CASI TANTOS TRABAJADORES PRIVADOS COMO PENSIONISTAS, EMPLEADOS PÚBLICOS Y PARADOS
Las cifras generales que arroja la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, son las siguientes:
- La población española alcanza un total de 47.475.420 habitantes. Los menores de 16 años, que no tienen edad legal para trabajar, ascienden a 7.338.920 niños y jóvenes, el 15,5% del total. Por lo tanto, los mayores de 16 años, en edad de trabajar, son un 84,5% del total de la población o, lo que es lo mismo, 40.136.500 personas.
- Entre la población en edad de trabajar, encontramos 487.800 ciudadanos que figuran como activos (el 49,5%) y 16.648.600 como inactivos(el 35,1%).
Los inactivos:
- La suma de jubilados asciende a 6.767.100, el 14,3% de la población.
- Los perceptores de otras pensiones son 1.805.700, lo que supone un 3,8% del total.
- Hay 877.400 personas con incapacidad permanente, el 2,6% de la ciudadanía.
- La cifra de estudiantes de más de 16 años asciende a 3.313.100, el 6,9%.
- Las personas que desempeñan labores del hogar son 3.403.100, un 7,2%.
- Hay un total de 482.200 personas que figuran en la categoría de inactivos laborales, el 1% del padrón nacional.
Los activos:
- Tenemos 3.086.800 autónomos, el 6,5% de la población española.
- Hay 13.850.800 empleados por cuenta ajenaen el sector privado, el 29,2% de la población.
- El número de trabajadores a sueldo del Estado(funcionarios, personal contratado, trabajadores de empresas públicas…) asciende a 3.526.200 asalariados, el 7,4% del total.
- Se contabiliza un total de 3.024.000 desempleados, un 6,4%.
De estas cifras se deduce un precario equilibrio entre la cifra de españoles que producen riqueza de forma activa en el sector privado y el número de ciudadanos que permanecen al margen de estas circunstancias. En concreto, las cifras de la EPA nos dicen que hay un 35,7% de la población ocupada en el campo empresarial en calidad de autónomos y de asalariados por cuenta ajena (suman 16.937.600), mientras que la cifra de trabajadores del Estado, parados, incapacitados permanentes y pensionistas ya asciende al 34,5% del total (son 16.000.400).
TRES DE CADA CUATRO ESPAÑOLES QUIERE SER FUNCIONARIO PORQUE “SE VIVE MEJOR”
España no es país para el talento empresarial, o al menos, es lo que dicen los datos. El 74% de los españoles, es decir, tres de cada cuatro, considera que ser funcionario permite “tener una calidad de vida mejor” que la que ofrecen la mayoría de los empleos. Así queda reflejado en el primer estudio representativo sobre el volumen de opositores en España, titulado “El peso del opositor en España” y realizado por el portal OpositaTest durante el pasado mes de enero de 2023 sobre una muestra representativa de 2.000 personas residentes en España de entre 18 y 55 años.
La poca incentivación, tanto económica como personal, del talento en nuestro país, unido a la presión fiscal a la que someten a aquellos que tratan de aportar algo nuevo a la sociedad con sus ideas y su esfuerzo (los autónomos), ha llevado a que en España se prefiera el trabajo de funcionario a cualquier otro.
Según el citado estudio, el 29% de los españoles ha opositado o está opositando y un 22% se plantea opositar en un futuro próximo. El número estimado de opositores en España que declaran haber opositado o estar opositando es de cerca de 7 millones (6,8) entre la población de 18 y 55 años, que es de algo más de 23 millones. Por otro lado, los datos demuestran que el interés por opositar en España ha crecido un 10%, pasando de unos 2,9 millones de opositores en el último año, a más de 5 millones que tienen intención de opositar.
El 52% de los opositores afirman ser independientes económicamente. Entre los opositores menores de 35 años, 6 de cada 10 afirma que no era independiente económicamente cuando comenzó a opositar. El 30% de los opositores del último año afirman tener una situación económica buena o muy buena, el 45% regular y el 25% mala o muy mala.
El citado estudio ha recogido también los principales motivos esgrimidos por esa gran mayoría de españoles que afirma que ser funcionario les proporcionará una mejor calidad de vida que la que ofrecen la mayoría de los empleos. Entre ellos, el principal motivo por el que opositan es la estabilidad laboral. Al menos, así lo afirma el 65% de los españoles que han preparado o piensan preparar una oposición.
