El país podría tener el mismo nivel de eficacia empleando el 74% del gasto actual
Según el último informe del Instituto de Estudios Económicos, elaborado por Freemarket el gasto público en España es poco eficaz y poco eficiente. De acuerdo con los indicadores de Eficacia y Eficiencia del Sector Público, la media española es un 14% inferior a la media del grupo -países de tamaño medio, cuyo gasto del PIB debería estar entre el 40% y el 50%, y no superar esta tasa-. Y solo es superior a Italia, Portugal y Grecia.
Además, España suspende -solo por delante de Portugal, Grecia e Italia– en indicadores como la distribución del ingreso, o la participación en el PIB del 40% más pobre de los hogares. Solo en Sanidad, España consigue liderar el segundo puesto por debajo de Japón.
El estudio del IEE parte de una premisa, la de un estado caro, ineficaz e ineficiente, en el que, la España productiva, la que genera bienes y servicios en el sector privado, soporta cada vez más la carga de la España improductiva, es decir, de aquella que no genera riqueza, sino que la consume.
En ese sentido, el informe abunda en cómo el agregado de pensionistas, parados, empleados públicos y receptores de otras transferencia de renta, lejos de revertirse, se ha incrementado y ha crecido. De hecho, en España, el gasto público ya está por encima del 50% del PIB. El informe emerge en pleno debate por el excesivo gasto público del Estado español con informes cuantificados que estiman un posible ahorro de 60.000 millones. Con este prisma, el Instituto de Estudios Económicos subraya cuestiones como la pensión media de jubilación en España, que supone un 72,3% del último salario cobrado por el jubilado, mientras que la media de la OCDE es del 49%, y el de la UE, del 52%.
En Europa -aclara el estudio-, a diferencia de lo que sucede en España, solamente cuatro países tienen indiciadas sus pensiones al IPC, lo que en suma significa, que el sistema español de pensiones es uno de los más generosos de la UE. De hecho, el gasto en pensiones ya está cerca del 15% del PIB, con un déficit estructural de cerca de 20.000 millones; y ello, cuando la tendencia europea es que la revalorización de pensiones no se ajuste al IPC sino al crecimiento. En el mismo apartado, el informe aborda la evolución del gasto en prestaciones para los desempleados Con casi tres millones de parados el ultimo dato revela que el coste neto de los desempleados es de 14.838 millones, por lo tanto, por término medio estas prestaciones costaron a cada persona que estaba trabajando 750 euros/año.
El gasto del Gobierno Sánchez
El Gobierno de España entre marzo de 2019 y marzo de 2022 ha inflado la contratación del sector público en 306.134 personas. Entre febrero de 2020 y abril de 2022 uno de cada tres afiliados pertenece al área pública. Ningún país de nuestro entorno ha llevado a cabo un proceso semejante. Adicionalmente, según las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos funcionarios y resto de plantilla del sector público ascendió a 147.363 millones anuales, con un crecimiento del 10% anual. Esto significa que España ya gasta en salarios públicos y pensiones más de 300.000 millones de euros.
Disparar la contratación pública es extremadamente negativo porque disfraza los datos de empleo, financiando dicho gasto con más deuda y déficit. Al disparar el gasto corriente, que se consolida y anualiza, el Gobierno pone en peligro las cuentas públicas.
Es importante recordar que ese enorme aumento de gasto no se puede cubrir con impuestos y mucho menos de manera sostenible. El gasto en sueldos públicos ha aumentado en casi 20.000 millones desde que llegó Sánchez al Gobierno. No existe ninguna medida de ingresos por mayores impuestos ni en los sueños más alocados de un burócrata que genere 20.000 millones anuales, recurrentes y aumentados con el IPC.
Esa inviabilidad presupuestaria se hace aún más evidente si añadimos las pensiones. Según estimaciones independientes, cada punto de IPC supone un coste adicional de 1.700 millones de euros. Con una inflación desbocada al 8,7% y el IPC subyacente en el 4,9%
Debemos preocuparnos por la excesiva dimensión del sector público y su coste. España tiene menos funcionarios que Alemania, pero el coste de salarios públicos es casi tres puntos superior con respecto al PIB, lo que nos recuerda que la crítica no debe ir a los funcionarios de carrera sino al enorme agujero de contratación por gasto político innecesario.
Muchos argumentan que la contratación pública es buena porque supone empleos seguros. El problema es que se olvidan de que esos salarios se pagan con los ingresos del sector privado. Disparar la contratación pública financiada con deuda es una política profundamente antisocial. Hace las cuentas públicas insostenibles, el déficit estructural mayor y termina inevitablemente con enormes recortes a las pensiones y los salarios públicos. Los problemas serán evidentes cuando la situación financiera del Estado salga a la luz con toda su crudeza, con una deuda sobre PIB que se estima en 117%, un déficit anual que supera al de cualquiera de nuestros socios y sin el paraguas del Banco Central Europeo disfrazando el riesgo.
Esta política es la que hundió a Grecia. Entre 1976 y 2012, el empleo público se multiplicó por tres mientras el privado solo crecía un 25%. El agujero que creó en la economía llevó a una crisis sin precedentes y, como alertaban muchos economistas en su momento, a enormes recortes de pensiones y salarios públicos posteriores.
Un trabajador público que ve que su Administración, que ha aumentado el déficit estructural a 50.000 millones de euros anuales, se dedica a contratar mucha más gente con más deuda debería empezar a preocuparse por la sostenibilidad de su puesto de trabajo. Pero claro, al que echarán la culpa de los recortes es al que tenga que gestionar la quiebra, no al que quebró el sistema.
Según los últimos datos, el coste del sueldo de los empleados públicos es un 54% superior al sector privado, sin olvidar que hoy más de 15.100.000 españoles reciben ingreso del Estado, CCAA y ayuntamientos, frente a los menos de 13.000.000 del sector privado.
Hasta el exministro socialista Jordi Sevilla pide a Sánchez que frene el despilfarro y pide una revisión de la eficiencia de los desembolsos públicos y se cuestiona «si el gasto público ¿está para alimentar la maquinaria o cumplir unos objetivos para los cuales ha sido diseñado?».Con estas declaraciones, se posiciona a favor de «una revisión del gasto público, en un contexto en el que el gasto de las Administraciones ha llegado a superar el 50% del PIB. Sevilla marca así cierta distancia la línea de irresponsabilidad fiscal que ha venido siguiendo el Gobierno de Sánchez e insiste en que «el nivel de gasto en España está por debajo de la media de la UE», sin tomar en consideración que nuestro país presenta dos veces más paro y también registra una economía sumergida más abultada, lo que explica dicho diferencial.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, también se ha expresado en esta línea, señalando que «la Comisión Europea ha reclamado a los países miembros que limiten el crecimiento del gasto corriente por debajo del crecimiento potencial de la economía, especialmente en aquellos países con una elevada deuda, como es el caso de España. Además, el Banco de España ha incorporado en su Informe Anual la recomendación de revisar el gasto para ganar en eficiencia. Es un debate que no se puede aplazar más». «Ante esta tesitura y el desfase de nuestras cuentas públicas, sería recomendable actuar sobre tres frentes: por un lado, adecuando los Presupuestos Generales del Estado a la realidad actual; por otro, estableciendo sistemas eficientes de evaluación y control del gasto para evitar desvíos hacia partidas superfluas; y, por último, acometer de manera realista el tema de la revalorización de las pensiones, que, de no atajarse de forma adecuada, podría disparar el gasto de una manera insostenible», señaló Valentín Pich.
ENLACE AL INFORME SOBRE EL GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA (IEE)
