Tras un año marcado por el enorme coste en vidas humanas y en términos económicos derivado de la pandemia de COVID‑19, el Informe Anual 2020 del Banco de España concluye que sigue siendo imprescindible que las políticas económicas actúen de forma coordinada y suficiente para apoyar a aquellas empresas en dificultades, pero viables.
El impacto económico de la crisis en la economía española ha sido de los más intensos entre los países desarrollados. El retroceso del producto alcanzó cotas de dos dígitos en el conjunto de 2020, una magnitud sin precedentes en tiempos de paz. Además, la recuperación se estancó en los dos últimos trimestres, como consecuencia de los rebrotes de la enfermedad y de las medidas de contención aplicadas. El impacto ha sido muy desigual, tanto por sectores (se ha concentrado particularmente en la hostelería, el ocio, el comercio y el transporte) como por geografías (con una mayor caída de la actividad en las provincias insulares y en la costa mediterránea), colectivos de trabajadores (se han visto afectados sobre todo los trabajadores jóvenes, con contratos temporales y rentas bajas) y empresas (las de menor tamaño son las que han sufrido un mayor retroceso en sus cifras de facturación). Y los efectos adversos de la pandemia sobre el nivel de PIB, el empleo y las cuentas públicas pueden perdurar varios años
Pero quizá el mensaje más importante en estos momentos es el relativo a que la gestión de corto plazo de la pandemia debe ahora acompañarse de una acción de política económica destinada a afrontar los retos estructurales, tanto los que se derivan de la pandemia como los existentes previamente. Y este principio debe aplicarse a todas las políticas económicas
Más allá del PIB, el extraordinario impacto negativo de la pandemia sobre la actividad también puede apreciarse en el empleo y en las distintas magnitudes macroeconómicas.
En términos generales, desde el comienzo de la pandemia, en la economía española el empleo ha mostrado una evolución muy similar a la observada para el PIB, con un acusado deterioro en el primer semestre de 2020, una recuperación relativamente intensa en el tercer trimestre del año y un cierto estancamiento, incluso con alguna recaída, desde entonces.
Así lo ponen de manifiesto distintos indicadores de empleo en términos efectivos, que consideran el número total de horas trabajadas y tienen en cuenta la situación laboral de los asalariados afectados por un ERTE y de los autónomos en situación de cese de actividad
El elevado recurso de las empresas a los ERTE ha sido el elemento más destacado en el comportamiento del mercado laboral español desde el estallido de la crisis sanitaria. En efecto, en el momento de mayor deterioro del empleo (abril de 2020) más de 3,5 millones de trabajadores se encontraban afectados por un ERTE en nuestro país (más del 20% del total). A pesar de la senda de recuperación que se inició entonces, en marzo de 2021 algo más de 740.000 trabajadores aún permanecían incluidos en algún tipo de ERTE, la mayor parte de los cuales pertenecían a las ramas de la hostelería. El recurso a este mecanismo de ajuste temporal del empleo permitió que, aunque las horas trabajadas cayeran un 10,4% en el conjunto de 2020 —en línea con la relación histórica observada entre esta medida del factor trabajo y el PIB—, el ajuste del empleo en términos de personas fuera mucho menor de lo habitual (un retroceso del 4,2%). Esto sirvió para mitigar el aumento de la tasa de paro en 2020, que, en cualquier caso, ascendió hasta el 16,1% de la población activa, 2,3 puntos porcentuales por encima de su valor a finales de 2019. En este sentido, es importante reseñar que, si se consideraran medidas alternativas de holgura en el mercado de trabajo que tienen en cuenta a los asalariados en ERTE y a los autónomos en cese de actividad, el descenso de la actividad laboral efectiva en 2020 sería notablemente más intenso —por encima del 23% de la población activa en la media del año— que el apuntado por la tasa de paro.
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