La mitad del crecimiento de la economía española desde el 2022 se explica por la llegada de inmigrantes. Ese formidable shock de oferta que vivió España en los últimos años, sin embargo, no fue suficiente para resolver dos de los principales retos que padece la econonmía: la baja productividad y los bajos salarios. Son las principales conclusiones del estudio “La inmigración en España: retos, impacto y políticas”, editado por Funcas y presentado hoy por sus coordinadores, Raquel Carrasco y Raymond Torres.
En el trabajo se analiza como España ha pasado de ser a finales del siglo XX un país tradicionalmente emisor de migrantes a convertirse en uno de los principales receptores de población extranjera en Europa. Mientras en el país “uno de cada cinco trabajadores es inmigrante, en Francia e Italia, lo es uno de cada seis”.
Desde 2019, la población activa ha crecido un 7,8%, lo que equivale a 1,8 millones de nuevos trabajadores. De estos, casi todos son de origen extranjero. “Se trata de un shock de oferta, sin parangón entre las grandes economías europeas, que ha ensanchado el potencial productivo del país”, reza el informe. El estudio destaca el sesgo por sectores y ocupaciones donde se han colocado esos empleados foráneos. “Sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón del turismo o a la demanda de nueva construcción de vivienda”, destaca el informe.
La otra gran consecuencia identificada es que los inmigrantes ”han facilitado el desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia ocupaciones de mayor productividad y mejor remuneradas”.
La mitad de los foráneos son de países de habla castellana, lo que ha facilitado su integración
Los extranjeros agrupan más de la mitad del empleo creado en nueve comunidades autónomas desde 2021 y representan más del 80% de los nuevos ocupados en País Vasco y La Rioja
Según Funcas, el hecho de que buena parte de la inmigración sea de América Latina con quien se comparte el mismo idioma ha facilitado el proceso de integración. Sudamérica, América Central y el Caribe suman el 47% de la población inmigrante, Europa el 27% y África, Asia y Oceanía el 24%.
En cuanto a la edad, la juventud de los recién llegados favorece también la integración. Mientras que sólo el 62% de la población española se encuentra en edad de trabajar, en el caso de los nacidos en el extranjero es el 84%. Se considera que están en edad de trabajar los que tienen entre 15 y 64 años.
Los cambios que se están produciendo en la composición de la población de España han comenzado a notarse en el mercado laboral de todo el país. Los trabajadores extranjeros cada vez ganan más peso en el conjunto del empleo creado, un fenómeno que no se limita a las ciudades más grandes. Más de la mitad de los puestos de trabajo que se crearon en nueve comunidades autónomas entre 2021 y 2025 empleaban a una persona con una nacionalidad diferente a la española.
Los últimos datos arrojados por la Encuesta de Población Activa del INE reflejan que en el País Vasco los extranjeros impulsaron la creación del 90% del empleo sumado en ese periodo (con 31.200 nuevas incorporaciones). El 80% de los puestos de trabajo generados en La Rioja, más de un 77% en Aragón y en Melilla, al tiempo que explican más de la mitad de los empleos que se crearon en los últimos cuatro años en todo el país.
La población que no cuenta con una nacionalidad española también permitió que las empresas hicieran gran parte de las incorporaciones en territorios como la Comunitat Valenciana (65%), Castilla y León (64%) o Madrid y Cantabria, donde protagonizan algo más del 50% de la generación de empleos. Unos datos que constatan un cambio de tendencia desde la pandemia por el que la población inmigrante no solo es determinante para sostener la actividad en los polos tradicionales de atracción, sino en todo el
«Existe una clara relación positiva entre el crecimiento económico y el poblacional. Las comunidades con mayor avance del PIB real son también las que registran los incrementos más altos de población» apuntaba el informe elaborado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) con el que la patronal Foment del Treball quiere concienciar sobre la carencia de mano de obra que tendrán las empresas en la próxima década si no llegan más extranjeros.
Las comunidades más dinámicas en términos de PIB también son las que más empleo han podido sumar en este periodo gracias a la llegada de nuevos trabajadores. «Los datos de la Encuesta de Población Activa ponen de manifiesto el protagonismo que han tenido los extranjeros en el crecimiento del empleo» apuntan los autores de este documento. Según la estadística actualizada al cuarto trimestre de 2025, su contribución ha permitido generar más de un millón de puestos de trabajo, el 49% de los sumados en este ciclo.
