RECORDATORIO PARA LOS GOBIERNOS Y LOS GESTORES DE LO “COMÚN”
PRIMERA FASE: Divisar. Asumiendo los propios errores y explicándolos.
SEGUNDA FASE: Evidenciar. Informando de lo que pasa, sin justificaciones ni arengas
TERCERA FASE: Contactar. Gestionar la actualidad y las consecuencias futuras
(los que se den por aludidos -sin mirar a nadie- que tomen nota)
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) se arman con el mayor plan conjunto de la historia comunitaria y un abanico de herramientas que les permiten movilizar, al menos, 1,5 billones de euros, el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo.
Se pactará un «acceso más sencillo” al MEDE, reduciendo la condicionalidad de la línea ECCL (línea preventiva de créditos), que activaría a su vez el programa de compra de activos ilimitado por parte del Banco Central Europeo (BCE). Se sacarán adelante préstamos a pymes por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un esquema de protección del empleo europeo (SURE). Se apruebe lo que se apruebe al final de las tensas negociaciones, se cree que no será suficiente para compensar el daño económico, pues, por ejemplo, los bancos y otras instituciones financieras probablemente serán reacios a prestar a los prestatarios con mayor riesgo porque los gobiernos no garantizarán completamente los préstamos.
1.- EL FONDO DE RESCATE DE LOS ESTADOS (MEDE) : 410.000 MILLONES.
El MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad, ESM por sus siglas en inglés) es el mecanismo de estabilidad permanente que se creó en 2012 tras los rescates europeos de Irlanda, Grecia, Portugal y España, que fue intervenida a cambio de inyectar capital en su sistema financiero. El fondo creado para responder a las crisis está operativo y listo para actuar de urgencia. Tiene una capacidad de 410.000 millones de euros, alrededor del 3,4% del PIB de la zona del euro. De forma inmediata solo podría responder con 238.000 millones a través de las llamadas líneas de crédito preventivas (ECCL: Enhanced Conditions Credit Line) disponibles para el país de la UE que lo solicite. Estos préstamos no tienen condiciones respecto a las políticas que desarrolla cada gobierno, pero sí deben usarse para la crisis en cuestión y no para financiar déficits u otras políticas. El MEDE es un instrumento de garantía compartida entre los estados miembro y tiene un ‘superpoder’: su capacidad para emitir los famosos eurobonos con rating AAA y máxima solvencia que actualmente tiene intereses negativos. España podrá pedir unos 25.000 millones de euros, el 2% de su PIB antes de la crisis. Los fondos podrán ser destinados para la financiación de “la atención médica, la cura y la prevención” de la crisis del covid-19, lo que hará que España busque que se interprete en su opción más amplia. No estará condicionado su acceso a reformas estructurales (como pasó en la crisis financiera con la temida troika que auditaba su cumplimiento). Los créditos tendrán un vencimiento de 10 años y el tipo de interés sería del 0,115%, con una tasa de apertura del 0,25%.
Por otra parte el Tribunal Constitucional alemán sentenció el martes 5 de mayo que el BCE tendrá que justificar que se cumplen los criterios de los bonos que ha comprado en cada país, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha revuelto contra el constitucional alemán y le recuerda que es «el único competente» para declarar un acto de una institución como contrario al Derecho de la Unión.
2.- EL FONDO PARA LAS EMPRESAS (BEI): 25.000-200.000 MILLONES.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) promueve un fondo paneuropeo dotado con 25.000 millones y ampliable hasta los 200.000 millones que estará operativo de forma inmediata. Su misión es financiar el capital circulante de las empresas pequeñas y medianas (pymes), facilitar préstamos puente, periodos de carencia e, incluso, respaldar empresas cotizadas que no puedan acudir al mercado en este momento. Las dos principales ventajas de este vehículo residen, de nuevo, en su capacidad para emitir eurobonos con rating triple A y en que no supondrá una carga para las cuentas públicas de los países de la UE al quedar ‘fuera de balance’.
3.- EL FONDO PARA PROTEGER EL EMPLEO (SURE): 100.000 MILLONES.
