Más de dos meses después de que se aprobara el ingreso mínimo vital, miles de personas siguen pendientes de que su expediente avance y puedan recibir cuanto antes el subsidio. La trabas burocráticas, el rol confuso de las administraciones autonómicas y la escasez de personal para poder cumplir a tiempo los compromisos preocupan a quienes necesitan cada vez con más urgencia esta ayuda.
El pasado 29 de mayo el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital: una prestación de la Seguridad Social —defendida como la apuesta fuerte del ejecutivo en materia de protección social— que aunaba la propuesta programática del Gobierno de coalición, previa a la pandemia, y la urgencia coyuntural de responder a los efectos más crudos de la crisis económica generada por el confinamiento y otras medidas de contención sanitaria.
Aprobar la ley no fue fácil. No lo fue a nivel interno, con desencuentros y distorsiones comunicativas por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis de Escrivá, y del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, cuyos equipos debían formular y materializar una herramienta que aterrizaba en la fragmentada realidad de las rentas autonómicas. Así se dilataron las fechas, varió tanto el monto de la prestación, como el número de beneficiarios y el presupuesto destinado.
A nivel externo, el Gobierno tuvo que defender la medida en medio de una guerra cultural en la que se tachó al subsidio de paguita. En el escenario de polarización reproducido por medios y redes sociales, desde el Ejecutivo se presentó el Ingreso Mínimo Vital como un paso adelante en los derechos sociales. Y cuando llegó la aprobación, en intervenciones en el congreso, ruedas de prensa y titulares se tildó el momento de histórico. Las esperanzas eran altas, la prensa extranjera había resaltado la propuesta, Naciones Unidas la había alabado, y miles de personas esperaban por fin tener acceso a un suelo de seguridad vital.
“Desde que se aprobó el decreto, parece que ya estuviera todo hecho, ni los partidos políticos ni sus defensores como Pablo Iglesias han vuelto a hablar. Empezamos en marzo y ahora ya es agosto, y el problema de la gente sigue siendo el mismo: que siguen sin ingresos y con riesgo de que les vuelvan a poner una cuarentena a la vuelta de la esquina”, alerta Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro, un organización nacida en 2013 que lucha porque ninguna persona desempleada se vea forzada a subsistir sin ningún tipo de ayuda. El ingreso mínimo vital apuntaba a esta línea. Sin embargo, en estas semanas han pasado de la ilusión al desconcierto.
“Desde que se aprobó el decreto, parece que ya estuviera todo hecho. El problema de la gente sigue siendo el mismo: que siguen sin ingresos y con riesgo de que les vuelvan a poner una cuarentena a la vuelta de la esquina”, alerta la Asociación Víctimas del Paro
Un desconcierto que se extiende por todo el Estado, y que Juan Viera, integrante del Campamento Dignidad de Extremadura, y de Marea Básica ve cundir a su alrededor: “Estamos haciendo solicitudes a mucha gente, pero yo creo que se están desanimando, porque escuchan que no contestan a nadie, solamente lo han recibido las familias que cobraban prestación por hijos a cargo, ahora les aparece como ingreso mínimo vital. Es decepcionante porque la gente tenía mucha confianza en ello y me parece a mí que esto es lento lento”.
Y aunque la necesidad de ingresos no se tome vacaciones, sí lo hacen los funcionarios. “La mitad de los organismos están a medio funcionar. La semana pasada fuimos a Hacienda y había una cola impresionante. Si te vas a la seguridad social va a ser exactamente igual, los ayuntamientos no reciben, tienes que hacerlo a través de internet con cita previa…”, para Viera lo que hay detrás de esto es una falta de planificación respecto a la gestión de la documentación de toda la gente que está solicitando el IMV.
Respecto a las resoluciones de las solicitudes cursadas ya a partir del 15 de junio, poco se sabe. El ministro Escrivá dijo que se estarían tramitando 510.000 solicitudes el pasado 10 de julio, también que en base a la “experiencia” estimaba que cerca de la mitad no cumplirían los requisitos. Un mes después las organizaciones siguen sin saber cuántas se han concedido.
Fuente: El salto
