España contará con 140.000 millones del fondo, 72.700 en ayudas directas
El fondo de emergencia otorgará 390.000 millones de euros de subvenciones o transferencias y 360.000 millones de euros de préstamos a bajo interés. En total, se mantienen por tanto los 750.000 millones, pero las ayudas directas se rebajan en 110.000 millones respecto a la propuesta original, hasta los 390.000 millones, y los créditos ascienden en la misma proporción hasta los 360.000 millones.
Casi un tercio de los fondos están destinados a luchar contra el cambio climático y, junto con el próximo presupuesto de siete billones de euros del bloque, constituirán el mayor paquete de estímulo verde de la historia.
Los fondos de emergencia no solo liberarán un apoyo financiero vital para las economías del sur de Europa más afectadas por el virus, entre ellas España, sino que servirán como validación de que el bloque puede ofrecer una solidaridad significativa a los miembros que lo necesitan
Italia, el epicentro europeo original de la pandemia, probablemente será el mayor beneficiario del plan y espera recibir unos 82.000 millones de euros en subvenciones y unos 127.000 millones de euros en préstamos, según las estimaciones iniciales, dijo un alto funcionario italiano. España recibirá 140.000 millones, de los que 72.700 serán ayudas directas y el resto, créditos.
El acuerdo refuerza además el control sobre la concesión de ayudas directas para contentar a Holanda, que reclamaba que los países pudiesen vetar los planes de reformas e inversiones de sus socios, mientras que la Comisión Europea planteaba que se pronunciasen solo a nivel técnico.
También ha resultado crucial que el compromiso final también incluya reembolsos en efectivo para estas naciones del presupuesto regular de la UE, reduciendo sus contribuciones netas anuales. Dinamarca, Alemania, Holanda, Austria y Suecia obtendrán más de 50.000 millones de euros en descuentos durante siete años.
En cualquier caso es imprescindible destacar que la aprobación de un fondo europeo supone un primer avance verdaderamente significativo en la Unión Fiscal. A los 27 les va a unir a partir de ahora una DEUDA COMÚN de unos 750.000 millones de euros, por primera vez la UE se va a endeudar de forma mancomunada, algo que hace apenas seis meses parecía imposible.
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OJO: Sánchez ha peleado para conseguir el dinero sin condiciones. Y no ha podido ser. Pese a que en rueda de prensa para hablar del “histórico” acuerdo, del “nuevo plan Marshall”, Sánchez se afanaba en decir que ningún país tendrá capacidad de veto, lo cierto es que el acuerdo sí recoge una condición inapelable: aquellos que soliciten ayudas deberán diseñar planes que se ajusten a las recomendaciones de reforma de la Comisión Europea. Si no lo hacen o no cumplen, perderán los fondos.
Así lo recoge la última propuesta debatida en el seno de la UE y que finalmente ha visto la luz. En ese texto se recoge textualmente:
“La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir de la sumisión. Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social de el Estado miembro necesitará la puntuación más alta de la evaluación.” (…) “La evaluación positiva de las solicitudes de pago estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos relevantes.”
De no ser así, primero el Consejo Europeo y después la Comisión Europea solicitará, debatirá y ejecutará la congelación de las ayudas.
Aunque Pedro Sánchez ha insistido en que ningún país tendrá capacidad de veto la condicionalidad impuesta sí obligará a España a tomar una dirección en materia económica que deberá cumplir la ortodoxia presupuestaria y la disciplina fiscal, reduciendo el gasto improductivo dedicado a alimentar su caladero de votos. Tendrá que presentar propuestas de reforma en el mercado laboral (y, por ejemplo, olvidarse de derogar la reforma de 2012) y en materia de pensiones tendrá que presentar propuestas en la línea de tratar hacer compatible el avance en poder adquisitivo con la sostenibilidad de un sistema ya de por sí quebrado.
El plan debería empezar a funcionar en 2021, pero para ello antes es necesario que la Eurocámara dé su visto bueno y que varios parlamentos nacionales ratifiquen la legislación que permitirá emitir deuda común, lo que ocurrirá en los próximas semanas o meses.