La reforma de 2021-2023, lejos de corregir el rumbo, ha reforzado este desequilibrio, priorizando la rentabilidad electoral frente a la sostenibilidad
El sistema de pensiones es un pilar irrenunciable del Estado del bienestar. Tiene la misión de sostener los ingresos cuando finaliza la vida laboral, garantizando dignidad y seguridad. Pero mantener un sistema generoso requiere un equilibrio exigente entre tres grandes objetivos: suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera a medio y largo plazo y equidad intergeneracional y compatibilidad con el crecimiento económico.
España, sin embargo, ha optado por un modelo casi exclusivo de reparto con tasas de sustitución elevadísimas: lo que ha permitido a los actuales pensionistas mantener un poder adquisito alto pero a costa de un gasto estructural que hoy ya supera el promedio europeo y que crecerá con fuerza según se jubile el baby boom.
En la práctica, eso significa cargar un peso desproporcionado sobre las próximas generaciones, reduciendo su capacidad de consumo, ahorro y bienestar. En resumen: el sistema, tal como está, no es sostenible ni justo.
La realidad es que estamos financiando parte del gasto con riqueza que todavía no existe. Por cada euro aportado vía cotizaciones, el pensionista recibe un 60% extra que debe cubrirse con impuestos presentes o deuda futura.y se están desviando recursos que deberían impulsar el futuro económico del país pues ese dinero podría destinarse a, por ejemplo, políticas de vivienda para jóvenes, apoyo a familias con hijos, educación , sanidad e innovación y productividad. Este desvío provoca un coste de oportunidad gigantesco. España crece menos porque el Estado financia pasado… en lugar de invertir en futuro.
Todas las reformas desde 1985 habían buscado ajustar el sistema al envejecimiento: ampliar años de cálculo, retrasar jubilación, introducir el factor de longevidad… Era un consenso nacional para repartir esfuerzos entre generaciones. Pero la última reforma rompe esa filosofía. Se ha blindado un sistema generoso, indexado totalmente al IPC, pase lo que pase con la economía y los salarios. Se garantiza así un gasto creciente que no viene acompañado de ingresos equivalentes provenientes fundamentalmente de las cotizaciones (salarios). La respuesta a este cambio está en la demografía electoral: hoy hay más votantes mayoresy los partidos han priorizado la rentabilidad política inmediata frente al interés general y el largo plazo. Se ha sustituido responsabilidad reformista por cálculo electoral.
Hay que retomar la senda de correcciones graduales y responsables:¡ y debemos avanzar hacia un sistema tripilar como recomiendan organismos internacionales: reparto público, planes de empleo de negociación colectiva y ahorro individual complementario. El problema es que ya no tenemos margen para hacerlo lentamente. El reloj social corre en nuestra contra.
Que hay que mirar más allá del interés inmediato. Los jóvenes necesitan más apoyo, más empleo estable, más vivienda y más futuro. Y los pensionistas merecen tranquilidad, pero entendiendo que no pueden absorber todo el excedente fiscal del país. Tenemos que reconstruir un pacto que conlleve solidaridad entre generaciones, reparto equilibrado de cargas y beneficios y visión de país, no de ciclo electoral. Solo si todos cedemos un poco, todos podremos vivir mejor.
