LA AGENDA DE DÍAZ EN MATERIA LABORAL PARA LA NUEVA LEGISLATURA

Subida del SMI, reescribir el Estatuto de los Trabajadores, desarrollo del artículo 129 de la Constitución y una reforma de las reglas de representatividad empresarial

 

La pasada legislatura fue frenética para el diálogo social, podría decirse que nunca antes se había negociado tanto, ni había habido tantos cambios de calado de la normativa laboral en un periodo de cuatro años. En total, Yolanda Díaz lleva a gala haber firmado nada menos que 18 acuerdos en el diálogo social, entre los que hay algunos solo ratificados con los sindicatos, como alguna de las subidas del salario mínimo, la ley de igualdad retributiva que fueron rechazados por los empresarios. Pero incluso estos acuerdos que no recibieron el visto bueno patronal, también fueron negociados con los representantes empresariales, con lo que nadie puede negar una actividad que llevó literalmente al agotamiento a algunos de los negociadores del diálogo social.

 

 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

De la extensa agenda incluida en el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar con más de una veintena de reformas del ámbito laboral de mayor o menor calado, lo primero que previsiblemente tiene la intención de ejecutar Diaz es la negociación con empresarios y sindicatos de una nueva subida del salario mínimo interprofesional, situado en 1.080 euros al mes en 14 pagas. Esta negociación no es vinculante (el Gobierno solo tiene que consultar a los interlocutores sociales) pero su intención no es solo aplicar un nuevo incremento sino blindar en el Estatuto de los Trabajadores que esta renta crezca siempre acompasada con el 60% del salario medio para garantizar su poder adquisitivo. No obstante la CEOE acaba de hacer una propuesta de subir el SMI un 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales, así . Así, el SMI aumentaría en 32,4 euros el próximo año y en 33,37 euros en 2025,

 

Reducción de la jornada laboral

Probablemente Díaz no tardará en poner en marcha la medida estrella en materia laboral: la reducción de la jornada de trabajo de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas. Su aplicación se producirá de forma progresiva, hasta las 38,5 horas en 2024 (una de las decisiones que debería tomar, por tanto, al principio de su nuevo mandato), culminando el recorte en 2025. A partir de ahí, la ministra pretende crear una mesa con los agentes sociales para seguir disminuyendo esta jornada máxima legal de manera pactada en función de los sectores de actividad. Esta iniciativa se completará con el diseño y aprobación de una Ley de Usos del tiempo de trabajo que incluya nuevas medidas de conciliación y que tuvo que dejar en el cajón en la pasada legislatura por el adelanto electoral.

 

 

 

El Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI

Pero probablemente su proyecto más complicado, sobre todo por las numerosas horas de negociación que requerirá con empresarios y sindicatos, será el de reescribir el Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo al siglo XXI, incluyendo todas las formas de trabajo (autónomos y cooperativistas) e incorporando en esta norma la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos y la transición verde, todo ello con la negociación colectiva (y, por tanto, la concertación social) como guía.

 

Indemnización por despido

Entre los proyectos de Díaz que más inquietan a la patronal están sin duda aquellos que más afectan al bolsillo y al día a día del funcionamiento de las empresas. Algunas de estas medidas quedaron fuera de lo que CEOE y Cepyme llamaron “el perímetro de negociación” de la última reforma laboral.

 

Las normas más polémica será, sin duda, la esperada reforma de la indemnización por despido, para que esta se fije no solo en función de la antigüedad del trabajador despedido sino también con otros parámetros y características del afectado. También pretende la revisión de las causas para que las empresas puedan modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de sus empleados o puedan inaplicar los convenios de referencia.

 

Desde la patronal también destacan que cualquier reforma del despido no formó parte del temario acordado para modificar, pero “reforzar la causalidad” en las extinciones de contratos y establecer mayores garantías para los trabajadores despedidos también está en la agenda del futuro Ejecutivo. Si bien, en este caso, con discrepancias entre los ministerios socialistas y Trabajo.

 

Representación sindical en los consejos de administración de las empresas

Hay, además, otros compromiso del acuerdo de Gobierno que la patronal rechaza firmemente y a priori. La intención de Díaz de facilitar más información económica (sobre todo de márgenes empresariales) a los negociadores de los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa “para posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad”.

 

El plan de la ministra de desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución, para que haya representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Fuentes empresariales han asegurado que “el espíritu” de esta presencia de los trabajadores en la toma de decisiones de las compañías ya está en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado entre la patronal y los sindicatos, cuando se refiere a la gestión de las transiciones tecnológica y verde. Por tanto, consideran que no hace falta una ley que lo establezca.

 

Mofificaciones sustanciales del trabajo

Sin embargo, sobre a indemnización por despido el pacto pretende asegurar que “se reforzarán las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues (inaplicaciones de convenios)”; y se revisarán también “las causas” por las que las empresas pueden cambiar estas condiciones laborales a sus empleados de forma que solo puedan recurrir a este mecanismo cuando de no hacerlo esté en riesgo la viabilidad de la empresa. Y, lo más importante, Díaz quiere que las empresas que recurran a estas rebajas de condiciones estén obligadas por ley a revertirlas una vez pasada la situación de crisis. Fuentes empresariales preguntadas por estos posibles cambios lo han vuelto a repetir: eso quedó fuera del perímetro de negociación, por lo que no están dispuestos a abordarlos. Sin embargo, desde Trabajo y los sindicatos lo tienen igual de claro, pero en sentido contrario: lo que quedó fuera en la última reforma laboral puede (y debe) formar parte de una nueva negociación para la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

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