«El crecimiento basado en el incremento de la población por la emigración y empleo de mala calidad con estancamiento de la productividad no llega a los ciudadanos»
Que la corrupción enfanga a todo el gobierno Frankenstein es un hecho de sobra conocido y poca discusión cabe al respecto. El sanchismo no tiene dónde agarrarse. Que el Gobierno carece de cualquier principio democrático y que se ha dedicado a colonizar todas las instituciones para utilizarlas en su propio beneficio es una realidad que solo discuten los muy cafeteros. En la marcha de la economía, quizás por ser un tema más técnico, es donde el Ejecutivo se refugia para vender su actuación. De nuevo, este régimen, que tanto utiliza como arma política el franquismo cada vez usa más sus trucos y sus malas artes. La dictadura quería ocultar con frecuencia su corrupción y sus múltiples carencias democráticas detrás de lo que consideraba éxitos económicos.
Este Gobierno continúa por el mismo camino y, con idéntica finalidad, echa las campanas al vuelo, blandiendo el incremento del PIB y del empleo. Dicho discurso a veces es aceptado por muchas personas a las que no se puede tildar de sanchistas. Tal vez por eso es útil dedicarnos a analizar este último aspecto, el económico, y a revelar los agujeros que presenta ese relato triunfalista.
El 28 de febrero pasado, en un artículo publicado en este diario, que titulé España crece, pretendí desmontar ese discurso complaciente del sanchismo, basado en el crecimiento del PIB, acerca de lo bien que marcha la economía española. Intenté demostrar la relatividad de este indicador y los errores a que puede dar lugar considerado en solitario. Mi pretensión hoy es analizar esa otra magnitud a la que el Gobierno se aferra para reivindicar su buena gestión económica, el empleo.
Ambos se basan para ese diagnóstico tan optimista en el número de afiliados. Pero el enunciado está mal. La estadística lo que facilita es el número de afiliaciones. Hay muchos empleados que tienen más de una afiliación. En el año 2025, el número de pluriempleados era de 886.800. Si consideramos las horas trabajadas, que es lo realmente importante, el crecimiento en el periodo de 2018 a 2025 es prácticamente nulo. Es decir, el número de afiliaciones no coincide con el número de afiliados, ya que un mismo afiliado puede tener al mismo tiempo o de forma sucesiva varias afiliaciones, y otros pueden poseer solo un trabajo parcial.
Pero, antes de nada, no está mal desmitificar la reforma laboral. Desde hace tiempo, la izquierda, bien fuese la política, la sindical o la mediática, venía reclamando la derogación de la reforma laboral del PP de 2012. La izquierda a la izquierda del PSOE iba más allá, exigía que se derogase también la de Rodríguez Zapatero de 2010. Y el sanchismo, ya en el Gobierno, pactó con Bildu su derogación.
La ministra de Trabajo, tras entrar en loor de multitudes en el congreso de CC OO y acogida al grito de «Presidenta, presidenta» ya en la tribuna y con cierto tono mitinero, gritó «Derogación, sí o sí», aunque más tarde en una emisora de radio afirmó que la derogación no era viable. Viable, sí, pero políticamente quizás no era posible, o al menos así se decidió.
La reforma de 2022 no toca el núcleo fundamental ni de la de 2010 ni de la de 2012, consistente en el coste del despido y en el cómo y cuándo se puede despedir. Resumiendo, en ambas leyes se reducen las indemnizaciones y se determinan las causas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) de los despidos colectivos (ERE y ERTE) con tal vaguedad y amplitud que las empresas pueden actuar con absoluta libertad, tanto más en cuanto que se eliminó la obligación de pedir la autorización administrativa.
La reforma laboral del PP (2012) fue continuación de la de Zapatero (2010) y las dos obedecieron a la imposición de la UE. Conviene considerar que la reforma se encontraba en la carta que Trichet, entonces presidente del BCE, envió juntamente con Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, a Rodríguez Zapatero, gemela de otra enviada a Berlusconi. En ambas se establecían las condiciones para que el BCE interviniese en el mercado y rescatase a España y a Italia de la encrucijada en que las había sumido una prima de riesgo insoportable. Entre esas condiciones estaba casi como punto número uno la reforma laboral.
«La reforma laboral de este Gobierno está muy lejos de haber derogado las dos leyes anteriores»
Aun cuando en la UE se viven actualmente momentos más relajados que en 2010 o en 2012, parece bastante claro que Bruselas no hubiera visto con buenos ojos una reforma laboral sin la firma de la patronal y, desde luego, lo que nunca hubiese aceptado habría sido una derogación total de unas leyes que habían surgido de la presión tanto de la Comisión como del BCE. Podían tolerar algunos cambios, dado que la situación económica es distinta de la de entonces, pero nada más. De momento, no se precisa una devaluación interna como la que hubo que acometer en la crisis anterior.
La presión de la UE para que se reformase el mercado de trabajo no se limitaba a la coacción de Bruselas o de Fráncfort, sino que radicaba en la propia naturaleza de la moneda única. La imposibilidad de devaluar la moneda fuerza, en presencia de graves desequilibrios de la balanza de pagos ocasionados por la diferencia en las tasas de inflación, a lo que se denomina «devaluación interna». Se trata en definitiva de recuperar mediante la depreciación de precios y salarios la competitividad exterior perdida. A este objetivo estaban destinadas las dos reformas laborales, tanto la de Rajoy como la de Zapatero.
En la negociación social previa a la reforma, una vez que quedó apartado el tema principal, el despido, se dio mucha importancia a la dualidad del mercado de trabajo. Al principio, el Gobierno y los sindicatos pretendieron que se estableciera una proporción de los contratos temporales que podía mantener cada empresa. Pero, ante la oposición de la patronal, finalmente se optó por reducir las figuras posibles de los contratos temporales. No obstante, da la impresión de que la modificación fue más bien de maquillaje. En realidad, cambiaron los nombres, pero se mantuvieron los resultados.
«En 2025 el 21,5% de los contratos duró menos de una semana y el 34,2%, menos de un mes»
La precariedad actual del mercado laboral aparece de forma expresa cuando se consultan algunos datos. En 2025 el 21,5% de los contratos duró menos de una semana y el 34,2%, menos de un mes. Qué importa que los contratos se llamen indefinidos, si la duración es tan corta. En ese año, el pluriempleo creció en 200.000 personas hasta alcanzar las 900.000, prueba bastante evidente de la baja calidad de los empleos, que en muchos casos obliga a tener dos o más trabajos para cubrir las necesidades.
El cambio de nombre no soluciona el problema. Después de la reforma laboral, determinados tipos de contratos se incluyen dentro del epígrafe «fijos discontinuos». El nombre mismo desconcierta porque de fijos no tienen mucho, ya que es posible que la mayoría del tiempo estén en paro; tan es así que durante la fase de inactividad pueden cobrar el seguro de paro, y acudir como demandantes de empleo a las oficinas del SEPE. Sin embargo, igual que los trabajadores que se encuentran en un ERTE, en las estadísticas no figuran como parados, sino como demandantes de empleo con relación laboral. A finales de 2025, este epígrafe se elevaba a 900.000 personas, que habrá que sumar a la cifra de paro registrado, que en ese momento ascendía a 2.400.000. El número real de parados se elevaba, por tanto, a 3,3 millones y la tasa de paro, en lugar de ser 9,9%, era más bien del 14%, lo que relativiza el discurso triunfalista del Gobierno
Fuente: La verdad sobre el mercado laboral, por Juan Francisco Martín Seco