Tras las demandas de España e Italia, la Comisión Europea ha impulsado la creación del proyecto temporal SURE (Apoyo para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia). Se trata de un fondo que tendrá una capacidad de 100.000 millones de euros y, de nuevo, funcionará como prestamista de los países que soliciten su ayuda. Su objetivo es respaldar los planes de los gobiernos nacionales que, en España, ha cobrado forma de ERTEs (expedientes de regulación de empleo temporales) y a las empresas que no despidan reduciendo jornadas de trabajo o salarios de forma temporal. El SURE no se repartirá en función del PIB de cada Estado miembro, como sucede con otros instrumentos europeos y la Comisión adjudicará los recursos en función de las necesidades de los países solicitantes. Sin embargo, en su propuesta, la Comisión indicó que los tres países que más fondos reciban no deberán superar el 60% del total (60.000 millones de euros). Incluso si España está entre esos países beneficiados, y en el hipotético caso de un reparto igualitario (aunque otros socios como Italia podrían necesitar más ayuda), los 20.000 millones que nos tocarían apenas cubrirían un mes y medio de ERTEs. En las seis semanas que llevamos de gestión de la pandemia, el Estado ha desembolsado ya unos 18.000 millones de euros en ellos.
4.- EL SUPERFONDO DEL BCE (PEPP): 750.000 MILLONES.
El Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés) responde a la perfección a una actuación de urgencia. A diferencia de la lentitud y descoordinación de los gobiernos europeos a la hora de tomar medida, el BCE anunció un fondo de 750.000 millones de euros hasta 2020, ampliable en plazo y cantidad, que ha logrado frenar la tormenta de las primas de riesgo soberanas y aplacar también las tensiones que se estaban produciendo en la deuda privada. Su presencia ha permitido que los mercados sigan abiertos y los estados o las empresas puedan financiarse como si nada hubiera pasado.
Estas medidas, no obstante, representan líneas de crédito o préstamos que, aunque en condiciones favorables, los Estados miembros tendrán que devolver. No se incluyen entre ellas la posibilidad de emitir deuda de forma conjunta. Es decir, los eurobonos que reclaman una decena de países, entre ellos España y que siguen suponiendo el punto de bloqueo en las conversaciones y parece que no se llegarán a implementar por los recelos de los Países Bajos, Austria y Finlandia.
5.- ¿EL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN: LOS “CORONABONOS Y EL PLAN MARSHALL?
A la idea se han sumado grupos políticos del Parlamento Europeo como los socialdemócratas y los ecologistas y dos comisarios que, a título propio, han propuesto una solución similar.
Este Fondo Europeo de Recuperación podría emitir deuda conjunta a largo plazo para impulsar la recuperación económica. Esta medida representaría la primera iniciativa mutualizada frente a todas las anteriores, estructuradas a base de préstamos. Se financiaría a través de deuda perpetua lo que implica que solo se pagarían los intereses, y se asumiría de forma solidaria. Esta deuda tendría el respaldo de la categoría AAA que tienen todas las instituciones europeas en los mercados, lo que equivale a intereses muy bajos. Su importe rondaría los 2 billones de euros. Pero en cualquier caso sería una solución a medio o largo plazo y, para salir adelante, todavía necesitaría el visto bueno de países como Países Bajos, reacios a compartir los riesgos con el resto de socios.
La defensa férrea de los “coronabonos”por parte del primer ministro italiano y del presidente español se ha encontrado con la negativa de Alemania, Holanda y otros países afines. La idea de fondo es compartida por unanimidad, pero el problema es que su ejecución requiere meses, años, modificación de tratados y referéndums. La necesidad de crear un Tesoro Único, incluso una unión fiscal, para unos coronabonos de reconstrucción -el plan Marshall- contrasta con la actual capacidad del MEDE o del BEI para poder emitir estos bonos con garantía compartida de toda Europa de forma inmediata. La diferencia es que su control y gestión escapa a los gobiernos, que perderían ‘de facto’ su autonomía para endeudarse.
