Golpe a la jubilación anticipada: las solicitudes caen un 15% por las trabas

El número de altas iniciales antes de cumplir la edad legal ha pasado de representar el 43,4% de todas la jubilaciones al 28%

Decidir a qué edad jubilarse es una de las decisiones más importantes que tiene que tomar una persona en la vida. Para el Estado, suponen hacer frente al mayor gasto que hay en los Presupuestos Generales del Estado cada año. En la actualidad, el coste mensual de las pensiones superó en abril los 14.300 millones de euros, lo que se traducirá en un gasto anual en 2026 por encima, por primera vez en la historia, de los 200.000 millones de euros.

La tendencia natural de las personas es dejar de trabajar cuanto antes, aunque siempre han existido excepciones que confirman la regla. El problema es que para acceder a una pensión de jubilación hay que cumplir una serie de requisitos si no se quiere ver reducida la cantidad a recibir mensualmente.

Según consta en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una persona tiene derecho a percibir una pensión de jubilación si tiene 67 años de edad y puede acreditar, al menos, quince años de cotización, de los cuales al menos dos deben haberse cotizado en los últimos quince años de trabajo. Si el solicitante tiene 65 años de edad, deberá acreditar al menos 38 años y tres meses de cotización, de los cuales al menos dos deben haberse cotizado, como en el caso anterior, en los últimos quince años computados.

Pero, en ambos casos, las normas solo son aplicables para el año 2026. Para el próximo ejercicio las cifras aumentarán algo. Y es que todos los gobiernos han ido, paso a paso, endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación por la “sangría” financiera que supone para las arcas públicas.

¿Ha dado resultados? A tenor de las estadísticas del ministerio encargado del tema, sí. Entre los años 2017 y 2025, el porcentaje de trabajadores que optaron por la jubilación anticipada se ha reducido del 43,4% del total de personas que abandonaron la vida laboral a un 27,9%. Son 15,5 puntos porcentuales, que en términos absolutos se traduce en 30.000 personas menos contando con el aumento natural del número de jubilados por el envejecimiento de la población.

Según las cifras del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el año 2025, el número de altas iniciales de jubilación del conjunto del sistema público de pensiones fue de 375.277 personas, de las que 270.622, el 72,11%, lo hicieron por la vía ordinaria, es decir, al cumplir los requisitos exigidos de edad por la legislación vigente ese año. El resto, 104.655, el 27,89%, se jubilaron de forma anticipada.

Evolución de las jubilaciones anticipadas

Nada que ver con lo sucedido en el año 2017, por ejemplo, cuando la cifra total alcanzó las 309.157 jubilaciones, de las que 174.828, el 56,6% esperaron a cumplir la edad reglamentaria y 134.329, el 43,4%, lo hicieron de forma anticipada. En los años 2020 y 2021, marcados por la irrupción de la pandemia del coronavirus,el porcentaje de jubilaciones anticipadas permaneció prácticamente estabilizado en el entorno del 39%

La decisión de abandonar voluntariamente la vida laboral tiene mucho que ver con el número de años cotizados a la Seguridad Social. Trabajadores que empezaron muy jóvenes a incorporarse al trabajo tienden a dejarlo una vez cotizados un determinado número de años, porque no se va a dejar sentir en la cuantía de su pensión mensual. Todo lo contrario ocurre con quienes lo han hecho más tarde. También con la situación de la economía en general.

Buena prueba de ello es que el Gobierno actual ha aprobado una serie de incentivos para que los trabajadores permanezcan más tiempo en activo. En la actualidad, el trabajador puede elegir entre un complemento del 4% (que podría llegar a alcanzar el 6% bajo determinadas condiciones) por cada año completo trabajado tras cumplir la edad ordinaria, que se sumará a su pensión de jubilación, o una cantidad a tanto alzado, que se realizaría mediante un pago único, cuya asignación dependería del número de años que haya cotizado a la Seguridad Social. La cifra podría oscilar entre los 4.800 y los 13.500 euros en función de los años demorados.

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