La comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, este pasado jueves 5 de marzo en el Congreso supone el pistoletazo de salida para la reforma de las pensiones. El Gobierno ha anunciado que quiere disponer de un marco legal “estable” cuando se produzca la próxima actualización de las pensiones, es decir, a principios del próximo año. Una de las principales preocupaciones que expresó el ministro es la de la “incertidumbre y preocupación” que genera el asunto de las pensiones entre los ciudadanos
El primer paso es que la “Comisión para el seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo” llegue a un acuerdo sobre las denominadas “recomendaciones” del pacto, un texto que servirá de base para el diálogo social entre el Ejecutivo y los actores sociales a la hora de abordar la reforma. Vale recordar que la Comisión del Pacto de Toledo “simplemente” redacta recomendaciones que posteriormente tanto el ejecutivo como el legislativo deben consensuar finalmente en el Parlamento.
Escrivá se mostró a favor de que estos trabajos no empezaran de cero, sino que tomaran como punto de partida los consensos alcanzados en el Pacto de Toledo de la XII Legislatura (2016-2019), que cerró buena parte de sus recomendaciones y que se acabó dinamitando por “tirios y troyanos” por el adelanto electoral del 28 de abril.
¿De dónde venimos? Algo de historia.
El 20 de febrero de 2019 el Pacto de Toledo encalló a solo 15 días de la disolución de las Cortes que daba paso a las elecciones del 28 de abril de ese año. La mayoría de los partidos responsabilizaron a Podemos de lo sucedido, mientras que los de Podemos y ERC denunciaron que el PSOE, PP y Ciudadanos pretendían cerrar unas recomendaciones que consagrarían la era de los recortes iniciada tras el estallido de la crisis económica.
Cualquier acuerdo que se alcance en el seno de esta comisión tiene que contar con un apoyo claramente mayoritario, y sus negociaciones tratan de apuntar hacia la unanimidad, para que las previsibles reformas integrales del sistema de pensiones no dependan de los gobiernos de turno.
En la XII Legislatura (2016-2019), antes de la fallida, la comisión del Pacto de Toledo logró importantes avances en las 22 recomendaciones que nutren el texto que debe servir de marco a los actores sociales y al Gobierno para reformar el sistema de pensiones. Aunque la comisión estuvo durante mucho paralizada por la falta de consenso, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) permitió desatascar las negociaciones. Este texto sirvió como base para avanzar en los acuerdos, pero tras el anuncio del adelanto electoral, el Pacto saltó por los aires. Podemos mantuvo sus votos particulares a las recomendaciones pactadas, lo que de facto supuso imposibilitar la unanimidad buscada. El PSOE, PP y Cs aseguraron entonces que Podemos buscaba, “desde el principio”, romper el Pacto para sacar rédito entre el electorado progresista.
Podemos y ERC apuntaron a que nunca habían estado realmente cerca de un acuerdo y que, con el anuncio de las elecciones, estos tres grupos quisieron forzar una “foto de consenso” para vender que el Pacto de Toledo de esa legislatura había sido útil para la ciudadanía. La portavoz de la formación morada en la comisión era Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo.
En el fallido borrador se recogían algunos de los acuerdos que motivaron los votos particulares de Podemos y que vertebran los grandes desafíos del sistema de pensiones: cálculo de la pensión, edad de jubilación, revalorización anual, las fuentes de financiación del sistema y los sistemas complementarios al sistema público de pensiones.
La recomendación que más costó sacar adelante fue la de la revalorización anual de las pensiones: los grupos acordaron revalorizar las pagas de jubilación de acuerdo al IPC (algo que ahora se hace de forma temporal mediante un decreto del Gobierno), aunque se dejó la puerta abierta a que otros indicadores también influyeran a la hora de actualizar las pensiones.
Respecto a la cuantía, se acordó ampliar su cálculo a toda la vida laboral, aunque el pensionista podía elegir los “mejores años” para el cómputo. Desde Podemos se denunció que esta fórmula suponía de facto una disminución de la cuantía a recibir debido a la precariedad de la vida laboral.
El borrador mantenía la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, una reforma introducida por el Gobierno de Zapatero en 2011. Se argumentaba que esta prolongación de la vida profesional bajo el pretexto de dar respuesta al alargamiento de la esperanza de vida “a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo”.
