NI DERECHO ADQUIRIDO NI SALARIO DIFERIDO: LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ES CADA VEZ MÁS SIMPLEMENTE UN SUBSIDIO

La pensión en contra de lo que se dice comúnmente no es un derecho ni tampoco un salario diferido.

 

Si eres uno de los españoles que ha comprado Deuda del Estado (bonos a 10 años) y dentro de 5 años el Reino de España tiene que plantear una quita en sus obligaciones (como le pasó hace menos de una década al Estado griego), los bonistas podrían llevarlo a los tribunales para intentar recuperar su inversión pues el derecho internacional también obliga al Estado español (como obligó al argentino, que estuvo más de una década pleiteando con sus bonistas)

 

Si la inflación vuelve a dispararse al 10% y se produce un parón de la actividad, el Gobierno, con la caja vacía por la falta de ingresos impositivos, acuerda congelar las pensiones (recortes en este sentido los hemos visto dos veces desde 2010). Los políticos españoles firmaron hace poco un acuerdo para actualizar las pensiones conforme al IPC. ¿Se podría acudir a un tribunal a reclamar por lo que también es una promesa incumplida? Evidentemente NO, pues las promesas son sólo eso: promesas.

 

 

Lo planteado en estos dos escenarios lo saben los políticos que hablan el lenguaje de las cotizaciones, los derechos adquiridos y los salarios diferidos. Pero el sistema público de pensiones no es en realidad ningún “sistema”, es simplemente una parte de la Administración Pública que recauda impuestos (cotizaciones) y afronta gastos (las pensiones). Desde el punto de vista jurídico, las pensiones son un subsidio aunque ciertamente un tanto especial pues otros subsidios están diseñados para dar más al que menos tiene pero en las pensiones la lógica es la contraria.

 

Nuestro sistema presume de contributividad. A todos nos gusta pensar que cobramos porque antes cotizamos. Pero ha habido propuestas en el pasado (sobre todo desde la izquierda) para des-contributivizar las pensiones con la idea de fijar unas pensiones iguales para todos sin tener en cuenta lo que cada uno haya contribuido: “Tanto si has puesto mucho como si pusiste poco, todos cobráis la pensión media porque todos tenéis unas necesidades similares”. Pero entonces el “impuesto al trabajo” (las cuotas de las cotizaciones) ya no estaría tan justificado

 

Lo cierto es que los políticos rompen las promesas previas realizadas sobre todo en lo que tiene que ver con las pensiones del futuro, lo que hace que sea más complicado que el perjudicado sea consciente. Si las pensiones fueran de verdad un salario diferido, no nos podrían cambiar las reglas una vez generado ese salario, o podríamos legarlo a nuestros herederos si fallecemos antes de jubilarnos. Nada de esto ocurre, porque las pensiones no son un salario diferido, son un subsidio.

 

El actual ministro de Seguridad Social quiere aprobar un nuevo impuesto, dirigido a los que más ganan y que tendría un carácter en teoría finalista (aunque esto es como no decir nada; irá a donde van el resto de ingresos del Estado). Sería una reforma que se uniría a las ya aprobadas en el último lustro: subidas de las bases de los autónomos, ampliación del período de cálculo de la base, destope parcial de las cotizaciones (suben más las bases máximas que las pensiones máximas), Mecanismo de Equidad Intergeneracional… Todas tienen en común: incumplimiento de promesas previas, menos contributividad que hace que el peso de lo aportado en el pasado sea cada vez menor y además hay que pagar más obligatoriamente pero sin generar derechos extra por ello.

 

Por supuesto, ningún jubilado actual o futuro podrá demandar al actual ministro del ramo como tampoco pudieron demandar a sus antecesores por hacer algo muy parecido. También es cierto que las pensiones sean en realidad un subsidio no quiere decir que sea menos seguro que la deuda del Tesoro. Podemos imaginar escenarios, perfectamente factibles, en los que un Gobierno en aprietos presupuestarios decide impagar su deuda emitida para sostener el edificio de las pensiones y sería probablemente más fácil congelar un par de años las pensiones que una quita del 5% de los bonos.

 

De hecho ya hay algunos economistas que piden que esta deuda implícita (obligaciones adquiridas con los Estados frente a sus ciudadanos) se contabilice junto a la oficial. Es un debate para interiorizar cómo de sostenibles son nuestros estados del bienestar si contamos todas las promesas previas y no sólo la deuda pública emitida por el Tesoro.

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