También tiene un peso muy importante en la decisión la conciliación entre la vida laboral y la personal. Estos dos aspectos, el de la conciliación y la estabilidad, están por encima incluso del sueldo, del desarrollo profesional, la flexibilidad de horarios y el ambiente laboral, el aspecto menos valorado. “Este dato puede llamar la atención ya que, a pesar de que la mitad de ellos tiene un empleo declara que busca estabilidad, una señal clara de que su contrato no les ofrece seguridad y certeza, siendo este aspecto el que más valoran de un empleo, por encima del salario” señala el estudio de OpositaTest.
ENLACE AL ESTUDIO DEL OPOSITOR EN ESPAÑA
¿Cuántos opositores hay en España? Estudio 2023 (opositatest.com)
CONSECUENCIA: ESPAÑA DESTINA AL GASTO PÚBLICO 39 CÉNTIMOS DE CADA NUEVO EURO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
El Gobierno de Sánchez ha llevado el gasto a unos niveles insoportables, que están aumentando la deuda de manera exponencial y que van a suponer una losa importante para las generaciones actuales y futuras, habida cuenta de que el incremento ha sido muy cuantioso.
Según el techo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el gasto pasa de 119.834 millones de euros en 2018 a 198.221 millones en 2023.
Es decir, se ha incrementado en 78.387 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, puesto que el PIB nominal, en ese período, y si se cumplen las estimaciones de crecimiento del PIB en términos corrientes para 2023, habrá aumentado en 203.469 millones de euros, con lo que de ese aumento del PIB, el incremento del gasto supondrá un 38,53% del mismo. O lo que es lo mismo: de cada nuevo euro de actividad económica generada en España, 38,53 céntimos se habrán dedicado al gasto público.
Es cierto que en esos 198.221 millones de euros se encuentra gasto financiado en exclusiva con los fondos de recuperación europeos, de forma que el gasto sin ellos se queda en 173.065 millones de euros, pero aun así el aumento de gasto desde 2018 es de 53.231 millones. Por tanto, aunque los 25.156 millones de euros de fondos europeos que elevan el techo de gasto y que se reciben vía ingresos de la UE no se consoliden en el tiempo y desaparezcan cuando finalice el programa de recuperación -que es mucho suponer-, los otros 53.231 millones de euros de incremento desde 2018 los ha dejado Sánchez como estructurales, que merman las posibilidades de crecimiento de la economía española por el lastre que suponen para ella.
Todo ello hace que la deuda aumente sin cesar, con casi 350.000 millones de euros más de endeudamiento desde que gobierna Sánchez, que llegará a 400.000 millones en 2023, si las previsiones se cumplen, y que genera graves desequilibrios.
En definitiva, el Gobierno agrava los desequilibrios de la economía española al aplicar más gasto, más déficit, más deuda y más impuestos. España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. El problema sanitario no fue por falta de gasto, sino por mala gestión al no anticiparse con medidas tempranas que hubiesen evitado el colapso de la sanidad y que habría permitido no tener que adoptar medidas económicas tan duras como las que hemos sufrido. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible, especialmente los directos y las cotizaciones sociales, aunque fuese a costa de redefinir con los indirectos el mix impositivo, que son mucho más neutrales para la actividad económica. Nadie discute el gasto coyuntural derivado de la pandemia, pero sí el hecho de que se esté convirtiendo el grueso del mismo en estructural, como vemos con más de 50.000 millones de gasto nuevo consolidado desde 2018.
No puede ser que siempre que hay un problema económico el Gobierno mire sólo hacia el lado de los ingresos. El Ejecutivo, y toda la sociedad, debería mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel del mismo que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese “gasto, gasto y gasto” se traduce por “impuestos, impuestos e impuestos”, y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecería a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio. Todo ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda.
No es una elección, sino una imperiosa necesidad que habrá que hacer más temprano que tarde y que cuanto más se retrase, más recorte supondrá, de una manera más dura y, posiblemente, entonces, vendrá ordenado desde fuera. Nuestra estructura económica no soporta este nivel de gasto, y si queremos recuperarnos no se pueden subir los impuestos, especialmente los directos. Si no somos capaces de darnos cuenta de esto y el Gobierno se empeña en su error, el estancamiento de nuestra economía, desde el nivel de empobrecimiento de estos años, puede durar mucho tiempo, aunque se oculte en el a corto plazo y cada día más enquistado.
