De los más de 80.000 euros que cuesta contratar por la base máxima, al bolsillo del empleado le llegan menos de 43.000 euros
La insistencia del Gobierno de Pedro Sánchez con subir sistemáticamente el Salario Mínimo (SMI) cada año ha generado un inquietante fenómeno: los sueldos se están acercando cada vez más al SMI.
Según la reciente Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativa a 2024, el salario más frecuente en España (o salario modal) se situó durante ese ejercicio en los 16.520,2 euros brutos. Esta cifra se situó 1.970 euros por debajo del salario más frecuente del año 2018 y muy cerca del SMI de ese mismo año (15.876 euros).
Los datos del INE también detallan que la ganancia media anual por trabajador fue de 29.540,26 euros en 2024, un 5,3% superior a la del año anterior, y la mediana (la que divide al número total de trabajadores en dos partes iguales) fue de 24.497,17 euros. Sin embargo, en ese ejercicio destacó una importante concentración de salarios entre las franjas más bajas. Tanto es así, que la ganancia anual del 29,5% de los trabajadores se situó entre los 16.000 y 23.000 euros. Estas cifras reflejan que los salarios en España se estarían igualando… pero por abajo.
Los efectos perniciosos del SMI
Este año, el Gobierno ha subido el Salario Mínimo (SMI) otra vez. Así, este sueldo artificial es de 1.221 euros al mes (37 euros más que en 2025), que equivalen a 17.094 euros al año. Durante su aprobación, tanto Pedro Sánchez como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticaron a las patronales y empresas que se opusieron a la medida y les exigieron un esfuerzo para subir más los sueldos.
Cabe recordar que esta subida del SMI supone un duro golpe para los pequeños negocios, que son, sobre todo, los que más dificultades tienen para cumplir y para sobrevivir ante una medida de esta índole. Así, aunque la subida del SMI suponga un beneficio inmediato para los trabajadores sujetos a esa cuantía, su aplicación genera efectos perniciosos entre los sectores o colectivos más sensibles a su aplicación.
Ejemplo de ello son los autónomos con empleados a su cargo o el empleo del sector agrícola y doméstico, donde es más habitual cobrar el SMI, ya sea porque tienen empleadores con pocos márgenes de beneficio y/o porque recurren a mano de obra poco cualificada. De hecho, tanto en la agricultura como en el empleo doméstico ha caído la afiliación desde que gobierna Sánchez.
Además, hay que tener en cuenta que el SMI oficial no incluye el coste laboral total de contratar para el empresario, ya que a este importe hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta la empresa y que dispara todavía más la factura de cumplir con el mandato gubernamental. Tal y como ha calculado el Colegio de Gestores Administrativos, con datos para Libre Mercado, a la empresa le cuesta 22.589 euros pagar el SMI actual de 17.094 euros debido a que tienen que soportar 5.495 euros en cotizaciones.
El Estado llega a quedarse casi el 50%
En el caso del SMI, el Gobierno ha dejado exento el IRPF para este salario, lo que supone un alivio para los empleados con sueldos más bajos. Eso sí, a partir de esa franja salarial, el IRPF comienza a detraer riqueza generada por los trabajadores, y si unimos ese tributo a las cotizaciones sociales, el Estado puede llegar a quedarse alrededor del 50%.
Y es que, en el caso de los salarios más altos, el esfuerzo que tienen que hacer los empresarios por contratar empleados cualificados (que son los que más ganan) se vuelve titánico en España. Ejemplo de ello es el caso de un salario bruto de 61.214,4 euros anuales, que es la base máxima de cotización establecida para este año.
Según el Colegio de Gestores Administrativos, abonar este sueldo supondría para el empresario un total de 82.106 euros porque tendrían que asumir 19.692 euros en cotizaciones para la Seguridad Social. Este salario obliga a asumir 15.522 euros en el IRPF al trabajador y más de 3.000 euros en cotizaciones. Por tanto, de esos más de 80.000 euros que le cuesta el contrato al empresario, al bolsillo del empleado le llegan menos de 43.000 euros, lo que genera un efecto expulsión de este tipo de profesionales de nuestro país.
Cabe recordar que, desde 2025, el Gobierno aplica a los salarios más altos la llamada «cuota de solidaridad», que es un porcentaje extra de cotización en la parte del salario que supera la base máxima.
A este otro golpe al trabajo se le suma también el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) puesto en marcha por José Luis Escrivá en 2023 dentro de su reforma de pensiones. El MEI tienen que pagarlo todos los trabajadores, autónomos y empresarios del país y supone una subida extra cada año, y cada vez mayor, a las cotizaciones. Comenzó en el 0,6%, y a partir del 2029 será del 1,2%, lo que además de un palo al trabajo, también supone otro quebradero de cabeza para los gestores administrativos a la hora de realizar las nóminas.