Ahora, y tras su comparecencia del ministro, la comisión parlamentaria, presidida por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, deberá trabajar para resolver los asuntos clave de la reforma del sistema de pensiones, a saber:
Revalorización anual de las pensiones
Aunque inicialmente hubo bastantes desacuerdos en esta cuestión cuando se puso sobre la mesa, a día de doy ninguno de los grupos pone en duda la revalorización de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC). En las dos últimas actualizaciones este ha sido el índice que se ha seguido como referencia, pero la fórmula todavía no está blindada por ley. Escrivá recordó este miércoles que las cuantías se habían modificado de acuerdo al IPC mediante decretos, y que la fórmula vigente sigue siendo la introducida por Mariano Rajoy, la del IRP (el fatal 0,25%).
Según la posición actual de los grupos, lo previsible es que incluyan la revalorización al IPC por ley entre sus recomendaciones, no obstante, está por ver si alguno de los grupos quiere introducir otros índices complementarios para efectuar el cálculo de las revalorizaciones.
Edad de jubilación
No parece que el Pacto de Toledo aborde de momento la edad legal de jubilación, que se sitúa en la actualidad en los 67 años de forma general. En cambio, sí que trabajarán los consensos en cuanto a la edad efectiva de jubilación. Escrivá aseguró que uno de sus objetivos es el de cerrar la brecha entre la edad efectiva y la edad legal de jubilación y para ello, anunció que el Gobierno quiere desincentivar la jubilación anticipada voluntaria a la vez que se incentiva la prórroga de la vida laboral. “Hay que ofrecer esquemas bien diseñados que generen incentivos. Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en la brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro“, explicó Escrivá. El Ejecutivo opta por llevar a cabo una evaluación de los incentivos que ya existen en la actualidad para prorrogar la vida laboral, “optimizar su utilización y, si es necesario en algún caso, redefinir alguno de sus elementos”, además de revisar la normativa sobre jubilaciones anticipadas voluntarias.
Factor de sostenibilidad
Fue uno de los puntos de fricción entre las izquierdas y las derechas en el Congreso en la XII Legislatura. Desde formaciones como Podemos rechazan frontalmente esta herramienta, introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y diseñada bajo el pretexto de contener el gasto en pensiones. El factor de sostenibilidad afecta directamente al cálculo de la primera pensión de los nuevos jubilados y ajusta la cuantía a la esperanza de vida de ese momento. Su primera aplicación se debería haber producido por ley a principios de 2019, pero mediante un Decreto se atrasó hasta el 2023.
Escrivá afirmó este miércoles que el factor de sostenibilidad tiene “poco efecto” sobre el nivel de gasto en pensiones, “apenas medio punto del PIB a largo plazo“, por lo que es previsible que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se llegue a un acuerdo para suprimir este factor.
Sistemas complementarios: planes de pensiones privados y de empleo.
El papel de las pensiones privadas en el sistema fue una de las claves por las que Podemos y ERC optaron por no sumarse al consenso de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2019. La recomendación 16 de este texto menciona los planes privados de ahorro como complementarios al sistema público general y apuesta por su “implantación efectiva”, al entender que su recorrido hasta este momento ha sido “insuficiente”. Esta recomendación también subraya la conveniencia de impulsar, de forma preferente, “los sistemas de empleo sustentados en el marco de la negociación colectiva y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro. Escrivá apostó por incentivar los planes de pensiones privados de las empresas en detrimento de los planes de pensiones individuales, trasladando los beneficios fiscales de los que disfrutan actualmente los planes de ahorros privados individuales hacia los planes de pensiones previstos por las empresas para los trabajadores.
Cálculo de la jubilación
Es qu8izás el punto que menos consenso genera entre los grupos. En el borrador del Pacto de Toledo de la XII Legislatura se recoge que “la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora -que culminará en 2022- implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones“. Aunque se propone la ampliación del cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, también se establece la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables. Sin embargo, algunos grupos defienden que, por regla general, esto supone una disminución de la cuantía a recibir debido a la precariedad existente en grandes tramos de la vida laboral. Escrivá no hizo referencia a este asunto en su comparecencia.
¿Problemas “internos” a la vista?
