PLAN DE RECUPERACIÓN: BRUSELAS ACEPTA QUE ESPAÑA DEJE SIN CONCRETAR LAS REFORMAS LABORAL Y DE PENSIONES A LA ESPERA DEL DIÁLOGO SOCIAL

El plan de recuperación español ha recibido este miércoles un rotundo respaldo de la Comisión Europea, que le dio su máxima puntuación en 10 de los 11 criterios que debía evaluar. Solo en el próximo año y medio España recibirá 37.000 millones de euros, aunque supeditados a un paquete de actuaciones, entre ellas, modificaciones en la legislación laboral. El Ejecutivo comunitario acepta, además, que las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones queden abiertas, a expensas del diálogo social.

 

España necesitaba obtener al menos siete máximas puntuaciones (A) para recibir la luz verde de Bruselas. Se llevó diez, y una B porque persisten algunos interrogantes sobre los costes de las inversiones programadas de aquí a 2026. Bruselas cree que el plan puede tener un impacto de hasta el 2,5% del producto interior bruto (PIB) español solo con las inversiones. En caso de ejecutarse todas las reformas, fuentes comunitarias apuntan a que el salto podría ser de hasta 10 puntos a medio plazo.

 

Concentrar las reformas en los primeros años del plan permitirá a España hacerse con más combustible para la recuperación. Esta decisión, sin embargo, también condiciona los desembolsos. El Gobierno, que si pasa el filtro del Consejo recibirá 9.000 millones en prefinanciación, cree que ya ha efectuado las actuaciones necesarias para que la Comisión le apruebe otros 10.000 millones en diciembre. El siguiente pago, no obstante, ya dependerá de que cumpla con algunas de las reformas pactadas, por ejemplo, en la legislación laboral o de pensiones. Bruselas cree que sus compromisos atienden a sus recomendaciones, pero es consciente de que el “diseño final” de las modificaciones en esos dos ámbitos ha “quedado abierto”, puesto que será resultado del diálogo social. Entre otras actuaciones está la modernización de la negociación colectiva o de las políticas activas de empleo.

 

Bruselas sabe que fiar la reforma laboral o de las pensiones a la negociación colectiva supone un “riesgo” para el impacto a largo plazo del plan. Aun así, también cree que los objetivos del diálogo social están bien definidos y que siempre es mejor un cambio respaldado por los agentes sociales que otro cuyo rechazo ponga en peligro su aprobación en el Parlamento.

 

La evaluación sí se detiene, sin embargo, en la reforma de las pensiones. El documento señala que la reforma presentada supone volver a vincularlas con la inflación, pero acepta las medidas que el Gobierno plantea para mitigar ese incremento, como acercar la edad efectiva de jubilación a la legal o aumentar el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones. Si estas no son suficientes, Bruselas advierte de que ese incremento de gasto debería rebajarse “todavía más mediante ajustes fiscales” en el futuro. Y ahí la Comisión se remite a las reformas tributarias, que España se compromete a culminar en marzo de 2023.

 

Los pagos se irán desbloqueando cada seis meses de aquí a 2026. Si España no cumple con un hito o un objetivo, no podrá pedir los desembolsos de fondos de ese periodo. Pero incluso ahí Bruselas prevé un cierto margen, puesto que el Ejecutivo comunitario prefiere que una reforma se demore porque el diálogo social precisa más tiempo a que descarrile. Por ello, el reglamento prevé que la Comisión pueda efectuar pagos parciales del dinero para inversiones y reformas o bien que España demore una petición de fondos.

LAS 9 MEDIDAS SOBRE PENSIONES

España presentó un primer plan a Bruselas el 7 de octubre tras y un texto definitivo el pasado día 30 de abril, que es el que ha examinado la Comisión Europea. En lo relativo a pensiones ha presentado 9 medidas relacionados con la “sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el Marco del Pacto de Toledo”, incluido en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resilencia:

  1. Separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, con la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva del sistema para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo.
  2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, para lo que se deroga el Índice de Revalorización de Pensiones introducido por la reforma de 2013 con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en los términos que plantea el Pacto de Toledo.
  3. Alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilacióna través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas.
  4. Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, que pretende reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales.
  5. Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, lo que implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población.
  6. Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales, por el que se busca implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada.
  7. Modificación del complemento de maternidad de pensiones mediante un nuevo diseño,como se expresó en el Real Decreto-ley 3/2021, con el objetivo de compensar el coste que el nacimiento y el cuidado de los hijos tiene para los progenitores, fundamentalmente para las madres, de manera que se contribuya decisivamente a la reducción de la brecha de género en pensiones.
  8. Reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones, por la que se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos.
  9. Adecuación de la base máxima de cotización del sistema: La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema.

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