LA SS PREPARA UNA REFORMA PARA FACILITAR EL ACCESO AL MERCADO LABORAL DE MILES DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

 

Se trata de una de las primeras promesas lanzadas por José Luis Escrivá tras su toma de posesión. El borrador del real decreto busca flexibilizar la regularización de inmigrantes que estén formados en sectores económicos con baja ocupación, permitir trabajar a los estudiantes extranjeros y ampliar la contratación en origen.

 

El texto en el que están trabajando pretende crear nuevos mecanismos para lograr el objetivo de flexibilizar el acceso de los trabajadores extranjeros al mercado laboral español.

 

El borrador del real decreto busca principalmente ampliar la contratación en origen con el objetivo de beneficiar a otros trabajadores más allá de los temporeros; permite que los estudiantes extranjeros trabajen; y crea una nueva vía para que las personas en situación irregular logren obtener los papeles si estas se forman en sectores laborales para los que se necesita personal. El texto pretende facilitar el emprendimiento individual de ciudadanos extranjeros  y el trabajo autónomo de los extranjeros. No obstante, el procedimiento normativo “está en una fase muy inicial” y, por lo tanto, sujeto a cambios.

El ministro de Inclusión ha descrito en varias ocasiones el sistema de autorizaciones de residencia existente en España como “complejo y disperso”, por lo que durante su mandato se comprometió simplificar la “excesiva heterogeneidad” de los permisos, así como los ámbitos de vigencia de estos. Ya desde el inicio de su mandato el ministro insistió en la necesidad de la inmigración para sostener el mercado laboral y el Estado de Bienestar.

 

Por su parte la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado partidaria de cubrir con extranjeros contratados en origen los puestos de trabajo vacantes en España. Montero ha señalado que el Gobierno trata de hacer «un equilibrio» para que la mano de obra que necesita el país pueda venir del exterior «bajo las condiciones de un contrato de trabajo que esté ordenado» y que no afecte a las condiciones laborales. Se pretende atender las necesidades del mercado laboral, que en este momento, «hay dificultades para poder abastecerla», ha reconocido Montero y ha señalado que esa llegada de mano de obra extranjera debe ser «absolutamente compatible con la dignificación de las condiciones laborales

 

Se estima que 500.000 personas extranjeras residen en España en situación irregular, aunque no existen cifras oficiales. No se trata de una regularización generalizada de la población inmigrante que reside en situación irregular en España, sino que pretende rebajar los requisitos impuestos para las autorizaciones de residencia y trabajo, tanto de estudiantes como de ciudadanos que ya vivan en España de forma irregular o de quienes residan en el extranjero y puedan ser contratados en origen.

 

Se busca introducir trabajadores extranjeros en los sectores con baja ocupación para responder a los “cuellos de botella” del mercado laboral es el principal objetivo de la reforma de la normativa de Extranjería Según el INE, el número de puestos vacantes sin ocupar en 2021 alcanzó los 109.085, la inmensa mayoría en el sector servicios (88%). Las actividades con más puestos sin cubrir son del sector público, entre las que destacan 31.521 vacantes en “Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria” y 12.903 puestos en “Actividades sanitarias y de servicios sociales”. La segunda actividad con más vacantes es el “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, con 13.480 vacantes. Según los expertos, la explicación de la baja ocupación de estos sectores se encuentra en los bajos salarios y la escasa formación.

 

 

¿Cuáles son los principales cambios planteados? 

  • Conceder permisos de trabajo a estudiantes y extranjeros reagrupados en España, que antes tenían permiso para residir pero no para trabajar.
  • Abrir una nueva vía para que las personas sin papeles puedan regularizar su situación: a través de cursos formativos en sectores laborales donde se necesite mano de obra.
  • Facilitar el trabajo por cuenta propia a las personas extranjeras, quienes ahora se encuentran muchos obstáculos
  • Reforzar la contratación desde sus países de origen de trabajadores extranjeros a través de distintas vías.

 

La principal novedad tiene que ver con una nueva figura: el “arraigo para la formación”. Las personas que acrediten vivir en España durante mínimo dos años y carezcan de antecedentes penales podrán acceder a un permiso de residencia de un año de duración –prorrogable a otro año– si se comprometen a “realizar una formación para el empleo reglada o a obtener una acreditación oficial de las cualificaciones profesionales” de sectores que necesiten mano de obra. Una vez finalizada la formación, los interesados podrán presentar una solicitud de residencia y trabajo, siempre que prueben haber superado sus cursos y presenten un contrato de trabajo que garantice al menos el salario mínimo interprofesional, según el borrador preliminar. El permiso recibido por esta vía será de dos años.

 

Otra novedad se refiere a un nuevo modelo de los programas de “migración circular”, pensados para contratar a grupos de personas de forma temporal con el compromiso de que regresen a su país una vez terminada su actividad laboral. Se trata de un mecanismo utilizado actualmente para la contratación de personal extranjero, la mayoría marroquí, en el sector agrícola durante las campañas de recolección, que la reforma pretende ampliar a otros sectores. El borrador plantea que estas autorizaciones de trabajo tengan una duración de cuatro años, por periodos máximos anuales de nueve meses. Y, si el empleado cumple con el regreso a su país durante este tiempo, podrá solicitar tras el primer periodo de cuatro años una autorización de residencia y trabajo de dos años en España, con la que podrá trabajar por cuenta ajena y propia.

 

UGT y CCOO se han mostrado en contra de que el Ministerio haya elaborado este borrador sin tenerles en cuenta. Ambos sindicatos han lanzado un comunicado conjunto para recordar que la política migratoria en lo laboral es “una materia de diálogo social” desde 2004. Además consideran “clasista” el planteamiento porque “transmite a la sociedad española la idea de que hay unos migrantes más aceptables que otros”. Las agrupaciones sostienen que Escrivá. “Lamentamos igualmente que, por una parte, se llegue a la conclusión de que hay puestos de trabajo que no se cubren porque deben mejorar sus precarias condiciones y, por otra, se asuma que estas condiciones si son aceptables para los trabajadores migrantes”, critican.

 

Y, con la finalidad de luchar contra la economía sumergida, se abre la posibilidad de que, si se denuncia ante las autoridades laborales un empleo irregular por parte del trabajador o de cualquier otra persona, el extranjero afectado podría obtener la regularización sin demostrar una estancia mínima en el país.

 

Respecto a los estudiantes internacionales, se les permitiría simultanear trabajo y estudios y se facilitaría que puedan permanecer en España cuando terminen su formación.

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