Los efectos adversos sobre la salud pueden mitigarse permitiendo la jubilación anticipada para ciertos tipos de personal, con trabajos física o mentalmente agotadores, e introduciendo la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo para los trabajadores de más edad al final de su carrera. Esta es una de las principales conclusiones del documento de trabajo ‘El impacto de la edad de jubilación sobre la mortalidad’ elaborado por Sergi Jiménez, miembro de la Universidad Pompeu Fabra y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y Cristina Bellés y Han Ye, de la Universidad de Manheim.
Ante los resultados cosechados, los autores subrayan que la posibilidad de que los trabajadores reduzcan gradualmente su tiempo de trabajo al final de su carrera, “convirtiendo la jubilación parcial en una opción”, puede incentivar a los trabajadores a permanecer más tiempo en la población activa sin perjudicar su salud. Por lo tanto, permitir la jubilación flexible junto con el aumento de la edad legal de jubilación podría ser “una buena política para mitigar el coste de estas políticas para el sistema sanitario público”.
Aumento “sustancial” de la edad de jubilación
Por otro lado, dicho análisis sostiene que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en cinco puntos porcentuales, lo equivalente a un aumento relativo del 50 por ciento.
“Muchos países europeos, entre ellos España, han aumentado recientemente la edad legal de jubilación. Nuestros resultados son informativos para los responsables políticos, ya que muestran que este tipo de reformas pueden tener un impacto negativo en la salud de la población, y una evaluación general de los efectos de bienestar de dichas políticas debería tener en cuenta estos efectos sobre la salud”, arrojan los autores del documento, que defienden que es “relevante” para las políticas entender el impacto del retraso de la jubilación en la mortalidad, “especialmente el efecto de cerrar las opciones de jubilación anticipada sobre la misma”.
Según señalan, la reforma de las pensiones en España “modificó exógenamente la edad de jubilación anticipada” en función de la fecha en que los individuos comenzaron a cotizar al sistema de seguridad social. Los individuos que cotizaron al sistema de pensiones antes del 1 de enero de 1967 podían solicitar voluntariamente una pensión a partir de los 60 años. En cambio, apuntan, las personas que empezaron a hacerlo después de 1967 sólo pueden solicitar voluntariamente una pensión a los 65 años. Estos últimos, que empezaron a cotizar después de enero de 1967, tienen “2,5 puntos porcentuales más de probabilidad de morir antes de solicitar una pensión”.
Los autores lamentan que esta reforma supone un “aumento sustancial”, de hasta cuatro años, en la edad de jubilación anticipada, por lo que conduce a un retraso considerable en la salida del mercado laboral.
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