La licitación por vía de emergencia es el método de contratación pública del que dispone la Administración que requiere un menor número de trámites, adjudicando las partidas directamente a las empresas sin intermediarios ni concurso abierto. Según la normativa, debería usarse sólo para circunstancias excepcionales, ante «acontecimientos catastróficos» o situaciones en los que la «seguridad pública» esté en riesgo. Sin embargo, los datos derivados del año 2021 revelan que los organismos públicos recurrieron a este método de contratación con asiduidad: en total, en 7.324 ocasiones, con acuerdos que supusieron un desembolso total superior a los 2.029 millones de euros.
Las cifras figuran en un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), entidad que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda , y destaca que los contratos por vía de emergencia se dispararon en el ejercicio 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, con una cifra total de 22.379 contratos. Sin embargo, algunas dinámicas de contratación por vía de emergencia se prolongaron durante el año 2021, con la situación pandémica bajo mayor control que en los meses anteriores.
La oficina también lamenta la «falta de información» en algunos de los contratos y la «distinta métrica» que emplean los órganos de contratación en los procedimientos: «Las cifras económicas dadas deben manejarse con la debida cautela y entenderse como una aproximación o estimación», advierte.
Las Comunidades Autónomas centran la mayor parte de las contrataciones por vía de emergencia, con 4.566 de los 7.324 casos ya citados. Cantabria fue la región que, de largo, empleó más este procedimiento, con un total de 1.422 casos, seguida de la Comunidad Valenciana (618), Canarias (521), Andalucía (491) y Castilla y León (253). El gasto acumulado asciende a 1.250 millones de euros.
Fuente: vozpopuli
