Las cotizaciones son insuficientes desde hace años para pagar las extras de las pensiones y la hucha o fondo de reserva ya no puede afrontar este desfase, aunque ningún gobierno se atreve a vaciarla del todo. Así, el sistema lleva desde el 2017 (cuando ya se había reducido en 66.401 millones por los gobiernos de Rajoy) recurriendo a préstamos o ingresos del Estado.
Utilizados tanto por el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez, el de este año 2019 será de 13.830 millones de euros, prorrateado en mensualidades, además de los otros 3.598 millones de euros sacados del esquilmado fondo de reserva de la Seguridad Social. Todo ello ha permitido afrontar el desembolso superior a los 19.000 millones de euros que requiere el abono de las pagas a finales de noviembre. Este año se destinarán así a pensiones públicas por primera vez más de 150.000 millones de euros, después de que en dos décadas el dinero destinado a tal fin se ha triplicado.
Las estimaciones de expertos sobre el coste que tendrán para las pensiones las dos últimas grandes reformas de las pensiones, el 2011 con Zapatero y 2013 con Rajoy, fueron confirmadas parcialmente a principios de 2017 por la Autoridad Fiscal Independiente impuesta a España por la Unión Europea, al reconocer que en ausencia de cambios los pensionistas perderían un 7% de poder adquisitivo hasta el 2022. Pero las estimaciones más avaladas académicamente prevén que la reducción de coste del gasto público y las consiguientes necesidades de recortes si no hay una reforma profunda en pensiones sobre PIB sería en total del 33% hacía el año 2060.
Sin embargo, las cuatro convocatorias de elecciones en los cuatro últimos años parecen haber dejado como conclusión que los programas económicos de los partidos políticos contemplan las pensiones como único punto de consenso, aunque luego ello se diluye en falta de acuerdos y en la repetición de las mismas prácticas que el Gobierno anterior al cambiar el signo de este. Antes de la última convocatoria del 10 de noviembre, la ministra de Economía en funciones anunció el modelo de la mochila austríaca en pensiones, si bien sindicatos y patronal discrepan sobre esa alternativa. El escueto comunicado ulterior de PSOE y Podemos para anunciar su gobierno en coalición para proteger educación, sanidad y justicia fiscal sólo explicita al respecto el objetivo de «asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida«.
Por ello, mientras las cotizaciones tienden a cubrir menos de la mitad de las necesidades anuales de financiación de pensiones, las soluciones de sostenibilidad se alejan. Ante debates sobre la temporalidad del empleo, por ejemplo, solo hay también consenso social en bonificarla menos para salvar las pensiones. Pero la temporalidad luego persiste tanto en las contrataciones públicas como en las privadas, así como en sus prácticas para perpetuarlas, como demostró este verano la repetición del fraude laboral en los más de 200.000 enseñantes despedidos para no cotizar, o posteriormente la ausencia de transparencia en los dos planes de la inspección contra la temporalidad fraudulenta. En octubre pasado se anunció que un comité de expertos evaluaría en un mes la sentencia europea sobre los interinos, sin que hasta ahora se hayan anunciado cambios significativos en ese frente.
Así pues, la amenaza de insostenibilidad del sistema de pensiones públicas persiste, aunque algunas medidas gubernamentales hayan aplazado el problema o lo hayan trasladado a la deuda pública para reducir las estimaciones de rebaja de pensiones por la vía de los hechos del 33% hacia 2040, confirmadas por la autoridad fiscal. Pero tampoco la sostenibilidad de los sistemas de pensiones privados parece asegurada, a juzgar por experiencias como las de la privatización en Chile y las prácticas bancarias españolas, que han mermado la rentabilidad comparativa de los fondos privados durante los últimos años respecto a otros países, además de cargar comisiones por la gestión o por otros conceptos que limitan aún más la rentabilidad bruta.
Además de peligrar cada vez más la sostenibilidad futura de pensiones públicas y privadas, la OCDE acaba de alertar del modelo de pensiones públicas de los autónomos en España y otros países. Y persisten también anuncios como el que Trabajo estudiará la masiva discriminación en las pensiones por empleos a tiempo parcial de mujeres.
El problema de sostenibilidad de las pensiones se traslada así al futuro a través del conjunto del sistema fiscal, marcado también por un déficit que no deja de elevar la deuda pública, mayor que la de otros países al aproximarse al 100% del PIB en un país con mayor paro que los demás.
El actual Gobierno en funciones aprobó como los anteriores, mediante el decreto ley que garantizó la paga extra de estas Navidades, aumentar en 600 millones las transferencias del Estado, con lo que la financiación vía impuestos del fondo para el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social aumenta hasta los 1.933 millones. Los presupuestos prorrogados del 2018 recogían una partida de 1.331 millones de euros, que Cristóbal Montoro incluyó en sus cuentas a raíz del acuerdo entre el PP y el PNV para sacarlas adelante. Los nacionalistas vascos fueron los responsables también de que subieran las pensiones durante dos años como mínimo al 1,6%, en lugar del 0,25% fijado por ley. El nuevo decreto ley permite además elevar en 8.000 millones los créditos presupuestarios de la Seguridad Social para pagar las pensiones, con cargo a los ingresos esperados hasta final de año.
Pero la propia sostenibilidad de los sistemas fiscales pende actualmente de la elusión fiscal de las multinacionales, admitida por el último G20 al demorar su freno al apoyo de alternativas de tributación mínima pendientes de la OCDE. Y la semana pasada el presidente norteamericano Trump lograba que la OTAN, además de comprometerse a mayores gastos militares de los países europeos, extienda su foco al poder digital de China mientras veta los impuestos a las grandes digitales norteamericanas. Se estima que la elusión fiscal merma los ingresos estatales a escala global en 200.000 millones de euros, según datos de la OCDE asumidos por los ministros de finanzas del G20.
Fuente: Ibercampus.es
https://www.ibercampus.es/el-sistema-de-pensiones-espanol-mas-amenazado-que-en-2018-por-31790.htm
