En espera de la publicación en el BOE parece contrastados algunos detalles de interés:
No es coercitiva: aunque los hogares que no trabajen se deberán inscribir como demandantes de empleo y seguirán «itinerarios de búsqueda«, su participación en entrevistas de trabajo o el envío de currículums no será imprescindible para recibir el subsidio.
Empleos en negro: no habrá campaña específica para detectar la economía sumergida, aunque obligarán a los beneficiarios a realizar la declaración de la renta. También, se crea la figura del cooperador necesario, por ejemplo, si descubren que un empleador contrata en negro a beneficiarios del IMV para que reducir sus costes salariales y evadir impuestos.
Tipo de hogar: para validar el hogar se utilizará información que tenga que ver con padrón y la «unidad de convivencia» tendrá que cumplir los requisitos de consanguinidad o afinidad.
Cálculo de la renta disponible. Se le restan a los ingresos las cotizaciones sociales tanto si se está empleado y desempleado y también los impuestos devengados. Así, forman parte de los ingresos las rentas del trabajo + las rentas del capital mobiliario + las rentas por arrendamiento de inmuebles + los rendimientos de actividades económicas + las ganancias patrimoniales + las deducciones familiares y otras rentas, como algunas pensiones y prestaciones.
Sin embargo se ha decidido excluir de esa cuenta los ingresos las rentas sociales de las CCAA, las becas públicas, las gratificaciones del Estado, algunas ayudas públicas, las indemnizaciones por despido o las prestaciones por desempleo de pago único. yasí se posibilita el cobro de dos rentas mínimasen el caso de algunos beneficiarios y serán las autonomías las que decidan si recortan o no sus rentas sociales.
Periodo de cálculo de la renta: para determinar si una familia es vulnerable o no (si supera o no el umbral correspondiente), se va a tener en cuenta los ingresos medios de todo 2019, cuando la pandemia del coronavirus y la parálisis económica del país se produjo a mediados de marzo de 2020.Fuentes de la SS han asegurado que «serán flexibles» si el solicitante les comunica su situación actual comprobando salarios y prestaciones, aunque si no tienen esos datos, le pedirán «una declaración responsable».
Test patrimonial: Sesometerá a un test patrimonial (evaluando propiedades, cuentas corrientes…) a los candidatos al IMV excluyendo la vivienda habitual. En el caso de las personas que vivan solas, no podrán tener un patrimonio superior a los 16.614 € y esa cifra se irá incrementando por cada persona adicional hasta los 43.196 €. Estas limitacionesdejan fuera de la renta mínima a casi todos los hogares que posean una segunda residencia, ya que es más que probable que el valor de los inmuebles supere esa cifra.
Los inmigrantes ilegales no podrán optar: se requiere un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.
Incentivos a las empresas: se darán bonificaciones a las empresas que contraten a beneficiarios y se podrá compatibilizar la prestación con un empleo durante un tiempo para no desincentivar la vuelta al mundo laboral.
