La ampliación de los derechos sociales de los trabajadores ha generado importantes desafíos económicos en las empresas en 2023

Abogados laboralistas, jueces y sindicatos hacen balance del año y apuntan los retos

 

El cierre de 2023 y el inicio de 2024 plantean grandes desafíos a nivel social, económico y laboral. La implementación del Real Decreto-Ley 5/2023, que amplía los permisos laborales para la conciliación entre la vida personal y profesional, la cuestionada legalidad del sistema de indemnización por despido improcedente y el debate sobre la necesidad de dar audiencia previa al trabajador antes de un despido disciplinario, destacan como algunos de los principales retos que marcarán el panorama laboral de los próximos años.

 

Estas cuestiones han sido abordadas por la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) en la I Jornada Formativa del Club de Jóvenes ASNALA, celebrada ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, destinada a examinar los aspectos más controvertidos de estas problemáticas.

 

La presidenta de ASNALA, Ana Gómez, ha resaltado que el entorno laboral es “cada vez más desafiante, con un aumento preocupante de la inseguridad jurídica y de la litigiosidad, que está provocando una presión todavía mayor en la Jurisdicción Social”.

 

“Los novedosos permisos laborales para la conciliación recogidos por el Real Decreto-Ley 5/2023 suponen un punto social importante a favor de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo”, explica el laboralista Omar Molina, director laboral de Augusta Abogados y miembro del Club de Jóvenes ASNALA.

 

Sin embargo, desde una perspectiva empresarial, este experto en Derecho Laboral señala que “generará verdaderos retos organizativos para las empresas, que estarán más expuestas a tener que gestionar las famosas jornadas ‘a la carta’ y tendrán que afrontar un incremento de costes por la necesidad de cubrir estos permisos”.

 

En esta jornada, se ha analizado cómo la estructura y funcionamiento de las organizaciones deberá tender a una mayor flexibilidad para aplicar correctamente los nuevos derechos. Entre ellos, el derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor o el permiso parental, que permite a las personas trabajadoras el cuidado de hijos o menores acogidos, bien a régimen completo o parcial, hasta el momento en el que el menor cumpla ocho años.

 

La Carta Social Europea y los despidos

La necesidad de modificar el sistema de compensación por despido improcedente se ha abierto tras la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), del pasado 23 de abril. Tal y como expone el laboralista Omar Molina, la importancia de este pronunciamiento judicial radica “en el establecimiento de una indemnización adicional a la máxima legal en aquellos supuestos en los que la indemnización correspondiente por despido improcedente sea exigua y no tenga un efecto disuasorio para la empresa, ni compense suficientemente a la persona trabajadora por la pérdida de ocupación”.

 

De acuerdo con el artículo 24 de la Carta Social Europea, la indemnización debe ser siempre “adecuada” o “reparadora”. También entra en juego el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los magistrados que dictan sentencias a favor de esta indemnización adicional, hablándose de un despido restaurativo o reparativo, se basan en estos dos preceptos internacionales para sostener que la indemnización debe ser analizada con respecto a las circunstancias personales y situación de cada persona trabajadora.

 

Otro de los temas más candentes a nivel laboral que marca el fin de 2023 y el inicio del nuevo año es la obligación o no de dar una audiencia previa al trabajador en la que sea escuchado antes de ser despedido disciplinariamente.

 

Varios Tribunales Superiores de Justicia, como el de Madrid o Islas Baleares, se han pronunciado a favor de abrir este proceso previo amparándose en otro de los artículos del Convenio 158 de la OIT. En concreto, el número 7. Esta cuestión, que llevaba muchos años ya resuelta por el Tribunal Supremo, ha resurgido a raíz de estas sentencias, obligando a que la Sala de lo Social del Alto Tribunal deba valorar de nuevo esta cuestión.

 

Un año de reformas

Carlos Javier Galán, magistrado del Juzgado de lo Social número 14 de Sevilla, destaca que “el año 2023 ha sido intenso en novedades sociolaborales, como la nueva ley de empleo, la reforma de pensiones, las nuevas causas de baja por incapacidad temporal, los cambios en la gestión de la IT, los nuevos permisos, la aplicación en las empresas de la protección al denunciante, las nuevas bonificaciones en contratación, etc. todas con algunas incertidumbres de aplicación”.

