro al final del artículo), y teniendo en cuenta que el salario medio anual se sitúa en el entorno de los 24.000 euros anuales y que el porcentaje de retención medio es del 36,25. Teniendo en cuenta que este trabajador sale de media a los 64,5 años, aún tendría capacidad de aportar al Sistema unos 13.000 euros de media a las arcas públicas.
Cabe recordar en este punto que el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario para 2021, donde se recoge como las personas que se jubilan anticipadamente cobran hasta un 37% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación. La explicación está en que los trabajadores que se jubilan anticipadamente son aquellos con nóminas más elevadas, y que por lo tanto, una vez aplicadas las penalizaciones aún perciben pagas con cuantías medias considerablemente superiores que el colectivo retirado en edad legal de jubilación.
Una de las causas de esta situación, indudablemente, es la legislación pues durante años la jubilación anticipada estaba muy poco penalizada o incluso incentivada (sobre todo para los trabajadores de elevadas cotizaciones y largas carreras). Y, al contrario, compatibilizar pensión y empleo estaba casi prohibido.
Por ejemplo, en un estudio de Fedea analizando la regulación internacional sobre compatibilidad entre empleo y pensión y también sobre el retraso del cobro de la pensión más allá de la edad normal, se concluye:
“La compatibilización entre pensión y trabajo está aumentando en los países europeos porque la mejora de la salud de los individuos en edades avanzadas junto a las presiones derivadas de los procesos de envejecimiento (que dificultan la financiación vía reparto y que disminuyen el peso relativo de la población joven) que sufren todos los países así lo están facilitando.”
En el caso español, resumidamente, hay tres opciones que permiten la compatibilización de pensión y trabajo: la jubilación parcial (antes de la edad legal, con contrato de relevo), la jubilación activa (tras la edad legal y con ciertos requisitos de cotización) y la jubilación flexible (también tras la jubilación pero con un trabajo a tiempo parcial), en estos dos últimos casos se reduce la cuantía de la pensión de jubilación (salvo en algunos casos para el colectivo de los trabajadores autónomos). Sin embargo, la jubilación parcial no sólo no ha servido para reducir el gasto en pensiones, sino que en muchos casos lo ha aumentado (la jubilación parcial con contrato de relevo a menudo es una jubilación anticipada totak pero sin coeficientes reductores). De hecho, esta situación se ha denunciado en numerosas ocasiones, en un estudio también de Fedea ya se indicaba:
La jubilación parcial con contrato de relevo es una figura que permite evitar los coeficientes reductores de la pensión a los que se enfrentan los trabajadores que acceden a la jubilación anticipada “total”, violando así la equidad horizontal del sistema. Esta excepción tiene, además, un coste muy considerable para el sistema público de pensiones. El coste medio acumulado de la jubilación parcial con contrato de relevo es un 25,4 % superior al de la jubilación anticipada ordinaria. Dado el número de pensiones afectadas y su importe medio, esto supone un sobrecoste anual para el sistema de más de 2.000 millones de euros.
Como se deduce del gráfico elaborado en el Boletín Económico del Banco de España (“Tendencias recientes en el acceso a la edad de jubilación”) que se adjunta al final de este artículo, se advierte que si bien es cierto que la edad de jubilación ha aumentado ligeramente: desde los 63,5 en 2006 a los 64,2 en 2018 y a los en 64,6 años en 2020, el resumen de la situación no parece apuntar hacia un claro cambio de tendencia.
SEGUNDO OBJETIVO “ESCRIVÁ”: INCENTIVAR LA JUBILACIÓN DEMORADA
Las jubilaciones demoradas no superan el 5% del total a pesar de las facilidades legislativas aprobadas en la última década y la edad de jubilación ordinaria (línea azul oscuro del gráfico de la derecha ya compartido anteriormente) se mantiene relativamente estable incluso tras la reforma de 2011.
