LA INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) ESQUEMAS ACLARATORIOS

La repercusión económica derivada de las bajas médicas, que son usadas por más del 3% de los trabajadores por cuenta ajena, no es nada desestimable. Es por ello que tener claro si es la mutua, la empresa o la Seguridad Social, la encargada de pagarnos en caso de precisar el subsidio por incapacidad temporal (IT) que intenta sustituir al salario mientras dure dicha situación.

CUANTO Y QUIÉN PAGA EL SUBSIDIO DE DE INCAPACIDAD TEMPORAL (IT)

A partir del día 4º de baja por enfermedad o por accidente no laboral, el trabajador adquiere el derecho de percibir una cuantía diaria en calidad de subsidio por incapacidad temporal. Si dicha baja tiene lugar a consecuencia de enfermedad profesional o accidente de trabajo, entonces el derecho a percibir el subsidio económico se genera a partir del día2º de la baja en cuestión.

La incapacidad temporal da lugar a una baja cuya duración se puede extender hasta los 365 días, los cuales son prorrogables 180 días más si es que el profesional médico a cargo de tratar al trabajador estima que en ese tiempo podrá tener lugar su curación. En el transcurso de ese lapso, el Servicio Público de Salud (SPS) correspondiente a la comunidad autónoma del trabajador o de la Mutua colaboradora perteneciente a la Seguridad Social, emitirá la documentación que acredite la baja. Ante su confirmación, la baja médica se dará de alta en el sistema y con ello el trabajador tendrá derecho a recibir el cobro correspondiente a las prestaciones por concepto de incapacidad temporal.

El caso de períodos de observación por concepto de accidentes profesionales es tratado de forma diferencial, ya que la baja es por un período de 180 días, los cuales son prorrogables por otro período idéntico de tiempo si el médico tratante lo considera necesario para estudiar y observar la evolución del paciente.

En lo referente a quién paga al trabajador durante su baja por incapacidad temporal, la respuesta es que depende del período de la baja al que hagamos referencia.

Es la Seguridad Social, su Mutua Colaboradora o el Instituto Social de la Marina, quien se encarga de hacer efectivos los pagos al trabajador en este caso. Sin embargo, existe una salvedad: cuando la enfermedad no es profesional y el accidente no es laboral, del día 4º al día 15º de la bajaserá la empresa la que deberá hacerse responsable de pagarle al trabajador. A partir del día 16º de la baja los pagos pasan a ser responsabilidad de la Seguridad social o de su Mutua colaboradora. A partir de entonces, el pago lo sigue haciendo la empresa, pero solo desde el punto de vista material, ya que el dinero proviene de una de estas entidades. La empresa lo paga en calidad de nómina y la Seguridad Social o su Mutua le pagan a la empresa. Este procedimiento se realiza de esta forma para que el trabajador perciba los pagos como si de la nómina se tratara, por lo que se le descuentan las retenciones por IRPF y por las cuotas de Seguridad Social.

EL IMPORTE DEL SUBSIDIO POR IT

Si estamos ante un caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el trabajador cuenta con el derecho a recibir el 60% de la base reguladora desde el día 4º hasta el día 20º de la baja. A partir del día 21º, recibirá el 75% de dicha base. En los casos de enfermedad profesional o accidente de trabajo, cobrará el 75%  de la base reguladora a partir del día 2º de la baja laboral. Estos porcentajes son percibidos por igual tanto por el trabajador por cuenta ajena como por el autónomo.

Sin embargo, ya sea por decisión espontánea del empresario o ceñido al convenio colectivo, a menudo el empleado que se encuentra de baja por incapacidad temporal recibe el 100% de su base reguladora desde el primer día del alta de la baja. Esta modalidad se denomina pago directo y cesa a los trecientos sesenta y cinco días de la baja, siempre y cuando no se produzca el alta antes de ese tiempo, momento en el cual es la Seguridad Social o la Mutua la que se encarga de pagarle al trabajador durante los días de prórroga.

IMPUGNACIÓN DEL ALTA MÉDICA. Una vez es entregada el alta médica, se tienen 10 días para impugnarla, presentando un escrito con los datos personales y adjuntando los informes médicos que den sostenibilidad a la solicitud de seguir de baja. Una vez presentada, se suspenden los efectos del alta, es decir, se seguirá de baja y cobrando la IT hasta que se resuelva la solicitud. Si la resolución confirma el alta, se deberá devolver lo percibido esos días desde que se presentó la impugnación hasta la resolución denegatoria.

El plazo de impugnación dependerá del organismo que nos ha dado el alta: en el caso de que sea la mutua, será de 10 días hábiles, y en el caso de que sea el Servicio Público de Salud (SPS), será de 11 días hábiles. El plazo de contestación es de 7 días, pero pueden no contestar. Pasado ese plazo, se entiende que existe «silencio administrativo», y habrá que demandar, ya que se entiende que se deniega la baja. En el caso en que se confirme el alta, hay 20 días hábiles para presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.

RECLAMACIÓN DE CONTINGENCIA. Existen dos tipos de contingencia en el derecho laboral:

  • Contingencia profesional, derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional,
  • Contingencia común, enfermedad común o accidente no laboral.

Cada una tiene una base de contingencias (salario de referencia para calcular la cuantía que se percibe por incapacidad temporal o permanente) diferente en la nómina, y aunque suelen ser iguales, puede que la base de contingencia profesional sea superior (nunca inferior) a la contingencia común, por lo que, lo normal, es que sea más beneficioso para el trabajador una baja profesional que una común.

El procedimiento de determinación de contingencias, se inicia en vía administrativa y posteriormente una demanda en los juzgados, y tiene como objetivo cambiar una contingencia que ha sido catalogada como común a contingencia profesional, aunque también puede tener el orden inverso.

Todo el procedimiento administrativo viene explicado en el artículo 6 del Real Decreto 1430/2009.

En caso de no obtener un resultado satisfactorio habrá que interponer una demanda ante los juzgados de los Social cuyo procedimiento judicial viene regulado principalmente en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

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