 

Desde su punto de vista, “el laboralista sigue teniendo que realizar un ejercicio muy intenso de estudio y actualización”.

 

“La convocatoria de elecciones hizo decaer varias leyes en trámite, por lo que las reformas procesales en el ámbito del orden jurisdiccional social y otras cuestiones se aplazan”, recuerda.

 

A su juicio, “es deseable que se replanteasen algunas cuestiones y que el Gobierno y los grupos parlamentarios escuchasen a los operadores jurídicos que conocen el día a día de la jurisdicción, para realizar reformas que sean verdaderamente eficaces y sin mengua de los derechos de los justiciables”.

 

Este magistrado recuerda que “el orden jurisdiccional social sigue en muchos partidos judiciales sin órganos y medios suficientes y la demora en los plazos de resolución en determinados territorios es verdaderamente desproporcionada, sin que los responsables públicos parezcan tener conciencia de la gravedad del problema, especialmente para las personas trabajadoras y para las beneficiarias de la Seguridad Social que no pueden esperar varios años para tener respuesta a sus demandas”.

 

En su opinión, una potenciación real de la conciliación y la mediación, una mayor eficiencia en los medios y una legislación más adecuada, también ayudarían a paliar el problema. Pero, para esto último, la regulación, debe estudiarse con seriedad la evolución en el tiempo de del número y tipología de demandas en social y sus causas últimas, para diseñar adecuadamente las soluciones”.

 

“Por ejemplo, determinar en qué medida la supresión de los salarios de tramitación tuvo un efecto multiplicador de la litigiosidad. O que la Administración se plantee sus usos, porque aproximadamente la mitad de la litigiosidad de nuestros juzgados derivan de las propias Administraciones Públicas y hay una parte de la misma que podría ser evitable”, añade

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Al mismo tiempo, subraya que “este año hemos tenido miles de procedimientos por padres reclamando el complemento de aportación demográfica”.

 

También piensa que «sería interesante la posibilidad de introducir algún mecanismo para revisar las decisiones en materia de Seguridad Social y especialmente las de contenido médico, que pudiera ser parecido a lo que suponen los TEAR en lo tributario; es decir, un organismo administrativo, pero con cierta independencia respecto al INSS, que contribuyera a aminorar la judicialización de las prestaciones de Seguridad Social”.

 

Desde su punto de vista, “entre los retos pendientes, además de las reformas procesales, está que los interlocutores sociales y el legislador regulen el despido de manera acorde con la Carta Social Europea revisada y que nuestro país ha ratificado, para que cuando el Comité de Derechos Sociales se pronuncie, no caigamos en una situación de discrecionalidad judicial y de inseguridad jurídica, tan perjudicial para todos, pero especialmente para las empresas, que necesitan certidumbre”.

 

Otra cuestión que señala este magistrado de lo social es «introducir en la norma una audiencia previa en el despido regulada de forma razonable y sencilla, que nos adecué al Convenio 158 de la OIT”.

 

En su opinión, otro hito importante ha sido “la ratificación por España del convenio 190 de la OIT que brinda la oportunidad de hacer adaptaciones sustantivas y procesales para adecuación de nuestra normativa, que es deficiente a la hora de abordar los fenómenos del acoso y la violencia en el trabajo”.

 

Sindicatos y conquistas sociales

Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de  Política Sindical de UGT, indica que 2023 ha estado marcado en el segundo semestre por las elecciones autonómicas, y luego generales que generó un parón legislativo en el país. «Pese a ello, en el primer semestre, el pasado 14 de febrero se aprobaba el Real Decreto del SMI, que se elevó hasta 1.080 euros al mes. Es una mejora social importante y deberá seguir avanzándose en esa línea en esta nueva legislatura. De hecho, se ha demostrado que no ha generado problemas de creación de empleo como auguraban algunos expertos”, expone.

