Los accidentes de trabajo han pasado de descender a aumentar y, tras un 2022 siniestro, familias y sindicatos exigen actuar: “Cientos de personas no vuelven a sus casas y es como si esto no existiera”
Las cifras de 826 fallecidos en accidentes laborales el año pasado son aún provisionales y siempre aumentan cuando se cierra el informe definitivo del Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, 2022 ya es histórico: alcanzó el mayor incremento anual de víctimas laborales registrado hasta la fecha: un 11% más de fallecidos si se compara con el cierre del año previo.
Los datos son escalofriantes alertan los responsables de Salud Laboral de los sindicatos mayoritarios. Desde la patronal CEOE responden también que están profundamente preocupados por el aumento de la siniestralidad. “Son 121 muertes más si comparamos con datos provisionales de 2021, cifras brutales que una sociedad como la nuestra no se puede permitir”.
En España, un país cada día más moderno y avanzado social y tecnológicamente, cada vez se muere más trabajando. Y eso no ha sido siempre así. Tras muchos años de mejoría en la reducción de la siniestralidad laboral, cuando se sumaron esfuerzos, políticas e inversión para ello, vivimos un periodo de deterioro en los últimos años, desde 2013, como se ilustra a continuación.
35 años de accidentes laborales en España
Evolución de los accidentes laborales en España desde 1988.
Por un lado, la evolución de accidentes laborales y de muertes de trabajadores totales se puede seguir en números absolutos, por ejemplo, los más de 532.000 accidentes en jornada en 2018. Por otro, está el indicador de incidencia, los 3.408 accidentes en jornada de ese año, que mide los accidentes y las muertes por cada 100.000 trabajadores, la medición más utilizada para analizar la evolución de la siniestralidad en el tiempo sin que afecten los vaivenes en el número de trabajadores.
La incidencia refleja un gran descenso de los accidentes de trabajo desde los 2000, que se suele relacionar con el despliegue de la legislación en España de Prevención de Riesgos laborales, de 1995, y también por el impulso por parte de las Administraciones Públicas de políticas activas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Si nos fijamos en la evolución de los fallecimientos de trabajadores en las últimas tres décadas, desde inicios de los 90, los accidentes mortales también descendían de manera continuada. Tanto en periodos de crecimiento económico como de recesión. Hasta, de nuevo, 2013.
Con la crisis, los accidentes laborales aumentaron y de manera bastante generalizada, como se puede observar según las distintas ocupaciones, con datos todavía solo hasta 2021.
Quiénes mueren en el trabajo y por qué
Las víctimas laborales son sobre todo hombres, relacionado con la mayor peligrosidad de muchas profesiones muy masculinizadas como la construcción y algunas industrias, y de mediana edad. Sin embargo, en comparación con el número de trabajadores en cada grupo de edad, hay una mayor incidencia de accidentes entre los jóvenes.
Cabe destacar el aumento de las mujeres de avanzada edad, en contraposición con la tendencia general. Las trabajadoras muchas veces se ven obligadas a alargar sus carreras laborales para intentar alcanzar el mínimo cotizado para una pensión, lo que en ocasiones les aboca a condiciones de precariedad y sobreesfuerzos físicos. Los datos nos permiten también detectar focos de especial desprotección, por ejemplo, además de los jóvenes, los trabajadores extranjeros también están expuestos a más siniestros.
Los autónomos, que mucha veces se sitúan muy por debajo en las cifras de accidentes, afrontan un problema de infradeclaración. Son muchos los autónomos que sufren algún accidente, pero que económicamente no se pueden permitir parar su actividad y por ello, no solicitan la baja. También ocurre que desconocen los derechos que tienen y no asocian que pueden solicitar esta baja, así que a veces se da esta problemática que la falta de información condiciona también que estos datos sean mayores.
El Ministerio de Trabajo también informa sobre cómo fallecen las personas trabajadoras y, de nuevo, se detectan posibles focos de actuación. Por ejemplo, ante la gran presencia de muertes por infartos, ictus o lo que se conoce como “causas naturales”, se deduce la necesidad de introducir con urgencia los riesgos psicosociales como el estrés y la ansiedad en la prevención efectiva de las empresas. Según un macroestudio de la OIT y la OMS, las largas jornadas de trabajo se encuentran detrás de un gran número de estas muertes a nivel mundial, que muchas veces no se ubican como laborales.
ACCIDENTES LABORALES EN 2022
Qué hay detrás de las muertes al alza
Muchos accidentes no ocurren “porque sí”, de manera inevitable y sin solución. Gran parte tienen lugar por un incumplimiento de las normas de prevención, por condiciones precarias en las que se obvia la salud y seguridad del personal. Cuando un obrero se desploma al vacío en la construcción, algo que por desgracia se repite todavía en la actualidad, hay algo que no ha funcionado. Porque con las medidas de seguridad obligatorias hoy en día, esa muerte no debería haberse producido.
El auge de la precariedad laboral y la menor fuerza de la representación de las plantillas debido a la norma son claves para entender el empeoramiento, indican en CCOO y UGT.
También señalan a un cambio casi cultural, que comenzó en la pasada crisis y que aún no se ha solventado: la seguridad y salud pasaron a un segundo o tercer plano. Con la crisis financiera faltó el empleo y cuando se fueron recuperando puestos de trabajo, muy lentamente, aún se competía con una larga lista de personas desempleadas dispuestas a trabajar “de lo que sea” para llevar ingresos a casa. Hoy el paro sigue siendo muy elevado, de casi tres millones de personas.