Debido al peso que tiene el empleo a la hora de analizar el conjunto de la economía, su aportación al mercado laboral se transmite de forma casi paralela al PIB. Funcas, en un trabajo firmado por María Jesús Fernández y Raymond Torres, y publicado esta misma semana concluía que la inmigración explicaba el 47% del crecimiento que había experimentado el PIB entre 2022 y 2025. En concreto, este grupo había aportado 4,2 puntos de crecimiento, de los que la mayor parte venía dada por su contribución a la mano de obra.
La llegada de más inmigrantes permite sumar trabajadores a la economía, lo que alivia los problemas de mano de obra que afrontan sectores como el transporte, en el que gran parte de los conductores de autobuses y camiones se jubilarán en el corto plazo o la construcción, donde el impulso del sector y la llegada a edades próximas a la jubilación de los primeros extranjeros que se incorporaron a las obras les llevó a demandar hasta medio millón de nuevos profesionales.
«El sesgo sectorial y ocupacional de la fuerza laboral extranjera ha facilitado el crecimiento de actividades que, sin ese aporte, se enfrentaban a una escasez de mano de obra. En los sectores donde el incremento de la ocupación extranjera ha sido más intenso, ha sido aquellos que declaran tener más dificultades para cubrir sus necesidades de mano de obra, como la construcción y la hostelería» apuntaban los autores de Funcas. La incorporación de extranjeros ha permitido que estos sectores hayan sido los que más se han expandido en los últimos años mientras se contenían los precios respecto a otros países europeos.
Además, la contratación de trabajadores extranjeros modifica las pautas de los empleados nacionales a nivel agregado, al impulsarles hacia sectores más productivos. «La inmigración ha facilitado el desplazamiento de la fuerza laboral nacional hacia las ocupaciones de mayor productividad, que son también los que ofrecen mejores salarios» recoge el mismo documento. Con este enfoque, Funcas refuta la teoría de que la llegada de nuevos trabajadores extranjeros desplaza a los nacionales, les quita oportunidades de empleo o reduce sus salarios, ya que argumentan que no hay evidencia científica que la respalde.
En cambio, sí constatan que los datos reflejan que la contribución del trabajo de los inmigrantes ha permitido que España tenga disponibles los suministros necesarios para la economía a precios más reducidos que los países del entorno europeo. «Fruto de la disponibilidad de dichos suministros, a un precio moderado, los sectores de mayor valor añadido han podido expandirse y generar puestos de trabajo, que han sido destinados principalmente a la mano de obra nacional» señala Funcas.
También se aprecia un efecto negativo moderado en esta importante incorporación de perfiles extranjeros y es que han elevado el porcentaje de trabajadores que se concentran en las actividades menos productivas como la hostelería. En términos académicos, este proceso se define como un «cambio en la composición del empleo», que se estima que en los últimos tres años ha restado 0,8 puntos porcentuales del PIB que compensan con la suma de 4,7 puntos por la mano de obra y otros 0,3 puntos por impulsar la tasa de actividad.
Es por ello que concluyen que la mera incorporación de más mano de obra no pondrá remedio a los problemas estructurales que acarrea la economía española, que tienen que ver fundamentalmente con la productividad y la debilidad de los salarios, que compromete la base para pagar las pensiones públicas.
Se necesitan 140.000 más al año
El porcentaje que representan los nuevos ocupados extranjeros sobre el total pone de relieve la estructura demográfica de cada una de estas regiones. Las más envejecidas acusan una mayor proporción de incorporaciones de extranjeros, ya que dependen de ellos para cubrir las posiciones de los que acceden a la jubilación. Una falta de jóvenes que se agudizará en la próxima década, según las estimaciones de la SBEES, cuando el país registrará un déficit de 1,4 millones de trabajadores si no aumentan los flujos de llegadas de población extranjera en edad de trabajar.
El centro de estudios hizo un ejercicio de proyección basado en cuántas personas dejaran su empleo y qué jóvenes están en disposición de ocuparlos, lo que da lugar a un déficit que en Asturias sería equivalente al 14% del nivel de empleo actual. En otros territorios como Galicia o Castilla y León dejaría hasta un 12% de los trabajos sin cubrir al final de la próxima década. Solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con los suficientes profesionales jóvenes como para cubrir estos relevos, lo que deja el déficit a nivel nacional en el 6,3%.