La hoja de ruta del ministro con sus dos propuestas más relevantes chocan frontalmente con las medidas del programa del resto de la izquierda parlamentaria. Y no son pequeñas discrepancias: en algunos casos son medidas opuestas, muy difíciles de reconciliar sin que uno de los dos tenga que admitir que ha dado su brazo a torcer.
De hecho, sin ni siquiera hablar de medidas, Escrivá ya dejó claro (¡quizás sin saberlo o quererlo… o quizás sí!) lo alejado que está de las posiciones de Podemos. Así, el nuevo ministro aseguró en la Comisión que el borrador que hace un año estuvo a punto de aprobarse era un “punto de partida excelente” para la discusión. Y lo repitió en varias ocasiones, como para confirmar que, con pequeños ajustes, el documento podría servir para comenzar esa reforma tan necesaria. En realidad, las grandes medidas que aquel borrador recogía no son muy diferentes de las que el ministro explicó el jueves.
El problema es que Podemos, ahora en el Gobierno, fueron los que destrozaron el consenso hace un año y lo hicieron, precisamente, porque el borrador contenía las mismas propuestas que ahora Escrivá hace suyas. Además incluso se podría decir que el ministro quiere ir ahora un poco más allá precisamente en los puntos que más molestaban a Podemos.
Escrivá planteó ayer tres grandes líneas para esta reforma:
En la primera, sí hay consenso: pero tampoco era muy complicado pues es “la reforma que no es una reforma”, una reforma propagandística: la “separación de fuentes de financiación” en realidad no significa nada pues no toca ni un euro en gastos ni en ingresos y simplemente pasa al Presupuesto del Estado los gastos necesarios para que la Seguridad Social pueda anunciar que no tiene déficit. En esto están todos de acuerdo, del PP a Podemos pues no se indica que partidas presupuestarias hay que recortar para hacer frente a los gastos de la Seguridad Social ni que impuestos hay que subir para que los recortes no sean precisos (¿emitiendo más deuda pública, es decir, hipotecando más todavía a nuestros hijos?).
En la edad de jubilación Escrivá mantuvo el mismo discurso que tenía como presidente de la AIReF: la mejor manera de garantizar la suficiencia de las pensiones es retrasar el momento del retiro. Y no hablamos sólo en términos legales sino en la edad real a la que nos jubilamos. Escrivá quiere que los 67 años que estableció como edad de referencia la reforma de 2011 no sean papel mojado. Esto es justo lo contrario de lo que plantea Podemos. Hace sólo un par de años, el vicepresidente del Gobierno en el que trabaja Escrivá, presentaba en el Congreso una Proposición de Ley para la reforma del sistema público de pensiones y su medida estrella era volver a los 65 años como edad legal de jubilación y facilitar las jubilaciones anticipadas desde los 61 años para todos aquellos trabajadores que hubieran cotizado al menos 35 años. En su programa electoral para las elecciones de 2019 (tanto las de abril como las de noviembre), los de Iglesias mantenían su apuesta e incluso planteaban que las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones
En la tercera, los planes de empresa, es cierto puede encontrar un punto de apoyo en Podemos, al menos en lo referido a quitar los incentivos fiscales que existen en la actualidad a los planes de pensiones individuales. Pero Escrivá no habló ayer de eliminar por completo estas ayudas, sino de trasladarlas a los planes de ahorro colectivos de empleo. El problema es que siguen siendo “planes de ahorro”, en el fondo siguen siendo individuales (aunque se articulen a través de la negociación colectiva o a través de planes de empresa, cada trabajador va ahorrando en una bolsa individual que se lleva cuando cambia de trabajo) y siguen estando gestionados por el sector financiero.
Es verdad que sobre planes de empleo no hay nada, en concreto, en el programa electoral de Podemos, pero se intuye que la razón es que que ni se plantean esta opción. De hecho, lo único que dicen al respecto es “eliminaremos los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados“.
Cabe preguntarse qué puede esperarse de este Gobierno en materia de pensiones. ¿Lo que dice el ministro de Seguridad Social o lo que dicen sus socios, de los que depende? Porque no hablamos de cuestiones menores pues sus propuestas marchan en direcciones completamente opuestas. para afrontar una reforma de las pensiones, no está tan claro que sean un buen punto de partida.
Fuentes: publico y libremercado