En la práctica todo esto se traduce en el incumplimiento de las medidas de prevención. Así lo muestran los informes anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con un incremento paulatino de las infracciones de las empresas en los últimos años. La ratio de incumplimientos alcanza a casi la mitad de los accidentes investigados, el 43% en 2021.
Desde lo público, las Administraciones también han debilitado su apuesta por la prevención en los últimos años, frente al impulso previo que hubo para el despliegue de la legislación del 95. “En la época de la reforma laboral también se aprobaron otro montón de normativas de acompañamiento que siguen vigentes”, recuerda Mariano Sanz, y algunas relajaron los criterios de prevención en las pequeñas empresas, donde más se concentran los accidentes. Además, se impulsó “la liberalización de los servicios de prevención ajenos”, cada vez más externalizados y en muchos casos “con una falta de calidad palmaria” en sus evaluaciones.
La inversión pública en ayudas para la prevención también menguó. Un ejemplo: las destinadas a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dependiente del Ministerio de Trabajo, y que el Tribunal de Cuentas puso bajo el foco en 2017 por deficiencias en la asignación de subvenciones. Los agentes sociales insisten no obstante en su “abandono” desde entonces, con una última convocatoria en 2018.
En el Ministerio de Trabajo destacan que precisamente se modificó la ley de riesgos laborales el pasado septiembre para “poner de nuevo en pleno funcionamiento la Fundación Prevención de Riesgos Laborales, que nos encontramos bloqueada al llegar y que cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros”.
El departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz subraya también la recién firmada Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo para los años 2023 a 2027, con consenso entre los agentes sociales y las Comunidades Autónomas, y la próxima apertura de la mesa de negociación que pedían los sindicatos desde hace años para modificar la normativa y hacer diseñar un plan de choque contra el auge de la siniestralidad. Según explicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aún no hay fecha para la apertura, aunque será “pronto”. Probablemente, una vez se cierre el Estatuto del Becario, indicó.
Enfermedades profesionales y otros deberes pendientes
Aun celebrando los pasos, las familias de los trabajadores fallecidos y los responsables de salud laboral sindicales piden más al Gobierno. Exigen que sitúe las muertes en el trabajo en primera línea y despliegue medidas con urgencia. No solo hay una meta de reducción de los accidentes y las muertes en el trabajo, sino que los afectados y sindicatos exigen que emerja la gran cantidad de víctimas no contabilizadas, especialmente por enfermedades profesionales hoy apenas diagnosticadas como tal.
Evitar los accidentes y las muertes, es la prioridad según todas las voces consultadas, pero la justicia también tiene muchos deberes pendientes en la compensación cuando el daño está hecho, dice Félix Pantoja, que acaba de jubilarse como fiscal coordinador de Siniestralidad Laboral. “La media entre el accidente y la sentencia son cinco años, es una barbaridad”, destaca. Pantoja reclama más medios para la Inspección de Trabajo, de la que depende la Fiscalía al iniciar sus pesquisas, así como peritos asignados para los fiscales que puedan asesorarles en las investigaciones, para lo que confía que salga adelante un convenio con el CSIC en el que estaba trabajando antes de su retiro.
METODOLOGÍA
Los datos provienen de las estadísticas de accidentes laborales publicadas por el Ministerio de Trabajo. Estas series desglosan los accidentes según si se han producido en jornada laboral o in itinere (de camino o de vuelta del trabajo) y según gravedad (leve, grave o mortal), entre otras variables, como la provincia y el sector de actividad del centro donde consta afiliado el trabajador.
Para los diferentes gráficos se usan los valores absolutos (número total de accidentes o muertes) y las tasas de incidencia (accidentes por cada 100.000 trabajadores afiliados).
Durante todo el periodo analizado (desde 1988, el inicio de la publicación de esta estadística) ha habido diferentes cambios metodológicos sobre la población de referencia considerada para calcular las tasas de incidencia. En 2006 se excluyeron los trabajadores agrarios en situación de inactividad. En 2012 se añaden los empleados de hogar y se dejan de contabilizar los funcionarios cuya cobertura de la prestación de incapacidad temporal derivada de la contingencia de accidentes de trabajo corresponda a MUFACE, ISFAS o MUGEJU.
El mayor cambio en la población de referencia, sin embargo, se produjo en 2019, cuando se incluyeron de forma general a los autónomos, con contadas excepciones como los trabajadores agrarios o los religiosos, cuya cobertura de la incapacidad temporal por contingencias profesionales sigue siendo voluntaria. En ese momento, los afiliados medios anuales considerados en esta estadística saltaron de 15 a 18 millones. Esto podría haber disminuido de forma artificial las incidencias ya que los autónomos no siempre piden las bajas por accidente.
El Ministerio no facilita los datos de incidencia en el caso de los accidentes in itinere, por lo que se ha calculado esta tasa usando los datos aproximados de afiliados anuales extraídos de las incidencias de los accidentes en jornada.
Este cálculo podría no ser exacto ya que la población de referencia incluía, entre 2008 y 2017, a los trabajadores autónomos que “voluntaria u obligatoriamente tuvieran específicamente cubiertas las contingencias por accidente de trabajo” para los accidentes en jornada, mientras que no los contabilizaba para el cálculo de incidencias in itinere.
También cambió la consideración de los accidentes laborales mortales a partir de 2016. Anteriormente incluían sólo los casos en que “las lesiones producidas constan como mortales en el parte de accidente de trabajo”. Ahora incluye todos los fallecimientos a consecuencia del accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de la gravedad inicial. Por tanto, existe una
en las series de accidentes mortales entre los años 2015 y 2016.
Fuente: El Diario