La diferencia entre las personas que van a retirarse y las que podrían darles el relevo es especialmente grande en Andalucía en términos nominales. Este territorio dejaría cerca de 190.000 empleos vacantes (un 5,5%) pese a ser uno de los territorios que más población migrante recibe actualmente. Algo que se repite en Cataluña (160.000, 4,2%) o Madrid (162.000, 4,7%). Unos datos con los que la Sociedad Barcelonesa buscaba poner de relieve que la inmigración actual no solo es positiva, sino que es necesario que crezca para cubrir la demanda de profesionales que se generará cuando se haya jubilado la mayoría de la generación del ‘babyboom’.
«Este déficit teórico tendría que cubrirse bien con mejoras en la tasa de empleo, bien a través de los saldos migratorios positivos. Por esta segunda vía, para mantener el empleo se necesitaría incorporar cada año cerca de 140.000 inmigrantes en edad laboral» apunta el estudio impulsado por la patronal catalana. El ejercicio usa los datos de la EPA para construir un escenario en el que se retirarían 5,4 millones de personas por llegar a la edad de jubilación o registrar una menor actividad en sus últimos años activos. Por otro lado, se sumarían 1,5 millones de jóvenes y 2,5 millones de trabajadores con otras edades, lo que deja un gran saldo negativo.
«Es un fenómeno que se producirá en todas las comunidades autónomas. Aquellas que experimentarán mayores déficits entre el número de jubilados y el de jóvenes ocupados son Andalucía, Cataluña y Madrid, con saldos negativos cercanos al medio millón de trabajadores» apunta el documento, algo que se ve muy influenciado por el número total de habitantes. En términos porcentuales, solo Murcia, Cataluña, Baleares, Madrid y Navarra guardarían un déficit inferior al 5% si no aumenta el volumen de incorporaciones en una década.
Frente a este escenario, las patronales españolas están mandando un mensaje claro: para mantener el nivel de empleo y la actividad económica será imprescindible contar con la llegada de personas del extranjero. Una demanda que entienden que tiene que ir acompañada por un enfoque público más amplio de las políticas de migración, con el que se planifique su llegada e integración para que los extranjeros también puedan asumir el relevo de posiciones especializadas en medicina o administración.
El informe elaborado por el SBEES también da la voz de alarma respecto a que el atractivo de España para los inmigrantes va muy ligado a la evolución de la economía, por lo que una ralentización del crecimiento del PIB podría reducir el ritmo de llegadas o llevar a algunos inmigrantes a moverse a otros países, lo que agravaría la situación demográfica de España. «Un indicativo del rendimiento y la modernidad de un país es que los flujos migratorios apuesten por él. Solo los países que sean competitivos van a atraer este flujo migratorio. En sentido contrario, si la competitividad de otros es mayor, los inmigrantes preferirán dirigirse a otros destinos» apuntan en este sentido.
Del otro lado, también ponen el acento en la situación de los jóvenes (tanto nacionales como extranjeros) al entender que sus condiciones económicas influyen directamente en su natalidad. «Los nacimientos de madre extranjera han servido de soporte y ya representan más del 30% del total, pero no han sido suficientes como para cambiar la tendencia a la baja» recuerdan. Hay 16 provincias españolas que han perdido población al encadenar 25 años en los que ha muerto más población de la que ha nacido.
En este periodo, han descendido tanto los nacimientos de madres españolas como el de extranjeras, que a los años de llegar al país asimilan su comportamiento al de las mujeres nacionales. El número de niños nacidos de madres españolas ha caído un 35% desde 2009, mientras que el de mujeres procedentes del extranjero se ha reducido un 9,6%. «La tasa de fertilidad ha disminuido hasta los 1,12 hijos por mujer, frente a una media comunitaria de 1,38» observan, el segundo dato más bajo de toda Europa, después de Malta.
Una tendencia que no parece que se vaya a revertir en el medio plazo y que lleva al país a mirar a la inmigración como único salvavidas a una situación demográfica que impedirá el crecimiento. El problema es que la población extranjera no se distribuye de forma uniforme en el territorio, sino que se concentra en las zonas de costa (especialmente en Alicante, Almería, Girona, Baleares y Lleida). Es decir, las zonas más envejecidas también presentan una menor capacidad de atracción migratoria, por su especialización económica, lo que da lugar a una polarización regional a la que se debe poner atención para evitar que ciertos sectores económicos queden sin relevo.
Fuente:
La mitad del crecimiento económico de España desde el 2022 es gracias a la inmigración
Los extranjeros agrupan más de la mitad del empleo creado en nueve comunidades autónomas desde 2021
