Expertos en pensiones critican el cortoplacismo del debate y reclaman reformas con visión de largo plazo
Expertos en pensiones han criticado este martes el cortoplacismo que, en su opinión, ha marcado el debate sobre el futuro del sistema y han reclamado abordar su sostenibilidad con una visión de largo plazo.
Durante una jornada organizada por Funcas y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas Elisa Chuliá ha sostenido que la reforma de pensiones de 2023 ha supuesto un «cambio de paradigma» respecto a las reformas anteriores.
Según ha explicado, mientras las reformas previas habían estado orientadas a contener el crecimiento del gasto, la última reforma ha centrado su atención en el aumento de los ingresos del sistema.
Chuliá ha considerado que esta reforma ha sido una «oportunidad perdida» y ha advertido de que algunas de las medidas adoptadas serán «muy difíciles de revertir», ya que podrían acabar siendo percibidas por la sociedad como derechos adquiridos.
Asimismo, ha lamentado que el debate sobre las pensiones no tenga presencia en la esfera pública pese a su importancia para las próximas décadas.
A su juicio, las medidas aprobadas han incrementado los ingresos, pero no han corregido suficientemente la evolución del gasto. Además, ha defendido que el sistema afronta un problema «estructural» y ha advertido de que «no va a poder seguir así».
Por su parte, el investigador de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) Ignacio Fernández-Huertas ha insistido en que cualquier reforma debe integrarse en una estrategia fiscal «realista y creíble» que garantice la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas.
LA INMIGRACIÓN ALIVIA, PERO NO RESUELVE EL ENVEJECIMIENTO
Otro de los principales asuntos abordados durante la jornada ha sido el papel de la inmigración en la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Fernández-Huertas ha defendido que los flujos migratorios contribuyen positivamente al crecimiento económico y a las finanzas públicas, y ha recordado que la AIReF ha tenido que revisar al alza sus previsiones migratorias en los últimos años ante la llegada de más población extranjera de la inicialmente prevista.
No obstante, ha precisado que las previsiones del organismo ya incorporan el hecho de que esos inmigrantes también envejecen, se jubilan y perciben prestaciones en el futuro. Según ha explicado, incluso con los actuales flujos migratorios, las proyecciones apuntan a una reducción de la población en edad de trabajar a partir de mediados de la década de 2030.
En este sentido, ha subrayado que el crecimiento económico constituye uno de los factores fundamentales para garantizar la sostenibilidad tanto del sistema de pensiones como del conjunto de las administraciones públicas.
Chuliá, de su lado, ha respaldado las conclusiones de la AIReF y ha señalado que la inmigración tiene un impacto positivo pero «moderado» sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Asimismo, ha reclamado análisis más amplios que tengan en cuenta tanto las aportaciones realizadas por la población inmigrante como el uso de los distintos servicios públicos a lo largo de todo su ciclo vital.
Por su parte, Devesa ha reconocido que la llegada de nuevos trabajadores contribuye a sostener el sistema de reparto, aunque ha advertido de que esos cotizantes también generan futuros derechos de pensión. En este contexto, ha defendido la necesidad de incorporar una perspectiva actuarial más amplia al análisis de la sostenibilidad y ha lamentado la ausencia de balances actuariales similares a los utilizados en otros países.
EL «ELEFANTE EN LA HABITACIÓN» Y LAS CRÍTICAS AL PACTO DE TOLEDO
Los expertos también han debatido sobre la forma en que se han diseñado las reformas de pensiones en España y sobre el escaso peso que, a su juicio, tienen las perspectivas de largo plazo en la discusión pública.
Chuliá ha definido la cuestión de las pensiones como «el elefante en la habitación» de la sociedad española, considerando que existe conciencia de los desafíos asociados al envejecimiento pero poca disposición a abordar públicamente las consecuencias que pueden tener sobre el sistema.
Así, ha defendido que países como Suecia o Países Bajos han desarrollado reformas más sólidas a través de procesos prolongados de trabajo técnico y a una mayor consideración de las evidencias de expertos independientes. Frente a ello, ha lamentado que en España predomine una lógica más «cortoplacista» tanto en el ámbito político como en el debate público.
Asimismo, ha cuestionado el papel desempeñado por el Pacto de Toledo durante los últimos años, ya que considera que ha funcionado en gran medida como un «paraguas protector» de decisiones previamente negociadas por los gobiernos, en lugar de constituir un verdadero foro de discusión técnica.
En la misma línea, Devesa ha recordado que algunos mecanismos de reformas anteriores, como el factor de sostenibilidad, nunca llegaron a aplicarse, pese a haber sido aprobados, lo que refleja las dificultades para adoptar medidas con efectos a largo plazo.
CUENTAS NOCIONALES Y REFORMAS A LARGO PLAZO
En cuanto a posibles modelos de referencia para futuras reformas, tanto Chuliá como Devesa se han mostrado favorables a avanzar hacia sistemas de reparto basados en cuentas nocionales o de aportación definida, similares al modelo sueco.
Según han explicado, este tipo de sistemas tienen en cuenta las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral, incorporan factores como la esperanza de vida y permiten un cálculo más transparente de las prestaciones.
Chuliá también ha defendido impulsar mecanismos complementarios de ahorro, como la denominada «mochila austríaca», y ha abogado por reforzar la previsión social complementaria mediante instrumentos que faciliten el ahorro a largo plazo.
Fernández-Huertas ha reiterado, por su parte, que corresponde al ámbito político decidir el diseño concreto del sistema de pensiones. No obstante, ha insistido en que, independientemente del modelo que se adopte, este deberá encajar en una estrategia fiscal sostenible y creíble que garantice la estabilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