 

Sobre las afiliaciones a la Seguridad Social, dice que “hay cierta polémica con los fijos discontinuos» y que «si se habla de gente afiliada y se refiere a fijos discontinuos, éstos están en periodo de actividad». «Hay 21 millones 700.000 personas que trabajan. En ese periodo, pese a su subida, los fijos discontinuos no llegan al 9% del total de los que trabajan”, apunta.

 

Otro de los hitos que revela este sindicalista “es la reforma del sistema público de pensiones que salió publicado en el RD 3/2023, de 16 de marzo, “ayuda a blindar los derechos de los diez millones de pensionistas de nuestro país, vinculado las pensiones mínimas de jubilación con los umbrales mínimos de pobreza que ha hecho que se haya subido en una cuantía alta todas las pensiones». «Eso se ha hecho que se hayan incrementado los ingresos sostenibles para que el sistema se sostenible hasta el 2050”, apunta.

 

Dentro de los temas pendientes “sobre esta reforma de pensiones incluye una disposición adicional en la que nos obligábamos a regular el contrato de relevo y la jubilación parcial dando seguridad y certidumbre a los sectores manufacturaros y del automóvil, pero no ha sido posible. Estamos un año después tras varios debates con cierta incertidumbre con este tipo de contrato especifico. Esperemos que en los próximos Consejos de Ministros se trabaje para su prórroga hasta que lleguemos un acuerdo y lo podamos sustituir”, manifiesta.

 

A nivel más jurídico, desde UGT se pide una renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque provoca colapso en los tribunales superiores por fala de magistrados y magistradas. “Vivimos en una situación anómala con unos vocales que llevan más de cinco años sin renovar en sus puestos lo que genera esas disfunciones y la crispación de nuestra sociedad. En ese escenario, el diálogo social es más importante que nunca como base de los principales acuerdos laborales”, declara.

 

Para este experto, que ha estado ejerciendo más de treinta años, también es preocupante el colapso de la jurisdicción social, “con juicios de despidos que se fijan para el 2025 o más». «La falta de medios personales y materiales está clara y habrá que ver que el papel del nuevo ministro de Justicia en esta legislatura para agilizar los Juzgados de lo social. Ahora, esa demora es enorme y hay que trabajar para minimizarla”, subraya.

 

De cara al 2024, Lujan cree que ha llegado el momento de afrontar la reducción de jornada sin reducción de salario. “Eso hará que las empresas sean más competitivas y los trabajadores puedan conciliar mejor. Así figura en distintos estudio que manejamos y alguna iniciativa como la de Reino Unido de 62 empresas que redujeron la jornada a 32 horas, cuatro días ala semana sin reducción de salario. De ese total, 56 empresas siguen con ella”, expone.

 

A su juicio, es el momento de hacer cambios en la jornada laboral española, que desde junio de 1983 está en 40 horas “es ya el momento de un cambio para transitar hacia otros escenarios». «Ahora mismo, en muchos convenios colectivos, la jornada laboral pactada es de 38,2 horas, el primer paso que se da en la negociación colectiva y favorecerá a otras personas que no tengan convenio y no estén protegidos realmente”, indica.

 

Otra cuestión que plantea es revisar las indemnizaciones del despido a la Carta Social Europea. “Ya hay decisiones de tres países, como Finlandia. Posteriormente, se examinó el caso italiano y en el caso francés, con dos resoluciones en el fondo donde también se cuestionaba su sistema de indemnización. Es previsible que en nuestro caso, tengamos una resolución favorable que, como cualquier tratado internacional, es de obligado cumplimiento, pese a lo que señalan otros expertos”, relata.

 

Sobre esta legislatura, UGT reivindica que se acometen dos cuestiones importantes: “Una nueva ley de negociación colectiva que sirva para blindar y garantizar el articulo 37 de la Constitución, y dar desarrollo al articulo 129,2 de nuestra Carta Magna en el sentido de la participación de las personas trabajadores en la gestión de las empresas, uno de los derechos que aún no se ha desarrollado en beneficio de los trabajadores”.

 

Fuente: Economist & Jurist

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