Para la sostenibilidad del sistema, tener un porcentaje creciente de trabajadores que retrasan su retiro sería una ayuda, pero también es cierto que estos esquemas normalmente funcionan mejor si hay un incentivo económico ventajoso para el trabajador, y esos incentivos cuestan dinero, por lo que el formato tiene que diseñarse con cuidado, para que la suma final sea conveniente tanto para la Seguridad Social (ahorro de costes) como para el trabajador (ingresos más elevados una vez que se jubile).
El Ejecutivo prevé resolver mediante las jubilaciones demoradas un 25% del déficit del Sistema, pero a partir del momento de la jubilación las pensiones serían mayores y ese ahorro iría disminuyendo hasta que a partir de unos 15 años ya supondría un mayor gasto y largo plazo (en 2050) supondría un aumento del déficit del 0,3% del PIB.
Los cálculos elaborados por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social (GIPPS) de la Universidades de Valencia y de Extremadura sobre el impacto financiero que tendría el retrasar la edad real de jubilación un año. Si todos los que se iban a jubilar retrasan un año la edad de jubilación se produciría un ahorro en ese primer año de unos 4.000 millones de euros, teniendo en cuenta la pensión que no van a cobrar ese año y la mayor cotización que tendrían que hacer.
Quizás lo oportuno es unificar los sistemas de jubilación anticipada y demorada, y que sea el propio trabajador quien decida cuándo se jubila (con un formato muy flexible, que también le permite compatibilizar un porcentaje de la pensión y trabajo a tiempo parcial) y la cuantía de su pensión se ajusta a esa decisión, penalizando las anticipadas y premiando a los que retrasan su retiro. Es un modelo que hasta ahora no ha tenido mucho éxito político en España porque a los sindicatos y a los partidos de izquierda no les gusta demasiado ya que argumentan que son barreras a la contratación de los jóvenes y además porque no quieren escuchar nada que suene a elevar la edad de jubilación. Tampoco a los trabajadores parece que les haya seducido hasta ahora (aunque es verdad que, viendo los incentivos, era lógico).
LA “VUELTA DE TUERCA”: LOS AÑOS PARA CALCULAR LA PENSIÓN
La Seguridad Social podría ahorrar unos 16.000 millones de euros cada año si sale adelante la propuesta de reforma de las pensiones que está promoviendo el ministro José Luis Escrivá, quien quiere ampliar de 25 a 35 años el periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular la pensión pública. Actualmente, para hacer el cálculo de la pensión, se utilizan los salarios de los últimos 24 años trabajados y en 2022 se computarán los últimos 25, ya que ese periodo de cálculo ha ido aumentando progresivamente desde los 15 años que se tenían en cuenta antes de la reforma de las pensiones de 2011.
Pero el también “partido de Gobierno”, Unidas Podemos ha vetado esa posibilidad pese a que podrían generar un ahorro conjunto para la Seguridad Social de 1,4 puntos del PIB, unos 16.000 millones, según ha calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Según la Airef, “aumentar la carrera de cotización considerada para el cálculo de la pensión desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027 controlaría el gasto en 0,6 puntos porcentuales, lo que equivale a unos 7.000 millones de euros. Asumiendo que ese ahorro equivalente al 0,6% del PIB se mantiene constante a lo largo de los años este ahorro irá aumentando en términos absolutos a medida que crece el PIB.
Aunque finalmente el lunes 18 de enero, tras las presiones de Podemos y los sindicatos, no se incluyó esta propuesta concreta en “la ficha” que el Gobierno remitió a Bruselas para tener acceso a los Fondos de Recuperación europeos, lo cierto es que la “reforma Escrivá” se plantea en dos fases y no se da por “enterrada” definitivamente la propuesta Escrivá
La comparación con otros países de Europa demuestra que España es, junto a Francia, de los que menos años de trayectoria profesional tiene en cuenta para calcular la pensión, lo que se traduce en pensiones públicas más generosas, pues, en definitiva, debido al incremento progresivo que se produce en los sueldos con el paso de los años, tener en cuenta un periodo de tiempo más amplio para calcular la pensión se traduce en una pensión pública más baja y, en consecuencia, en un ahorro para la Seguridad Social,
¡que es en definitiva de lo que se trata, al parecer!
