LOS RETOS LABORALES-SOCIALES DEL NUEVO GOBIERNO

Con el ascenso a vicepresidenta cuarta de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, el nuevo Gobierno redobla la importancia de los asuntos relacionados con el dinero en la estructura del Ejecutivo, que afronta retos de calado e inaplazables en vivienda, trabajo, pensiones y fiscalidad.

 

El nuevo Gobierno de PSOE y Sumar tendrá que hacer frente en un contexto de desaceleración del crecimiento y de la creación de empleo, pese a la moderación de la inflación, que debería normalizarse por fin hacia el cierre del próximo año. Lo cierto es que los datos son preocupantes pues a tenor de los acuerdos suscritos por Sánchez con sus socios de investidura, plantean al menos dos riesgos y una certeza. La certeza es que la condonación general y no condicionada de una parte de la deuda de las comunidades de régimen común contribuirá a agravar los problemas de indisciplina fiscal que éstas ya sufren y los riesgos tienen que ver con el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas, por un lado, y con la cohesión social y territorial por el otro.

 

Junto a Montero, continúan como primeras espadas la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Empresa y ahora también de Comercio, Nadia Calviño; y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda  Díaz. Este equipo se completa con Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

No está claro que Calviño tenga los apoyos suficientes para alcanzar la presidencia del BEI, pero desde enero, el equipo económico del Gobierno, con o sin Calviño, estrenará las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), tras ser suspendidas las anteriores por la COVID. Un corsé que irremediablemente seguirá marcado por los objetivos del 3% del PIB para el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos públicos) y del 60% del endeudamiento, por la dificultad para modificar el Tratado de Maastricht. Aunque se convertirán en metas de medio plazo y la verdadera obligación es la de avanzar hacia ellas.

 

Las últimas previsiones para España de la misma Comisión Europea sitúan el déficit en el 3,2% en 2024, desde el 4,8% de 2023. También estima que la deuda pública caerá al 106,5% del PIB, desde el 107,5% en el que terminará 2023. Además, España liderará el crecimiento económico, que todas las previsiones sitúan entre el 1% y el 2%, gracias al mayor peso de los servicios en la actividad, y concretamente del turismo, y por la resistencia del consumo de las familias por las subidas de salarios y la caída más rápida de la inflación.

 

Los principales retos económicos para 2024 se pueden resumir en los siguientes aspectos

 

Financiación autonómica

El que tiene el mayor peso político es la reforma de la financiación autonómica. Tras 10 años de retraso, los acuerdos de investidura presionan al Gobierno para crear un nuevo sistema de reparto de los ingresos públicos entre los territorios.

A ello se suma el compromiso del sistema de quitas de la deuda autonómica. El PSOE acordó con ERC que el Estado asuma 15.000 millones de la deuda catalana acumulada en los años siguientes a la crisis de 2008. El Ministerio tendrá que trazar el sistema de cálculo para cuantificar las quitas para el resto de territorios que acudieron al Fondo de Liquidez Autonómica. También, cómo ayudará a otros como Madrid que no acudieron a este sistema. Según ha defendido Sánchez, todas las comunidades se beneficiarán de las medidas.

 

Además el reto más inminente de Hacienda es la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. A ello se suma el compromiso de mantener los impuestos a la banca y energéticas. Montero tiene pendiente un gran reto pendiente de reducir el enorme peso del empleo público temporal, en el 30%, y que debe situarse en la meta del 8%, comprometida a Bruselas.

 

Pensiones y Seguridad Social

El programa de PSOE y Sumar plantea una senda continuista de despliegue de las medidas ya adoptadas por Escrivá, junto a la “mejora” del IMV, la reforma de la jubilación parcial y una mayor protección social para los autónomos. En pensiones serán claves las previsiones económicas y demográficas que realice la Comisión Europea para España de cara a 2025 cuando se realizará, según la cláusula de cierre, una primera revisión del sistema por si fueran necesarios ajustes adicionales para la jubilación de los baby boomers.

 

Se deberá asumirá el reto de canalizar el acuerdo con el PNV para transferir a Euskadi el régimen económico de la Seguridad Social, competencia nunca cedida antes, pero que prevé el Estatuto de Guernica de 1979. Se trata de una negociación delicada, prevista para los primeros dos años de legislatura, que debe preservar el llamado principio de “caja única” de la Seguridad Social en todo el Estado, garantizado por la Constitución. También tiene que ejecutar el prometido traspaso del ingreso mínimo vital (IMV) a Catalunya, comprometido con ERC y que no se ha llegado a realizar.

 

Empleo

El contexto ahora está marcado por un menor tirón del empleo, clave para el reto de reducir el alto nivel de paro en España, el más elevado de la Unión Europea.

Entre las medidas destacan, sobre todo, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, así como una reforma del despido (en la que se anticipa mucha discusión entre los socios de coalición) y fijar por ley que el salario mínimo se situará siempre al menos en el 60% del salario medio. Díaz también quiere desarrollar una mayor participación de los trabajadores en las empresas, recogido en la Constitución.

 

También se ha anunciado la nueva legislatura como la del nuevo Estatuto de los Trabajadores una labor que podría ser muy ambiciosa..

 

El Ejecutivo depende de una aritmética parlamentaria mucho más compleja, con votos decisivos en fuerzas conservadoras, como Junts y PNV, que pueden complicar la aprobación de las medidas más progresistas.

 

Vivienda

“Consolidar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar” y “garantizar a los jóvenes el acceso” a este derecho. El presidente del Gobierno volvió a señalar en su comparecencia en Moncloa a la vivienda como una de las grandes prioridades que se tienen que afrontar en la nueva legislatura. Sin embargo, las competencias últimas están en manos de las comunidades autónomas, lo que puede derivar en nuevas tensiones y frenos a los cambios.

Existe una  ley ya en marcha, pero hay también la promesa de crear un parque público, con 183.000 inmuebles, que facilite el alquiler social y asequible a una gran parte de la población que no puede acceder a los precios y rentas que se exigen en las grandes ciudades. Un parque público que Sumar se comprometió a acercar al 20% desde el actual 2%. También está pendiente la creación de un grupo de trabajo que analice y regule el problema del alquiler por temporada -de menos de 12 meses- al que ha ido a parar buena parte de la oferta de pisos de ciudades como Barcelona y Madrid.

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