En España queremos creer que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, el sistema eléctrico más sostenible, una red ferroviaria envidiable, un sistema funcionarial perfecto que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a una vivienda protegida o un sistema de emergencias capaz de hacer frente a cualquier catástrofe climática.
Pero un día llega una pandemia y colapsa nuestro sistema sanitario; otro día el país se queda a oscuras; muere gente en accidentes ferroviarios o sufre retrasos interminables; comprobamos que hay información privilegiada y chanchullos en el reparto de viviendas protegidas; y los sistemas de emergencia, en ocasiones, están en manos de auténticos incompetentes.
Sin embargo parece que nos conformamos con las explicaciones más peregrinas para justificarlos todos. En algunos casos, como el del apagón, todavía estamos esperando explicaciones; sobre la gestión de la pandemia, extrañamente, se ha corrido un tupido velo. Ante los errores en emergencias climáticas, al menos supimos el color del suéter que llevaba el presidente de la Generalitat valenciana y las dimensiones del reservado donde estaba comiendo. De los pisos sabemos, de momento, que hay mucha gente relacionada con el PP de Alicante beneficiada, pero quien visaba todas las peticiones era un funcionario nombrado por el Botànic.
Aun así, no parece que todas estas cuestiones (pese al empeño de unos y otros) vayan a mover tanto el voto como el asunto de las pensiones. Todo el montaje realizado por el presidente Sánchez con el llamado «decreto ómnibus», o decreto batiburrillo, donde se mezclan protección a okupas y a pensionistas con una imaginación que solo cabe en la izquierda, responde a la estrategia de conseguir que el PP y Vox votaran en contra para poder acusarlos de «enemigos de los pensionistas».
Pero los pensionistas no son ingenuos (el PSOE ya repitió la jugada el año pasado) y lo cierto es que existe un runrún cada vez más extendido: las pensiones no son sostenibles con el sistema actual y este podría colapsar en algún momento. Si eso ocurriera, no sería extraño que, , alguien acabara insinuando que el problema es que la gente vive demasiado.
Que el sistema actual de pensiones no es sostenible en el tiempo es algo que muchos expertos dan por hecho, y se agradece que no todos adopten la actitud de pedir a los gobernantes que nos mientan.
Hubo un tiempo en España en que políticos de distinto signo podían sentarse a acordar propuestas de futuro, como en el Pacto de Toledo; no como ahora, cuando las propuestas parecen diseñadas para el consumo inmediato.
En un mundo en el que las redes sociales se han impuesto como principal medio de consumo de información, los tuits envejecen con rapidez. Ya no solo importa lo que escribiste hace dos años, sino incluso lo que publicaste ayer. Nadie planifica qué debería decir dentro de diez años, y las pensiones van precisamente de eso: de planificación a largo plazo.
Me gustaría saber qué piensan quienes gobiernan ahora o quienes lo harán en breve, no solo sobre la revalorización del año próximo, sino sobre cómo se pagarán las pensiones dentro de veinte años. No lo dirán. Y cualquier día nos encontraremos con el susto definitivo.
Hoy, hablar del tema de las pensiones en campaña electoral moviliza a un colectivo decisivo pero, a la vez, alimenta el resentimiento de un sector de la población que sienten que para los políticos el futuro siempre puede esperar, pero las pensiones no.
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